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ATACAMA

31 empresas de Atacama afectadas por saqueos recibirán apoyo de Corfo

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Corresponden a empresas que se inscribieron en el primer catastro.

Desde que estalló la crisis social, el pasado 18 de octubre, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) han sido una de las más afectadas, ya sea porque han sido víctimas de saqueos, incendios o daños en su infraestructura, es por ello que la primera medida del Gobierno fue habilitar un catastro para que las Pymes se pudieran inscribir. En Atacama, se registraron 121 empresas, de las cuales 31 recibirán apoyo de Corfo y otras 39 serán atendidas por Sercotec.

Así lo informó la directora regional de Corfo, Silvia Zuleta, quien señaló que “del primer registro ya fueron seleccionadas 31 mipymes de Atacama, las cuales accederán a un monto aproximado a repartir de 80 millones de pesos. Estos fondos, que se entregarán en las próximas semanas, se insertan en el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) Emergencia y consisten en subsidios que van desde los $500 mil hasta los $4 millones de acuerdo al daño que haya constatado y comprobado cada emprendedor, sufrido entre el 18 y 31 de octubre”.

Este apoyo económico podrá ser utilizado en activos fijos, como maquinarias y herramientas; habilitación de infraestructura, así como la reparación de pisos, techumbres o instalación de servicios sanitarios; y en capital de trabajo, como materias primas o mercadería.

Segundo catastro

Ahora, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Economía, abrió un segundo catastro para que se registren aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas y que no se inscribieron en la primera oportunidad o han sido dañadas con posterioridad. Las inscripciones se deben realizar en el sitio web www.elijopyme.cl hasta el lunes 25 de noviembre, a las 12:00 horas.

“Sabemos que muchos emprendedores afectados no están inscritos en el primer catastro del Ministerio de Economía para recibir apoyo, ya sea porque en un primer momento sus emprendimientos no fueron atacados o porque desconocían del apoyo que entregará el Gobierno. Por ello, abrimos un segundo período del catastro para que puedan constatar todos los daños materiales percibidos”, destacó el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí Contreras, quien agregó que “existen otras medidas complementarias a estos subsidios para apoyar a los pequeños emprendedores como tasas excepcionalmente rebajadas para los créditos con garantías Fogain, tanto para nuevas operaciones como para reprogramaciones, asesorías gratuitas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre otras”, finalizó.

La directora de Corfo también hizo un llamado a inscribirse en este segundo catastro a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que han sufrido daños y que participaron en la Feria Arriba Mi Pyme. “Invito a todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que han sufrido pérdidas materiales y que participaron en la Feria Arriba Mi Pyme que realizamos en Copiapó a que ingresen a la plataforma www.elijopyme.cl para que puedan optar a un subsidio, cuyo monto, dependerá del tamaño del daño”, señaló Silvia Zuleta.

Programas de apoyo Corfo

En tanto, para aquellas Mipymes que no han sufrido daños materiales, pero sí se han visto afectadas por las bajas ventas, Corfo aumentará los fondos de garantías de créditos en US$ 200 millones para apoyar a un total de 75 mil pymes a nivel nacional, lo que considera el FOGAIN y otros instrumentos. El aumento de recursos, provenientes del patrimonio de la entidad estatal, permitirá un mayor acceso a financiamiento a través de créditos en instituciones bancarias a miles de pequeños y medianos empresarios que han sido afectados por la contingencia de las últimas semanas.

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Condenan a Hospital de Vallenar a indemnizar a madre por fallecimiento de hija en gestación

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La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la sentencia que condenó al Hospital Provincial del Huasco al pago de una indemnización de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), por la falta de servicio a una paciente con síndrome hipertensivo del embarazo, que sufrió la muerte de su hija en gestación.

En fallo unánime (causa rol 455-2018), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Antonio Ulloa y Aída Osses, y el abogado (i) Óscar Iriarte– ratificó la sentencia impugnada, tras descarta infracción legal en la resolución dictada por el Primer Juzgado de Letras de Vallenar, que ordenó el pago indemnizatorio por concepto de daño moral.

“(…) de conformidad a los hechos establecidos en los considerandos que anteceden, a juicio de esta sentenciadora resultan suficientes para concluir que la parte demandada incurrió en una falta de servicio, puesto que, y lo que se espera de un centro hospitalario y que por lo demás le resulta exigible, es que al momento en que una paciente embarazada de 35/1 semana de gestación, ingresada por orden de la unidad de urgencia del mismo centro de salud, es que los facultativos médicos que la reciban, se instruyan a fondo en todos los antecedentes clínicos que les sea posible obtener, además de ordenar la realización de todos los exámenes que se estimen pertinentes y necesarios para ratificar o descartar un diagnóstico, exámenes que si bien en el caso de autos fueron ordenados por el médico de turno y realizados por la auxiliar de enfermería, estos no fueron puestos en conocimiento del médico de turno don Hugo Martínez una vez obtenidos sus resultados, lo que impidió evaluar la severidad del cuadró que afectó a la demandante y realizar el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos del síndrome hipertensivo del embarazo, síndrome que en definitiva sufrió doña Paola Bravo Rivera, ello y conforme se concluye en el informe pericial evacuado en autos”, consigna el fallo de primera instancia.

La resolución ratificada agrega que: “(…) de haberse entregado en forma oportuna los resultados de los exámenes prescritos por el facultativo de turno, se hubiere otorgado a la demandante un diagnóstico correcto, evitándose el resultado final dañoso como lo fue la muerte de su hija en su vientre materno, ello según se consigna en el antes aludido informe pericial, dictamen que precisa en su parte final, que resultaba posible que los médicos de turno, de haber sido informados de los exámenes PCR y proteinuria, hubieran realizado lo establecido en las guías perinatales en Chile, compensar a la madre y de esa forma evitar la muerte fetal”.

Por tanto, concluye: “Que se acoge, sin costas, la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a fojas 7 por doña Paola Isabel Bravo Rivera en contra del Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, condenándose a la parte demandada a pagar a la actora la suma de $150.000.000 por concepto de daño moral, suma que deberá pagarse con intereses corrientes y reajustada conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación de esta sentencia y hasta pago su efectivo”.

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