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OPINIÓN

Desafíos y oportunidades de negocio del reciclaje en Chile. ( por Rodrigo Saldías. Director de la Escuela de Negocios , U. Central )

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La actividad productiva de las empresas y las conductas de consumo de las personas y familias conlleva la generación de residuos que son vertidos a los ecosistemas, generando en muchas ocasiones externalidades negativas, algunos de los cuales pueden ser reutilizados y otros no. Frente a esto, la sociedad tiene el desafío de gestionar adecuadamente los residuos para favorecer un desarrollo sostenible en un contexto de una mayor conciencia por aprovechar de mejor forma los recursos naturales, buscando su reutilización y/o creando nuevos negocios.

El reciclaje en Chile aún está en la categoría de nicho, especialmente si se toma en cuenta que sólo el 10% de los desechos se recicla. Según cifras del Ministerio de Medioambiente, los papeles y cartones (uno de los subproductos de la categoría “Envases y Embalajes”), tiene un reciclaje efectivo de 82% y las baterías, de un 76%. En tanto, el reciclaje efectivo de los plásticos es de 12%, mientras que el de los neumáticos es de un 4,7%, por nombrar algunos.

Afortunadamente, Chile cuenta con un nuevo marco normativo establecido recientemente (Ley N°20.920) que apunta a la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje. Efectivamente, la nueva legislación establece que las empresas deberán presentar un plan de gestión, organizar y financiar la recolección y tratamiento de residuos y también cumplir metas de recolección y de valorización de éstos.

En este marco, son fundamentales los esfuerzos conjuntos del Estado, los privados y principalmente de la ciudadanía en su rol de consumidores para converger hacia una política y cultura ambiental que el país necesita.

Dentro de los desafíos que existen a nivel país están: una mayor conciencia de la población frente a la necesidad de reutilizar los recursos naturales, una mayor articulación pública – privada, y mayores inversiones en técnicas de recolección segregada de reciclables, mecanismos de seguimiento y control de los materiales recuperados, plantas de separación de escala industrial y plantas para reciclaje de materiales.

Se espera que el sector productor privado realice las inversiones necesarias para responder a las exigencias de la normativa y de las oportunidades de negocios que se visualizan en el área del reciclaje, asegurando esta última un abastecimiento tanto en calidad, frecuencia y cantidad. Por su parte, los consumidores irán adquiriendo una mayor conciencia de la necesidad de gestionar los residuos y de reciclar, para lo cual será fundamental el papel que jueguen los colegios como asimismo la disponibilidad de espacios públicos de recolección de residuos por tipo de residuo.

Finalmente, se requerirá de una fuerte cooperación público – privada, donde el Estado no solo fiscaliza el cumplimiento de la normativa, sino, además, apoya al sector privado a implementar acciones de acompañamiento y de financiamiento tal como ha ocurrido con la experiencia del Consejo de Producción Limpia.

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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