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China condenó a 10 años de cárcel a librero crítico con Pekín

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Gui Minhai se declaró culpable de «dar servicios de inteligencia ilegales a países extranjeros», en un caso que ha provocado tensiones entre Suecia y el gigante asiático. El activista sueco es propietario de una editorial especializada en libros que cuestionan al Partido Comunista chino.

El librero y activista sueco Gui Minhai, propietario de una editorial especializada en libros críticos con el Partido Comunista de China (PCCh), fue condenado a 10 años de cárcel por «dar servicios de inteligencia ilegales a países extranjeros».

Según anunció el lunes por la noche el Tribunal Popular Intermedio de Ningbo (en el este de China, ciudad natal de Gui), el activista se declaró culpable y no apeló su sentencia, que también incluye la pérdida durante cinco años de sus derechos políticos.

El comunicado de esa institución afirma que, aunque Gui se nacionalizó sueco en 1996, en 2018 pidió recuperar su nacionalidad china «con arreglo a la legislación».

El caso de Gui ha provocado fuertes tensiones diplomáticas entre Estocolmo y Pekín, e incluso la ex embajadora sueca en Pekín se ha visto envuelta en un proceso judicial después de que la Fiscalía presentase cargos contra ella por organizar una reunión secreta relacionada con el librero, preso desde hace años.

El pasado mes de noviembre, ambos países volvieron a enzarzarse en esta disputa diplomática después de que la ministra sueca de Cultura, Amanda Lind, entregase un premio en ausencia al librero, a pesar de que el embajador chino en Estocolmo había advertido de que la participación de cualquier representante gubernamental en el acto conllevaría la prohibición de su entrada en China.

Los conflictos del activista con China

Los problemas de Gui Minhai con el régimen comenzaron en otoño de 2015 cuando cinco editores y libreros de Hong Kong críticos con Pekín desaparecieron misteriosamente para reaparecer bajo custodia china meses más tarde, aunque todos menos él fueron liberados poco después tras la presión internacional.

Gui aseguró entonces en un mensaje de televisión que había vuelto a China para asumir su responsabilidad por la muerte de una joven a la que supuestamente había atropellado en 2003.

El librero fue liberado en octubre de 2017 tras cumplir una condena de dos años, pero meses después fue detenido de nuevo por las autoridades chinas en un tren cuando se dirigía a Pekín junto con diplomáticos suecos para realizarse un chequeo médico en la embajada de Suecia y, desde entonces, ha permanecido retenido.

En una nueva comparecencia ante los medios declaró hace dos años que había sido manipulado por las autoridades suecas, que -aseguró- querían sacarlo del país «de forma ilegal». En aquella entrevista vertió numerosas críticas al país europeo.

En China es habitual que los funcionarios investigados o condenados por delitos de corrupción muestren públicamente su arrepentimiento, por lo que numerosos medios internacionales han cuestionado que Gui ofreciera esas comparecencias libremente.

Fuente:cooperativa.cl

 

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Japón declarará estado de emergencia, prepara paquete de 990.000 mln dólares

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Japón declarará un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas que podría aplicarse ya desde el martes para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus, según anunció el primer ministro Shinzo Abe, cuyo Gobierno prepara un paquete de estímulo de 990.000 millones de dólares para amortiguar el impacto de la epidemia en una economía que ya estaba luchando por evitar la recesión.

Más de 3.500 personas han dado positivo en las pruebas de COVID-19 en Japón y 85 han muerto. Aunque no se trata de un gran brote en comparación con los de otros países, las cifras siguen aumentando, y la principal inquietud es su propagación en Tokio, que tiene más de 1.000 casos, con 83 nuevos registrados el lunes.

“Dado la situación de crisis en el frente de batalla médico, se ha recomendado al Gobierno que se prepare para declarar el estado de emergencia”, dijo Abe a la prensa.

El estado de emergencia, que según Abe durará en torno a un mes, dará a los gobernadores locales la autoridad para pedir a la población que se quede en casa y a los negocios que cierren, aunque no para decretar el tipo de confinamientos que se ve en otros países.

En la mayoría de los casos no hay sanciones por ignorar las solicitudes, por lo que la aplicación depende más de la presión ciudadana y del respeto a la autoridad.

La presión sobre el Gobierno para que tomara medidas ha ido en aumento, aunque Abe ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de adoptar decisiones precipitadas por las restricciones a la circulación y a la actividad de los negocios que producirían.

Abe también dijo el lunes que el Gobierno ha decidido aplicar un paquete de estímulo de unos 108 billones de yenes, incluidos más de 6 billones en pagos directos a hogares y pequeñas empresas y otros 26 billones para permitir el aplazamiento del pago de la contribución a la seguridad social y los impuestos.

Todavía no está claro qué proporción del paquete de estímulo supondrá un gasto adicional para las cuentas del Estado.

“El Gobierno quiere ayudar a los negocios a continuar con su actividad y a proteger los empleos”, dijo Abe.

El estado de emergencia parece contar con el apoyo de la población japonesa. En un sondeo publicado el lunes por JNN, dirigido por la emisora TBS, el 80% de los encuestados dijeron que Abe debería declararlo, mientras que el 12% dijo que no era necesario. Su índice de aprobación cayó 5,7 puntos desde el mes pasado hasta el 43,2%, según la encuesta.

Kenji Shibuya, director del Instituto de Salud Pública del King’s College en Londres, dijo que la declaración del estado de emergencia llega demasiado tarde dado el drástico aumento de casos en Tokio.

“Debería haber sido declarada el 1 de abril como muy tarde”, señaló.

INVOCACIÓN A LA CALMA

Haciendo sonar la alarma por el alto índice de casos que no pudieron ser rastreados, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, indicó la semana pasada que estaba a favor de la declaración del estado de emergencia, medida que le ayudaría a instar a los residentes a adherirse a medidas de distanciamiento social más fuertes. [nL4N2BR1KA]

Un experto del grupo de trabajo para el coronavirus del Gobierno dijo que Japón podría evitar un fuerte aumento reduciendo el contacto entre personas en un 80%.

En virtud de una ley revisada en marzo para hacer frente al coronavirus, el primer ministro puede declarar el estado de emergencia si la enfermedad supone un “grave peligro” para la población o si su rápida propagación puede tener un gran impacto en la economía.

El ministro de Economía nipón, Yasutoshi Nishimura, hizo un llamamiento a la calma al decir a los residentes de las prefecturas afectadas que no hay necesidad de que huyan a otras regiones, lo cual podría contribuir a la propagación del virus, dijo la emisora NHK.

Aunque el alcance de la epidemia de coronavirus en Japón es muy pequeño al compararlo con las 335.000 infecciones y más de 9.500 muertes que tiene Estados Unidos, los expertos temen que un aumento repentino de los casos sature su sistema sanitario.

Abe necesita el asesoramiento formal de un panel de expertos antes de decidir seguir adelante y declarar el estado de emergencia.

Los gobernadores locales de Tokio y otros territorios ya han pedido a sus ciudadanos que permanezcan en casa los fines de semana, que eviten las multitudes y que trabajen desde casa. Estas medidas han surtido algunos efectos, si bien son menos duras de lo que muchos expertos consideran necesario.

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