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ATACAMA

Fiscalía pedirá exámenes de ADN para identificar a víctima fatal de un incendio registrado en Copiapó

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Emergencia se registró la madrugada de este lunes en el sector de la calle Isabel Riquelme de la capital regional.

La Fiscalía de Atacama solicitará análisis científicos de ADN para poder establecer la identidad de una víctima fatal, quien la madrugada de este lunes falleció luego de un incendio que consumió en su totalidad la vivienda en la que residía en Copiapó.

La información fue confirmada por el fiscal de turno, Sebastián Coya González, quien indicó que una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del hecho y posterior al trabajo en el lugar de voluntarios de Bomberos, ordenó el trabajo investigativo de peritos de la Labocar y personal de la SIP de Carabineros. Esto, con la finalidad de indagar las posibles causas del siniestro y establecer la identidad de la persona fallecida.

“De acuerdo a la información que de manera preliminar se maneja, la persona que fue encontrada sin vida en el interior de la vivienda sería el residente del lugar. Mientras que el fuego se habría iniciado en el sector de la cocina de la casa, antecedente que deberá ser confirmado con los informes de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad”, dijo el fiscal.

IDENTIDAD

Respecto de la identidad del residente de la casa afectada, Sebastián Coya indicó que la Fiscalía solicitará peritajes científicos para poder, a través de análisis de ADN, lograr su identidad, ya que debido a las condiciones en que quedó el cuerpo no es posible recuperar su huella dactilar.

Es por ello, agregó, que de forma paralela se indaga, mediante la entrevista de vecinos del sector, obtener alguna información que permita la ubicación de algún familiar cercano con quien concretar la comparación genética y reunir mayores antecedentes del fallecido.

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ATACAMA

Identifican 14.256 ocupaciones ilegales en terrenos fiscales: Atacama ocupa segundo lugar a nivel nacional

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El Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, entregó el catastro de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales: 14.256 a nivel nacional, lo que significa un aumento de 2,1% en comparación a las cifras de ocupaciones catastradas a diciembre de 2019 con 13.957 casos.

Sobre esta situación, el ministro Isamit dijo que “el Gobierno está muy preocupado de este aumento. Sabemos que muchas familias no llegan ahí por gusto, sino que por necesidad. A esas familias, las que se instalan en tomas porque no tienen otra opción, la respuesta del Estado debe ser integral”.

Sin embargo, el secretario de Estado precisó que, “a los inescrupulosos, que se toman terrenos fiscales que les pertenecen a todos los chilenos, para abusar y desarrollar actividades ilegales, transformándolos en guetos de delincuencia, micro tráfico y pobreza, el mensaje es muy claro: los vamos a desalojar cada vez que sea necesario”.

Respecto a las necesidades que están viviendo las familias, el ministro Julio Isamit explicó que se avanzó en un plan de acción coordinado con otras instituciones del Estado como el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social, que permitirá una solución integral al problema de cientos de familias.

Además, señaló que desde Bienes Nacionales se tomarán otras medidas, tales como un plan de normalización vía venta, cómo se está realizando en el borde costero de Atacama, enfocado en quienes quieren ser propietarios; una regularización vía arriendo, cómo se ha hecho con las personas del campamento La Varilla de Coquimbo; y siempre, el desalojo de “los inescrupulosos que se toman terrenos para venderlos y estafar a familias, haciéndoles creer que están comprando un terreno privado. Eso no va a ser tolerado”, afirmó el ministro Isamit.

“Lo que estamos buscando es apoyar a las familias que pasan por momentos difíciles, y recuperar estos terrenos fiscales que nos pertenecen a todos, para ponerlos al servicio y disposición de la ciudadanía, y que se les dé un buen uso”, dijo el ministro Isamit.

Según informó el secretario de Estado, aproximadamente el 20% de estas ocupaciones corresponden a ocupaciones irregulares, que generalmente se tratan de ocupantes que en algún minuto tuvieron un acto administrativo para ocupar el terreno y que actualmente se encuentra vencido, y el restante a ocupaciones ilegales.

Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales administra 41,6 millones de hectáreas de propiedad fiscal, lo que equivale al 55,1% del territorio nacional.

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