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OPINIÓN

La Constitucionalidad de las 40 horas semanales ( Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central )

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Cuando recurrentemente escuchamos hablar de Estado de Derecho pareciéramos olvidar cual es uno de los elementos que lo constituyen, especialmente en un régimen democrático, me refiero a la separación de poderes o a la delimitación de las funciones estatales, cuestión especialmente relevante para todos aquellos que ejercen una potestad pública. Por eso, en la discusión sobre la constitucionalidad del proyecto que disminuye a 40 horas semanales la jornada laboral, sorprende que algunos diputados y senadores sostengan que la moción parlamentaria que impulsa el proyecto debe ser de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, es decir deba ser presentado por mensaje presidencial, y por consiguiente estimen inconstitucional dicha propuesta, anunciando que recurrirán al Tribunal Constitucional.  En efecto, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para regular determinadas materias de ley no puede ser interpretada de manera extensiva, si así fuera, precisamente se estaría afectando la separación de poderes o funciones públicas, por cuanto la función legislativa recae primordialmente en el Congreso Nacional y el constituyente cuando establece lo contrario, lo señala expresamente, esto es en términos explícitos e inequívocos.  Así ocurre con la fijación de las remuneraciones de los trabajadores según lo dispone la constitución en el numeral 4° del artículo 65, reservando el impulso legislativo a la primera magistratura, pero nada señala la carta política en relación a la iniciativa de ley presidencial en materia de horas de la jornada laboral.

Desde luego la reducción de las horas de trabajo tendrá efectos económicos, sociales y culturales, pero de ahí a argumentar que su iniciativa parlamentaria es inconstitucional, definitivamente implica desconocer el Estado de derecho y la constitución, cuestión más grave aún si dicho argumento emana de algunos legisladores.

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OPINIÓN

.La temida recesión ( Catalina Maluk, Directora Escuela de Economía y Negocios, U. Central )

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El movimiento social que partió el 18 de octubre, está evidenciando sus primeros efectos en la economía.

Claramente, las necesarias demandas sociales que buscan disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y la clase media, se han visto perjudicadas por la excesiva violencia desencadenada. Esto ha generado un nivel de incertidumbre que impacta la economía de nuestro país y empieza a afectar el presupuesto de los hogares.

Las consecuencias finales, hoy son difíciles de predecir. Las  recientes cifras de desempleo, la caída en las ventas del comercio y el aumento que enfrentarán muchos productos dado el alza del dólar, auguran una situación muy compleja. Cómo enfrentarla, es el gran desafío para todos.

Quienes tengan un ingreso seguro, pueden aportar a la reactivación económica y a disminuir las expectativas de recesión a través del consumo, que impulsa la actividad del país. Dicho en simple, si se mueve el dinero, este llega a las personas via ingresos y permite que tengan acceso a bienes.

Si por el contrario, existe temor al futuro y se verifica una disminución considerable en el consumo con foco en el ahorro, disminuye la actividad, aumenta la contracción y se profundiza un escenario recesivo.

Además, es de suma importancia aumentar el gasto del Estado para contrarrestar el menor gasto privado; y que la banca haga efectiva la baja de tasas de interés que promovió el Banco Central para incentivar la inversión.

En síntesis, debemos propiciar todo lo necesario para salir de una crisis económica que se avecina, en el menor plazo posible y con el menor costo para las personas.

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Con o sin COP25, el compromiso está ( Gustavo Cruz de Moraes, Gerente General de Natura Chile. )

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Desde octubre, millones de chilenos se unieron exigiendo mayor equidad y justicia social. Pero fue antes que estallara la crisis, que las manos de manifestantes en Santiago, Concepción, Antofagasta y Valparaíso se unieron para marchar por el medio ambiente.

 

Era la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático una oportunidad no solo para Chile, sino que para toda Latinoamérica para visibilizar las demandas: conservación y cuidado de los bosques y el agua: reforestar con al menos 600 mil hectáreas de flora nativa y declarar santuario de la naturaleza 200 mil hectáreas del bosque nativo actual con plazo el 2025. Derogación del código de aguas para avanzar hacia una gestión comunitaria del recurso. Potenciar y fomentar la agroecología; la prohibición de las termoeléctricas a carbón desde el año 2030 y de todas las termoeléctricas basadas en combustibles fósiles desde el año 2040; Democracia ambiental y justicia climática que va de la mano con robustecer la educación ambiental, y terminar con las zonas de sacrificio.

 

Demandas que hoy toman más fuerza, sobre todo, cuando la última encuesta Cadem relacionada con el medio ambiente, dio cuenta que un 69% de los chilenos cree que se puede parar y dar marcha atrás al cambio climático y no solo eso, el 77% considera que las inundaciones, incendios y sequías que se han visibilizado en el país en los últimos años en Chile están relacionados con el cambio climático y el 18% sostiene que siempre han ocurrido.

 

Y pese a que la COP 25 se fue a Madrid, los compromisos de Chile se mantienen incólumes: cuidar mejor nuestros océanos que son parte vital en el ciclo de la vida y transformar a Chile en un país carbono neutro, es decir, emisión neta cero de carbono antes del año 2050 a través de un plan que hemos venido trabajando desde hace un tiempo y del cual Natura se ha hecho parte contabilizando las emisiones de carbono en todo lo que hacemos. Desde el impacto de la extracción de los ingredientes, hasta el descarte del producto, considerando, inclusive, viajes y actividades de las fábricas. Nuestro enfoque es reducir las emisiones directas e indirectas en toda la cadena.

 

No estamos solos y es clave el espíritu de colaboración, aportar de manera conjunta a un bienestar colectivo, ayudando a mejorar la vida de las personas a través de los productos que ofrecemos y los servicios que prestamos para un mundo más bonito.

 

 

 

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Lazo Blanco en Chile: Tratando a los hombres violentos ( Alexis Valenzuela, Observatorio de Salud en Masculinidades, U.Central )

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Estos últimos años se han levantado cientos de campañas en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de las libertades e integralidad en la salud física y mental  desde las mismas.

Pero la voz de los hombres ha sido muy débil y a ratos casi un obstáculo en pos de la equidad de género. Pero hace años, unos pocos varones, primero en Canadá,  han decidido hacerse cargo de la violencia machista, lanzando la campaña del ‘Lazo Blanco’. Una de las estrategias ha sido poner  su símbolo en universidades y lugares de trabajo, visibilizando que hay hombres que promueven espacios seguros para mujeres. Pero algunos han querido ir más allá, levantando programas reeducativos para hombres que desean renunciar a la violencia de pareja, algunos en el ámbito judicial y otros de carácter voluntario.

Desde la promulgación en Chile de la ley 20.066, aparece la posibilidad de derivar a tratamiento a varones imputados por violencia intrafamiliar, pero las ofertas son insuficientes; a nivel estatal hay un programa por región , con 150 vacantes aproximadamente, dependiente del SERNAMEG y  una lista de espera de más de 3 meses, lo que demuestra un gran interés. Por otro lado los programas de fundaciones o municipios dependen de un financiamiento basado en concursos o donaciones para las asignaciones de fondos y muchos de ellos ya han cerrado.

Tanto en Chile como en la Comunidad Económica Europea los programas para hombres tienen una efectividad de un 50 a 55%, lo que significa que 1 de cada 2 hombres que asisten abandona la violencia.

Por cada varón que elimina la violencia hay mínimo 2 mujeres sobrevivientes, la actual y la futura pareja, en caso de separación, ya que rara vez los  varones viven solos. Con esto los hombres y el Estado podrían aportar a una vida más segura para las mujeres.

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