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Así lo informó la presidenta de la Comisión, diputada Andrea Molina (UDI), tras el encuentro que sostuvo la instancia con el Subsecretario de Salud, Jorge Díaz, y con los integrantes del Movimiento Socio Ambiental del Valle del Huasco, Ignacio Cerda y Andrea Cisternas.

“¡Qué pasa con las acciones que se hacen con antelación, por ejemplo, ante las municipales! ¿Por qué se espera a que la comunidad estalle para que en definitiva se haga algo? Este es un tema recurrente y está pasando a nivel nacional, por diferentes tipos de proyectos. La fiscalización de los proyectos ¿se está haciendo como corresponde? Al parecer no. ¿Se está actuando cuando se necesita? Al parecer no”, planteó la parlamentaria.

Dijo que los oficios, por ejemplo, buscarán indagar qué está pasando con los derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos, dado que es una zona que fue declarada con cuenca agotada. Dijo que, en este contexto, no se entiende de dónde la empresa sacó agua para sostener una población de 2 millones 500 mil cerdos.

Además, sostuvo que buscarán verificar qué pasa con las áreas protegidas que podrían estar afectadas por la contaminación de la planta y cuál es el efecto que esto tendría en el fenómeno del desierto florido, entre otras materias.

Adelantó que, dependiendo de las respuestas que se reciban de los oficios, la Comisión determinará si realiza o no una visita inspectiva a Freirina o, incluso, si se conforma una Comisión Investigadora sobre el tema.

La diputada Cristina Girardi (PPD) criticó que, una vez más, se evidencia un proyecto que fue autorizado sin que se cumpliera con todos los procesos. Señaló que, por ejemplo, la empresa, apoyada en un relajamiento de la regulación en 2006, dejó de auditar el impacto que tendría cada una de las ampliaciones de la planta, así como monitorear su impacto en la localidad, pese a estar comprometido en el proyecto.

“Aquí hay una falla institucional grave, independientemente que la empresa extremó al máximo la productividad, sin contar con ningún resguardo respecto del daño ambiental y de salud, no sólo de la gente sino también de los propios cerdos con los cuales trabajaban”, enfatizó.

Estimó viable la teoría de la comunidad de que la empresa abandonó la planta para “victimizarse” y echarle la culpa al movimiento, argumentando que había inseguridad para el personal de la planta, pese a que la evidencia muestra que los trabajadores no fueron agredidos ni que tampoco haya sido la comunidad la que pidiera que se fueran.

Sostuvo que el abandono de la planta es “de gravedad extrema”, así como que el Gobierno no esté sancionando el hecho o que señale ahora que no tuvo herramientas legales para pedir un plan de cierre de faenas, pese a que en marzo de este año ya había un sumario sanitario sobre el respecto.

Acusó “desidia de parte del Estado, en todo el proyecto, desde su aprobación hasta ahora”, y sostuvo que es falso que no existan mecanismos legales o reglamentarios para haber tomado cartas en el asunto. “Él (Subsecretario Jorge Díaz) responde como que sólo pueden actuar con el daño causado, según el Código Sanitario, eso jamás ha sido así”, recalcó, agregando que “no hay que esperar a que la gente se muera para que el Código Sanitario y las instituciones actúen”. Fuente : cámara.cl