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Minería y la influencia del miedo en Atacama

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Enviada por Jaime Varas Esquivel, Licenciado en Ciencias de la Acuicultura, Asesor Científico ONG CHADENATUR

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Señor Director:

Estado y poder político se han encargado de entregarnos experiencia suficiente para entender cómo se resuelven y facilitan los “proyectos trabados” de la industria. Sabemos que la disposición es transversal a cualquier gobierno o color político. Lo vivimos en plena crisis del salmón con la aprobación de la ley de pesca, que privatiza el mar de Chile o más reciente con la Ley Longueira, la cúspide en tráfico de influencias para favorecer a grupos económicos.

La Región de Atacama es, en la actualidad, la zona encargada de resolver la ecuación energética nacional. Desde un punto administrativo, ambiental y productivo, gobierno e industria se han alineado en el arte de “destrabar proyectos”, según ellos, vitales para todos los chilenos.

En este ámbito, la industria minera para fortalecer la importancia de su producción y acelerar el proceso de aprobación sin obstáculos, se esfuerza en responsabilizar a la Región de Atacama en los más diversos ámbitos. Apelar a la sensibilidad ciudadana, desde una supuesta economía estancada y cifras de desempleo deplorables, son la punta del iceberg en una crisis que a todas luces –según ellos– se aproxima con más rigurosidad. Todo pareciera ser insuficiente por paradójico que resulte, puesto que la región provee gran parte de los recursos indispensables para el desarrollo económico del país. A pesar que inversión y gasto social no han sido jamás equivalentes, eso, a lo menos en la Región de Atacama, históricamente víctima del chorreo fiscal centralizado.

Los argumentos que van aflorando en esta supuesta crisis atacameña son inagotables. El Instituto Nacional de Estadísticas, indica que Atacama acumula un crecimiento negativo de 2,4%, el peor desempeño del país. Sí, leyó bien, del país. Según sus análisis, la tasa de desocupación en Atacama fue de 6,9% en el trimestre móvil junio – agosto del 2014, registrando un aumento de 1,5 puntos respecto a igual período del año anterior. Para colmo, Atacama tiene la cesantía más alta entre todas las regiones mineras, superando el promedio nacional en un dramático 6,7%.

¿No me cree? Los empresarios advierten que además de la ralentización de la economía, habrá alzas en el precio de la energía, causado por el término de los acuerdos de abastecimiento energético, lo que se traduce para el período 2014-2015 en una inevitable alza de tarifas de los consumidores finales. Coincidencia o no, saque sus propias conclusiones, pero para el mismo período existen US$ 15.000 millones en proyectos trabados en la región, con un denominador común: carencia de condiciones y suministros eléctricos competitivos. Entre líneas, se habla en Atacama de las nuevos terrenos licitados para termoeléctricas a carbón. Y eso que somos el polo solar de Chile y sin exagerar -lo dijeron ellos- de Latinoamérica.

El poder comunicacional de la industria para involucrar el interés social y la indiferencia del gobierno, es a todas luces cuestionable. Quieran o no, la ciudadanía de Atacama no es responsable de la crisis energética del país, ni menos de la crisis hídrica que desató la industria minera. Sin embargo, los efectos y costos se traspasan sin tapujos a los habitantes que promueven –desjuiciados– el “conflicto ambiental” desde Agrosuper, Punta Alcalde, Castilla y un largo etcétera.

Chañaral, conocida mundialmente por sus 350 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer jamás en el mundo. A pesar de ello, la industria minera nos sigue pasando literalmente la cuenta, ya que pagamos el valor más elevado de agua potable en Chile. Por cierto, se trata de un costo que nos heredó la rentable minería. Por 15 metros cúbicos nos cobran 25 mil pesos mensuales. Insólito, pero Chañaral tiene el agua para consumo humano de peor calidad de todo el territorio nacional. Es riesgosa para la salud humana. El 2014 AngloAmerican instaló una planta desaladora a 20 kilómetros de Chañaral para producir más relaves, lo que consiguieron con apoyo de pescadores artesanales. El resultado, fue la reducción de áreas de manejo de recursos marinos, es decir, nuevamente el costo social lo pagan los habitantes al largo plazo ¿Paradójico no?

Es indudable que la caída de HidroAysén no venía gratis, por el contrario, es mucho más rentable potenciar con electricidad y, del modo que sea, desde la propia Atacama. Es más económico y rápido que traer energía desde una Patagonia privatizada. Prueba de ello, es que Bienes Nacionales ya publicó en su Plan Anual 2014, la licitación para la construcción de tres nuevas termoeléctricas a carbón en Atacama. Una de ellas se emplazará en Caleta Obispito, cercana a Chañaral, además de Totoralillo Norte y Totoralillo Sur en la costa de Caldera.

Bajo este criterio, es que se ha intensificado el ingreso de proyectos con gran impacto ecológico por toda la franja costera de Atacama, desde Chañaral de Aceituno, Punta Choros, Caldera y la maltratada ciudad de Chañaral.

Los habitantes de la Región de Atacama no queremos ser obstructores al desarrollo del país, como se nos ha catalogado. Que se nos entienda bien, no queremos ser cómplices en replicar en toda la región un deterioro ambiental indefinido. Habitamos un Chañaral castigado por las malas decisiones tomadas hace 50 años, vivimos sobre un mal ejemplo. El gobierno, así como está abordando las proyecciones, no hace más que vulnerar el bien común con una mirada cortoplacista y promoviendo la desigualdad, la mala calidad de vida y un desastre acelerado. Qué duda cabe.

Jaime Varas Esquivel
Licenciado en Ciencias de la Acuicultura
Asesor Científico ONG CHADENATUR

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Diputada Sepúlveda insiste en aumentar 30 por ciento el IFE y extenderlo hasta diciembre

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La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) insistió en su propuesta de aumentar el IFE en al menos un 30% dado el alto costo actual de la vida, especialmente de la canasta familiar y otros elementos esenciales para las familias como medicamentos y combustibles, además de extenderlo hasta diciembre.

La parlamentaria, quien es integrante permanente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, señaló que “la línea de la pobreza es lo mínimo que uno puede tener para sobrevivir, en términos prácticos estamos hablando que son dos mil calorías diarias y es por eso que cuando dijimos IFE en línea de la pobreza, entendíamos que éste debía ir actualizándose de acuerdo a las necesidades coherentes de las familias en los tiempos de pandemia”.

“Por eso también hicimos hincapié en cómo ha ido aumentando, cómo se ha ido acelerando el costo de la vida y, fundamentalmente, cómo ha aumentado el valor, los precios en la canasta familiar, en los insumos básicos de la vida cotidiana de las personas y de las familias”, agregó.

“Es por eso que estamos pidiéndole al gobierno que entienda este concepto, que entienda lo que está pasando, la realidad de la familia chilena y aumente este 30% sobre lo que hoy día está entregando del IFE”, complementó.

La diputada aseguró que “para nosotros es fundamental entender que hoy día con lo que se está entregando versus lo que está saliendo de las familias no es directamente proporcional, vale decir, el ingreso que está a través del IFE versus el egreso que se necesita todos los días para sustentar la familia no alcanza y es absolutamente insuficiente”.

“Por eso estamos pidiendo un 30% más en el IFE para las familias chilenas y con la extensión que corresponda para el mes de diciembre”, concluyó Sepúlveda.

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