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ATACAMA

Prisión preventiva para conductor protagonista de fatal accidente

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Fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, argumentó en audiencia que el imputado mantenía una suspensión condicional, con licencia suspendida, por otro manejo en estado de ebriedad que culminaba este 21 de septiembre. Además se encontró droga en el vehículo que conducía.

 

Privado de libertad en la cárcel de Copiapó quedó el conductor que la noche de este miércoles protagonizó un grave accidente de tránsito que dejó como consecuencia el fallecimiento del conductor de un taxi colectivo y tres pasajeros de este vehículo lesionados.

La audiencia de formalización de cargos fue asumida la mañana de este jueves por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, quien solicitó la medida cautelar de prisión preventiva luego de argumentar los hechos conocidos la noche de este miércoles en el lugar de los hechos. Lugar en que la Fiscalía reunió antecedentes que dieron cuenta que el imputado conducía su camioneta en estado de ebriedad, impactando violentamente a un vehículo de transporte de pasajeros de la Línea 22 que a esa hora trasladaba a tres personas.

“Versiones de testigos indicaron que el conductor guiaba su vehículo a exceso de velocidad y no habría respetado la luz roja del semáforo ubicado en esta esquina, información que deberá ser confirmada con el informe que realizará la Siat de Carabineros durante los tres meses de plazo que determinó el Tribunal para el cierre de esta causa”, dijo el fiscal.

Junto con ello, el fiscal informó que dentro de la camioneta se encontró una sustancia que sería droga, por lo que además se ordenaron exámenes toxicológicos del imputado para determinar si además del alcohol guiaba su vehículo bajo efectos de esta sustancia.

Respecto de los lesionados, el fiscal González indicó que en un principio se había diagnosticado a uno de ellos en riesgo vital. Cuestión que varió con las horas encontrándose los tres con heridas de mediana gravedad.

 

LICENCIA SUSPENDIDA

En su argumentación el fiscal Christian González señaló que imputado conducía sin licencia, pues este documento lo mantenía suspendido debido a que fue sancionado con la suspensión por un plazo de dos años, tras ser fiscalizado conduciendo en estado de ebriedad en el año 2017. Plazo que se cumplía este sábado 21 de septiembre.

“El imputado condujo antes del término de la vigencia de la suspensión establecida por el Juez en su oportunidad y eso involucra una revocación que derivará en una nueva causa penal, cuyos antecedentes se argumentarán durante la jornada de mañana en una audiencia citada por el Tribunal. Luego de lo cual las causas serán acumuladas e investigadas de manera conjunta por la Fiscalía de Atacama”, indicó.

 

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Diputado Santana anunció la creación de una comisión investigadora por irregularidades en Enami

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El parlamentario por Atacama impulsará esta instancia por un eventual fraude al fisco que llegaría a los U$ 12 millones y donde se verían involucrados funcionarios públicos que habrían favorecido a la empresa “Inversiones S&Z” que mantenía contratos con la Empresa Nacional de Minería para el retiro de residuos de la “Fundición Paipote”.

El diputado por Atacama, Juan Santana, informó que se conformará una comisión investigadora ante eventuales irregularidades en actuaciones de organismos, funcionarios públicos y de la Enami en la región.

Trabajadores habrían favorecido a la empresa Inversiones S&Z entre los años 2015 y 2018, que mantenía contratos con la Enami, para el retiro de los residuos producidos por la Fundición Paipote, ubicada en Atacama.

Al respecto, el parlamentario señaló que “Enami es una empresa del Estado, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores de la pequeña minería, y por tanto la obligación de la empresa y de sus funcionarios es hacer buen uso de sus recursos. De ser cierta esta acusación, hay un perjuicio multimillonario contra el Estado chileno. Eso es de gravedad absoluta y lo vamos a investigar”.

Además, ahondó explicando que “las irregularidades en materia de licitaciones en el sector público se han convertido en una práctica más habitual de lo que uno pensaría. Y acá no sólo se trataría de beneficiar a una empresa en particular, vulnerando procedimientos y aspectos legales, sino que además se hace no resguardando los intereses fiscales de la nación. Eso resulta inaceptable”.

 

 

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