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Pandillas latinas en España: ¿deportar o resocializar?

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El Gobierno español confirma la aplicación de la Ley de Extranjería a los 34 principales dirigentes de pandillas latinas que actualmente operan en la Comunidad de Madrid. Recientemente, la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Popular (PP), Cristina Cifuentes, comunicó la reciente expulsión de dos de ellos y aportó datos acerca de los que quedan pendientes de ser deportados.

En una rueda de prensa ofrecida hace pocos días, Cifuentes aseguró que doce de ellos pertenecen a los Ñetas, ocho a los Trinitarios, siete a los Dominican Don’t Play (DDP) y cinco a los Latin Kings. Asimismo se ha confirmado la afinidad de los dos restantes a Las Maras, un grupo que como aclara el inspector jefe responsable de la lucha contra bandas latinas en la región, Ricardo Gabaldón, «no está organizado en Madrid».

Según la Delegada del Gobierno, el objetivo de las detenciones y las expulsiones del país es «que las bandas no se hagan con ningún territorio». Además, asegura que el objetivo de la aplicación «sistemática y estricta de la ley» es que los integrantes de estas bandas sepan «que si cometen delitos, serán expulsados».

La norma a la que se refiere Cifuentes es la dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en verano de 2014, en la que se recogen los parámetros que deben cumplir los integrantes de bandas latinas para ser expulsados de territorio español: pertenencia a grupos criminales, participación en riñas tumultuarias, alteración del orden público y lesiones. El siguiente paso es la anulación del permiso de residencia, y la prohibición de entrar en España por un periodo de entre 5 y 10 años.

Aumento de las detenciones

Actualmente, entre 300 y 350 miembros de pandillas latinas operan de forma activa en la Comunidad de Madrid, informa el inspector jefe Gabaldón. Una cantidad menor teniendo en cuenta que, desde enero de 2012, la Policía ha arrestado a 1.048 pandilleros latinos en España, muchos de ellos reincidentes. «De las cinco que operan en Madrid, las más activas son las de dominicanos -DDP y Trinitarios-. Su objetivo, como el del resto, es la supremacía sobre las otras bandas», explica el policía.

A pesar del considerable aumento de este tipo de detenciones en los últimos años, el catedrático de Antropología Social de la Universitat de Lleida, Carles Feixa, cuestiona si este incremento de las redadas masivas obedece a una escalada de la violencia protagonizada por las bandas latinas, o si simplemente se hacen «de cara a la galería».

«En mi opinión no es tanto la presencia de estos grupos ni los delitos que se les atribuyen, sino más bien un cambio en las políticas judiciales, que se han vuelto más duras y más represivas», dice Feixa, experto en pandillas latinas. Cuando es preguntado acerca de si este cambio de actitud está vinculado a razones raciales, Feixa asegura que «es evidente que no se trata igual a todos los grupos sociales. El modelo que se está siguiendo es el de criminalización de las bandas juveniles que se aplicaba en Estados Unidos hace un siglo, y que las convirtió en uno de los enemigos públicos número uno».

Fenómeno global

Algo con lo que el inspector Gabaldón no está de acuerdo. «Esta gente -refiriéndose a Feixa y otros estudiosos del fenómeno de las bandas latinas- sigue el modelo de las pandillas y acusa a la policía de discriminación racial. Nosotros no detenemos a los latinos por ser latinos. Detenemos a la gente que comete actos delictivos». De hecho, es importante resaltar la globalización característica de este tipo de violencia callejera y la heterogeneidad de estos grupos. Sin ir más lejos, el jefe de los Latin Kings en España es un catalán, Óscar Peralta, alias Baby White, y está casado desde 2005 con Betsy Zúñiga, alias Queen Black, lo que le convierte en cuñado de uno de los jefes ecuatorianos de los Latin Kings, Antonio Zúñiga, alias King Majestic.

El problema de las bandas latinas en España no es nuevo. Cuando se detectó por primera vez la presencia de este tipo de organizaciones hace más de una década, las fuerzas políticas debatieron durante un tiempo acerca del procedimiento a seguir. Por un lado, hubo partidarios del modelo de «mano dura» en base al modelo norteamericano de persecución sin tregua y encarcelamiento, mientras que otros –como los Mossos d´Esquadra durante un tiempo- optaron por un trato más preventivo, considerando que el encarcelamiento de estos grupos no los iba a suprimir, sino que los iba a convertir en algo endémico, que es lo que pasó en Estados Unidos, explica el catedrático Feixa. «La cárcel es la mayor escuela de los delincuentes», apostilla.

El jefe de la Unidad Central de Grupos Juveniles Organizados de los Mossos d’Esquadra, Robert Rodríguez, cree sin embargo que «gracias a este cambio de política la presencia de estas bandas está disminuyendo». Rodríguez aporta datos interesantes que confirman el cambio de tendencia: «Desde que empezamos a combinar las políticas de acción y prevención en 2012, los delitos cometidos por pandillas latinas han disminuido considerablemente. Llevamos prácticamente tres años sin homicidios provocados por peleas entre bandas, mientras que hasta 2012 lo habitual eran 4 o 5 anuales».

La deportación no es la solución

A día de hoy, el Gobierno español sigue el modelo de expulsión que cita Feixa.

Algo que en su opinión no sólo no reduciría la expansión de este tipo de grupos juveniles, sino que en algunos casos podría incluso agravar el problema. Un ejemplo es el uso de las deportaciones por parte de EE. UU. en la década de los ochenta y noventa, que exportó a Centroamérica y Sudamérica grupos como las llamadas Maras, que hasta el momento no existían más que en territorio estadounidense.

«Es un gravísimo error que pagaremos caro. Trasladar a los supuestos delincuentes a sus países de origen, suponiendo que nunca van a poder volver, es exportar el problema. Algo de lo que en veinte años nos arrepentiremos. Occidente recibirá los frutos tardíos de esta nefasta política», concluye Feixa.

Por: Deutsche Welle

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Diputada Sepúlveda insiste en aumentar 30 por ciento el IFE y extenderlo hasta diciembre

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La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) insistió en su propuesta de aumentar el IFE en al menos un 30% dado el alto costo actual de la vida, especialmente de la canasta familiar y otros elementos esenciales para las familias como medicamentos y combustibles, además de extenderlo hasta diciembre.

La parlamentaria, quien es integrante permanente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, señaló que “la línea de la pobreza es lo mínimo que uno puede tener para sobrevivir, en términos prácticos estamos hablando que son dos mil calorías diarias y es por eso que cuando dijimos IFE en línea de la pobreza, entendíamos que éste debía ir actualizándose de acuerdo a las necesidades coherentes de las familias en los tiempos de pandemia”.

“Por eso también hicimos hincapié en cómo ha ido aumentando, cómo se ha ido acelerando el costo de la vida y, fundamentalmente, cómo ha aumentado el valor, los precios en la canasta familiar, en los insumos básicos de la vida cotidiana de las personas y de las familias”, agregó.

“Es por eso que estamos pidiéndole al gobierno que entienda este concepto, que entienda lo que está pasando, la realidad de la familia chilena y aumente este 30% sobre lo que hoy día está entregando del IFE”, complementó.

La diputada aseguró que “para nosotros es fundamental entender que hoy día con lo que se está entregando versus lo que está saliendo de las familias no es directamente proporcional, vale decir, el ingreso que está a través del IFE versus el egreso que se necesita todos los días para sustentar la familia no alcanza y es absolutamente insuficiente”.

“Por eso estamos pidiendo un 30% más en el IFE para las familias chilenas y con la extensión que corresponda para el mes de diciembre”, concluyó Sepúlveda.

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