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OPINIÓN

El problema del Sobrepeso y la Obesidad Infantil. ( por Gregory Carrasco Alarcon Director de Escuela Nutrición y Dietética UST – Copiapó.)

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Actualmente la malnutrición por exceso en niños y adolescentes es un problema de salud país, las altas tasas de sobrepeso y obesidad infantil constituyen un problema de salud publica el cual si no se aborda a tiempo generará consecuencias futuras aumentando las enfermedades crónicas no transmisibles como la Hipertensión, diabetes, insulino resistencia, dislipidemias, cáncer, entre otras con un alto costo para el país. Además, se ha comprobado que la obesidad infantil impacta en el rendimiento escolar y la salud mental de los estudiantes.

Desde el año 2000 en adelante se han creado programas contra la malnutrición por exceso como VIDA CHILE (2000-2005), Estrategia Global contra la Obesidad o EGO-Chile (2006-2010), Elige Vivir Sano (2011-2014) los cuales no tuvieron el éxito esperado.

Actualmente la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad prohíbe vender y publicitar alimentos no saludables en las escuelas, pero no impide el consumo que puede venir de la casa o de la venta callejera. La primera ocurre por la falta de educación alimentaria en los padres y la segunda por la falta de regulación de la venta de comida chatarra o no saludable en las afueras de los recintos educativos.

Si bien las causalidades de la obesidad infantil son multifactoriales se hace necesario ante todo la educación alimentaria temprana en las escuelas en hábitos de alimentación saludable y actividad física que incluya y haga participe a toda la comunidad educativa y sobre todo a los padres ya que son estos los que premian a sus hijos con comida chatarra y rica en azucares. Además, estos llevan a sus hijos las colaciones que las empresas les otorgan en sus turnos de trabajo, las cuales son poco saludables y a la vez contradictorias a sus programas de salud ocupacional.

Además de una alimentación sana la actividad física es primordial en etapas tempranas de la vida,  la que se ha visto disminuida por el uso de las tecnologías por un lado y por la falta de espacios públicos para la recreación entre otros.

Todo lo anterior sin duda puede mejorar si tenemos ciudadanos más informados, y es en los centros educativos donde esta la oportunidad para que se divulgue el conocimiento en lo que a alimentación, nutrición, actividad y ejercicio físico se refiere, idealmente incorporando a profesionales de la salud en la educación de nuestros niños y jóvenes.

 

 

 

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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