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OPINIÓN

Imprescriptibilidad de delitos sexuales: Por Fiscal Regional de Atacama Alexis Rogat Lucero

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En el año 2007, continuando con una disposición legislativa tendiente a establecer un régimen jurídico persecutorio cada vez más riguroso, destinado  a evitar la impunidad y asegurar la efectiva persecución de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el país, se introdujo al Código Penal el artículo 369 quáter. Esta norma permitió que, respecto de determinados ilícitos sexuales, entre estos la violación y abuso sexual, se aumentara el plazo de prescripción de la acción penal sumando al período normal de 5 o 10 años, según se trate de un crimen o un simple delito, el tiempo que reste al menor víctima para cumplir los 18 años de edad, pudiendo aumentarse en la práctica el citado plazo prescriptivo, hasta por más de 25 años en los casos más extremos.

Esta ampliación del plazo de prescripción se justificó dada la indiscutible falta de madurez emocional y desarrollo cognitivo de los menores de edad para evaluar y aceptar el significado sexual del acto del que resulten víctimas, así como también,  respecto de las dificultades relativas al entorno de adultos responsables del menor que pueden obstaculizar la denuncia para no exponerse al proceso judicial, al escarnio social o derechamente a la sanción cuando el agresor es uno de los padres o integrantes de su círculo familiar. Hoy, sustentado en argumentos similares a aquellos que justificaron la modificación del año 2007, el Poder Ejecutivo ha promovido ante el Congreso Nacional la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, procurando impedir que el paso del tiempo deje impune a los culpables.

Indiscutiblemente, el propósito de tal recomendación apunta al fortalecimiento de la protección de niñas y niños más vulnerables y al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno que lo han posesionado como garante y protector de los derechos esenciales de los menores víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, resulta necesario evidenciar que, conjuntamente con el tiempo ganado por las víctimas para iniciar un proceso penal, se advierten en el ámbito investigativo y en sede judicial, dificultades procesales y problemas probatorios aparejados a una denuncia tardía, que entorpecen y, en no pocas ocasiones, impiden garantizar una condena para el agresor.

Esta situación nos obliga como persecutores a estar alerta y asumir con total responsabilidad, seriedad y dedicación cada uno de los desafíos que puedan implicar los cambios legislativos que se avecinan y, particularmente, reforzar los procesos de trabajo destinados a asegurar una adecuada orientación y apoyo a víctimas de delitos sexuales, así como también a brindar una información oportuna y transparente que exhiba con claridad las dificultades del proceso, con el fin de arribar a un resultado que  logre la mayor proximidad entre las legítimas expectativas de los afectados y los posibles resultados de la persecución penal.

 

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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