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Venezuela impide ingreso al país de presidente electo de Guatemala

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CARACAS, 12 oct (Reuters) – Las autoridades venezolanas impidieron el sábado que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, entrara al país para sostener un encuentro con el líder opositor Juan Guaidó.

Guaidó y su oficina denunciaron el sábado la situación, que se suscitó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y colgaron un video del mandatario centroamericano electo donde denunció la prohibición de entrar al país miembro de la OPEP.

“El régimen impide la entrada del Presidente Electo de Guatemala @DrGiammattei y piensa que con eso va a detener el apoyo de los líderes de nuestra región”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional colgó junto al mensaje un video de Giammattei denunciado el incidente.

“Estimados amigos de Guatemala y Venezuela, soy Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, no nos dejaron entrar a Venezuela, nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión”, dijo Giammattei en un video que subió Guaidó en su cuenta en la red social Twitter.

El ministerio de Comunicación e Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Guaidó invocó artículos de la Constitución para declararse presidente interino en enero, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 fue ilegítima.

Estados Unidos respaldó a Guaidó como otras decenas de países.

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Argentina arremete contra pesca ilegal: detiene a 3 barcos y los multa con US$2,91 millones

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El gobierno argentino informó el viernes que trabaja para “afirmar la soberanía y evitar la depredación de los recursos naturales” en las aguas nacionales y “realiza diariamente exhaustivas tareas para prevenir, desalentar y evitar la pesca ilegal que pudiera ocurrir en Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)”, según un comunicado difundido por la Cancillería.

Se trata de un esfuerzo conjunto de los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que le permitió identificar 314 buques pesqueros y cobrar multas por casi US$3 millones desde fines de 2020.

La ZEEA es el área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y no que puede extenderse más allá de 200 millas marinas desde donde se mide el ancho del mar territorial, donde el país tiene derechos de soberanía y de explotación de los recursos naturales.

Detención de buques

Según se informó, desde fines de 2020, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ha identificado y realiza un seguimiento pormenorizado y diario de 314 buques pesqueros: 240 provenientes del Océano Pacífico, 65 del Océano Atlántico y 9 del Atlántico Norte.

Actualmente es la temporada de pesca de la especie de calamar Illex argentinus, y el gobierno trasandino registra una importante cantidad de buques pesqueros que se acercan a los límites nacionales en busca de los recursos ictícolas y marítimos del país.

“Sin embargo, muchos de esos buques carecen de las autorizaciones requeridas, por lo que incurren en actos ilegales que impactan sobre la fauna, el ambiente y la soberanía”, afirmó Cancillería.

La tarea de control y vigilancia de la PNA es posible debido al llamado “Sistema Guardacostas”, que es un sistema de información geográfica (GIS, por su sigla en inglés) que permite obtener toda la información disponible sobre los movimientos, datos técnicos y administrativos de los buques que se encuentren navegando por todo el mundo.

Además, la PNA realiza constantes patrullajes en el límite de la ZEEA (milla 200) con los Guardacostas tipo 24, los cuales son asistidos por patrullajes aéreos y por el Servicio de Tráfico Marítimo.

“De esta manera, se asegura el seguimiento y control durante las 24 horas de los centenares de buques que, diariamente, operan en aguas argentinas y que deben respetar las zonas de vedas establecidas por la Autoridad Nacional Pesquera, con el objetivo de evitar la sobree

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Gobierno de Holanda renuncia tras acusar erróneamente de fraude a familias por ayudas sociales

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El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció este viernes la dimisión de su gobierno sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.

“El estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte en una rueda de prensa, añadiendo que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria.

“Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, solo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, agregó.

Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con algunas prestaciones sociales, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros.

Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolver dineros de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.

Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido ignorar estas disfunciones, de las que eran conscientes.

La dimisión del gobierno tiene lugar dos meses antes de los comicios legislativos, previstos para el 17 de marzo, y en plena pandemia, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la crisis.

El sistema político holandés permite la existencia de un “gobierno que ha dimitido”, por lo cual esta administración podrá ocuparse de los asuntos normales del país a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de nuevas elecciones.

“Distinción étnica”

La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la dimisión del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017 en la anterior coalición gubernamental de Rutte.

El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.

Varios padres implicados difundieron el lunes un video en que instaban al gobierno a dimitir.

Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.

En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximos cuatro meses al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.

Rutte dirigió tres gobiernos de coalición desde 2010. En 2017, su partido llegó por delante de la formación del diputado de extrema derecha Geert Wilders.

Según los últimos sondeos, la formación liberal-conservadora (VVD) de Rutte podría encabezar de nuevo las elecciones legislativas, aupado por su gestión de la pandemia

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Polémica Asociación Nacional del Rifle de EEUU se declara en bancarrota

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La Asociación Nacional del Rifle (NRA) de Estados Unidos se acogió este viernes a la protección por bancarrota y anunció que se mudará a Texas como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera.

La organización conservadora y lobbista de armas más importante de ese país culpó a la “política y ambiente regulatorio corrupto de Nueva York”, donde se enfrenta a una demanda por parte de la fiscal general del estado, Letitia James.

Nueva York ha acusado a los líderes de la organización sin ánimo de lucro de desviar millones de dólares para su uso personal y declarar pérdidas por US$64 millones.

El Distrito de Columbia también ha demandado a la organización por uso inadecuado de los fondos obtenidos por las donaciones a su fundación.

“Este movimiento permitirá el crecimiento a largo plazo y sostenible que asegure que la NRA sigue siendo el principal defensor de las libertades constitucionales”, indicó la organización en un comunicado en referencia al derecho a poseer y portar armas.

“El plan puede ser resumido simplemente: tiramos Nueva York a la basura y vamos a reincorporar la NRA en Texas”, afirmó el líder de la organización, Wayne LaPierre, en una carta interna en la que denuncia una supuesta persecución política.

La NRA declaró deudas de US$500 millones en su proceso para acogerse a la suspensión de pagos del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.

La poderosa red de donaciones de socios amantes de las armas de la NRA, uno de los principales grupos de cabildeo prorepublicano, se ha visto resentido por la pandemia de covid-19.

Pese a que la sede de la NRA está en Virginia, está registrada como una organización sin ánimo de lucro en Nueva York desde 1871.

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