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OPINIÓN

“SQM-CORFO: Lo importante es el litio” Por Sofía Cid (Diputada de Atacama)

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La polémica por el regreso de los hermanos Ponce Lerou a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) en calidad de asesores del directorio acapara la atención mediática por estos días. Lo anterior debido al contrato entre SQM y Corfo, en que para mantener la concesión del Salar de Atacama se exigió su salida del control de la empresa.

El actual contrato que existe entre Corfo y la SQM fue negociado por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo durante el gobierno de la Nueva Mayoría, Eduardo Bitrán quien realizo una negociación que entregó hasta 2030 la concesión para la explotación del litio en el Salar de Atacama la minera no metálica.

Ante la gran cantidad de información y de opiniones sobre el tema, lo importante son los hechos. El actual gobierno del presidente Sebastián Piñera recibió un contrato que fue negociado por el Gobierno anterior de Michelle Bachelet. Lo recibió firmado, y lo que le corresponde es ejecutar lo que está estipulado en el contrato.

La forma en que se negoció y por qué se negoció de dicha manera es un tema del que tendrá que dar explicaciones el Gobierno anterior, y en especial el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán.  La administración de la Nueva Mayoría y el señor Bitrán deben dar explicaciones a la gente. Él, personalmente llevó las negociaciones y suscribió los contratos, por lo que no resulta muy coherente que hoy culpe a otros y no reconozca su propia responsabilidad. Resulta poco probable (por no decir imposible) que las autoridades de la Nueva Mayoría no consideraran este tipo de contingencias. Hoy estamos pagando la arrogancia de la anterior administración, y si hay responsables, el primero es Bitrán.

Sin embargo, y más allá de las responsabilidades y de cómo se resuelva este nuevo escándalo de SQM y Corfo, la verdad es que se está perdiendo el foco central del debate que debería ser el litio y el rol propio de Corfo.

Hechos como los acontecidos demuestran que Corfo no tiene la capacidad para desarrollar la industria del litio y esto ya ha quedado en evidencia. Nuestro país cuenta con una de las dos reservas de litio más grande del mundo, y en momentos en que la revolución tecnológica pasa una fase en que el litio puede tener un rol central, nuestra explotación es casi inexistente. Este es el debate de fondo en torno al litio: ha llegado la hora de discutir abiertamente si es funcional al desarrollo de la minería del litio que Corfo sea titular de concesiones mineras, cuando no es su objetivo institucional.

Asimismo, es evidente que la institucionalidad de Corfo ha sido construida a lo largo de las décadas con la finalidad de fomentar la innovación y el emprendimiento. El riesgo queda a la vista: la presión por explotar el litio hará que las energías y recursos humanos de Corfo de destinen a solucionar contingencias como las que estamos comentando, y por tanto su rol pasará a segundo plano. ¿quiénes serán los más afectados? Los innovadores y emprendedores que esperan encontrar en Corfo herramientas para innovar y emprender.

Es hora de llevar el debate del litio a las ligas mayores, poniendo el acento en el desarrollo de la minería del litio a largo plazo, y ello implica revisar exhaustivamente la conveniencia de que Corfo sea el titular y, por ende, el encargado, de sacar provecho a la riqueza minera no metálica

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1 Comment

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  1. Nacho

    18 junio, 2018 at 12:08 pm

    señora Cid el litio tiene que ser estatal, no venda con su gobierno y socios de partidos de derecha, el recurso que es de todos los chilenos a los chinos-

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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