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OPINIÓN

Perseverar en la acción climática ( Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático )

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La suspensión de la COP 25 en Santiago ha sido, sin duda, un duro golpe para el país. Ante un complejo cambio de escenario social y político, al gobierno del presidente Piñera no le quedó otro camino que tomar esta lamentable pero correcta decisión. Hoy toda la atención y esfuerzos deben  estar centrados en construir puentes de diálogo, que permitan instalar una nueva agenda que responda a las demandas más urgentes de los chilenos, sin olvidar nunca que para alcanzar el desarrollo y la paz social es indispensable el crecimiento sostenido de la economía.

 

Renunciar  a ser el anfitrión de la cumbre climática más relevante del mundo, donde se marcará el rumbo para hacer frente al calentamiento global, significa para Chile perder una oportunidad excepcional para consolidar el liderazgo en los temas medioambientales que viene desarrollando  a nivel regional y global.

 

Nuestro país ha dado grandes pasos y, por tanto,  debe seguir perseverando en impulsar iniciativas en esa dirección. El crecimiento de las energías renovables en los últimos cuatro años, que ya representan cerca del 20% de la energía que se genera, junto a la meta de la total descarbonización de la matriz energética antes del año 2040, o el impulso de la electromovilidad, que ha convertido a Santiago en la segunda ciudad a nivel mundial con la mayor cantidad de buses eléctricos en el transporte público, son solo algunos ejemplos de que estamos avanzando en la senda correcta.

 

Si bien nuestro país solo representa el 0,25 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero al 2016, se sitúa dentro de los diez más afectados por riesgos climáticos. Estudios científicos advierten además que los fenómenos meteorológicos extremos generados por el cambio climático también complican los esfuerzos por poner fin a la pobreza. Ya vemos cómo la zona central de Chile está viviendo una crisis del agua por la falta de precipitaciones y el limitado acceso a este recurso, afectando a las actividades agropecuarias y el modo de sustento de muchos chilenos.

 

La acción climática es uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que suscribió Chile en 2015,  por lo que proteger el planeta y sus recursos es un Objetivo de Desarrollo Sostenible tan relevante como poner fin a la pobreza, combatir las desigualdades o fortalecer la construcción de sociedades justas e inclusivas.

 

No realizar la COP 25 en nuestro país, no significa entonces que dejemos de preocuparnos por la acción climática. Para seguir avanzando hacia el Chile que todos queremos, es urgente también delinear acciones de mitigación y adaptación concretas y mucho más ambiciosas, con un fuerte involucramiento de las autoridades nacionales, los municipios,  las empresas y  la ciudadanía, para hacer una transición hacia el desarrollo sostenible, donde no sólo se aborden los desafíos pendientes en materias socioeconómicas sino también medioambientales.

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Crisis sociales y derechos humanos: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ( por Franco Luna, Ucen Región de Coquimbo )

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La actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19, significó un impacto en la economía familiar, lo que afecta considerablemente la capacidad de satisfacer sus necesidades alimenticias. Resulta entonces legítimo, reflexionar en torno a las obligaciones del Estado de Chile en relación al Derecho a la Alimentación.

En primer lugar, los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados a la dignidad humana, es decir, son indispensables para la subsistencia del individuo, su plan de vida, y desenvolvimiento libre dentro de la sociedad. Son esenciales para el sujeto y gozaría de ellos únicamente por su naturaleza humana, sin necesidad de satisfacer otros requisitos o condiciones. El Derecho a la Alimentación, se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y consiste en la posibilidad de tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante compra en dinero, a una alimentación cualitativa y cuantitativa, en armonía a la cultura de la población del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria y digna.

¿Cuáles son entonces, las obligaciones del Estado en relación a este Derecho? Primero, respetar, es decir, no interponer barreras para que las personas obtengan alimentos y abstenerse de entorpecer su producción por parte de los individuos o comunidades. Proteger, adoptar medidas para evitar cualquier privación del acceso a una alimentación adecuada. Desarrollar, llevar a cabo todas las actividades necesarias para fortalecer el acceso a la alimentación, especialmente cuando un grupo o persona, por razones fuera de su control, sea incapaz de disfrutar de este derecho, por ejemplo, en casos de catástrofes o crisis como la actual. En conclusión, el Estado está obligado de auxiliar a las personas que no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias, facilitando el acceso o entregando alimentos suficientes para las exigencias fisiológicas humanas.

 

 

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«Patrimonio y sentido de pertenencia» Por Paz Walker Fernández (Arquitecta y Académica Ucen Coquimbo)

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El Patrimonio constituye un legado cultural que es fuente de identidad de los pueblos.

Ponerlo en valor y preservarlo es de suma importancia, ya que el proceso de globalización en el mundo, y el desarrollo de una economía de escala universal, ha generado la necesidad cada vez mayor de resguardar los espacios de pertenencia.

El  Patrimonio Arquitectónico y Urbano es especialmente importante porque constituye  el entorno que guarda la memoria de la vida cotidiana y le da el sentido de pertenencia.  Es lo que la reconoce en una historia y una geografía que lo sustenta.

Las características de cada ciudad se componen y estructuran de manera especial y única, constituyendo los lugares, caracterizados e identificables, que el habitante asume de modo familiar y  por lo tanto, constituyen piezas claves del hábitat urbano.

Como consecuencia de los procesos globalizadores y del desarrollo de una economía de escala universal se ha generado la necesidad cada vez mayor de resguardar los espacios de pertenencia.

La ciudad  de  San  Bartolomé  de  la  Serena,  fundada  en 1544  por  orden  del  capitán  Pedro  de  Valdivia,  y re-fundada  el  26  de  agosto  de  1549  por  don  Francisco  de Aguirre, corresponde  a  la  segunda  ciudad  más antigua  del  que fuera el reino  de  Chile,  situación  que  le  significa  ser  poseedora de  un patrimonio  histórico  y  arquitectónico especialmente  valioso.

Sin embargo, aunque esta situación es reconocida, actualmente muchas de sus edificaciones, incluso las denominadas Monumento Nacional, se encuentran en estado de deterioro y muchas han sido demolidas.

Se hace imprescindible entonces, tomar atención y hacer lo que sea necesario para no perder este bien cultural y material.

El reconocimiento y puesta en valor de este patrimonio es condición fundamental para su recuperación y preservación.

 

Paz Walker Fernández, Arquitecta y Académica, (Ucen Región de Coquimbo)

 

 

 

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“Pandemia, Merkel y los ancianos” Por Ximena Torres Cautivo (periodista)

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“Corroboramos a los fallecidos”, dijo a la prensa el carabinero a cargo. Fue el olor de la descomposición de los cuerpos y la ausencia del vecino, Luis, un adulto mayor de 76 años, que cuidaba a Berta, su hermana de 68, postrada a causa de un accidente, lo que alertó al barrio. Ambos fueron encontrados muertos en su casa, en El Llano de Coquimbo. Se investiga si los decesos fueron producto del coronavirus, causa que se confirmará dentro de un par de semanas.

Terrible final, que no difiere nada de lo sucedido en países como España e Italia hace unos meses, cuando el Covid-19 fulminaba como una bomba de racimo a los asilados en clínicas y hogares geriátricos. A los que estaban enfermos, solos, descuidados.

Una vecina cercana a esas latitudes, la canciller alemana Angela Merkel –de 65 años, punto de entrada a lo que se llama la adultez mayor, según definición de la OMS–, ha sido rotunda cuando ha dicho “encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral».

Se refiere al confinamiento como medida de protección, liberando de la cuarentena primero a los jóvenes ahora que allá lo peor ha pasado, y dejando guardados a los viejos. Merkel entiende que la vulnerabilidad de los mayores se profundiza cuando están solos y no reciben asistencia, que es lo más crítico. Y es la situación de ancianos cuidados muchas veces por alguien tan mayor como ellos, como es el caso de los hermanos Berta y Luis, de Coquimbo. Para estas personas, recluidas y en soledad, en tiempos normales, programas sociales como los de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor, que les prestan ayuda y compañía, tanto a ellos como a sus cuidadores, son invaluables. Hoy, ese apoyo, ha sido reemplazado por contactos telefónicos y asistencia remota, que sirve, pero no es ni de cerca lo mismo. Cómo proteger prioritariamente a este grupo, el de los adultos mayores, en abandono, postración y soledad, manteniendo sus derechos, es una cuestión abrumadora, tan profunda y compleja moralmente, como el debate en torno a la última cama.

 

 

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