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OPINIÓN

“Ley de Etiquetado de Alimentos 2.0” Por Jorge Peña (Director Escuela de Nutrición y Dietética U. Central)

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El pasado miércoles 27 de junio comenzó a regir la segunda etapa de la Ley de Etiquetado de Alimentos que, según lo estipulado, aumentó las exigencias nutritivas de los envasados. Así, por ejemplo, los envasados sólidos deberán llevar el sello negro distintivo cuando cada 100 gramos superen las 300 kcal, 500 mg de sodio, 15 gr de azúcar y 5 de grasa; versus los anteriores límites de 350 kcal, 800 mg de sodio, 22, 5 gramos de azúcar y 6 de grasa saturada. No obstante, más que una amenaza para la industria alimentaria, esto debiera transformarse en una oportunidad para reformular sus productos y generar alimentos más saludables.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, con la nueva normativa un 10% de los productos que hoy están sin sellos de advertencia deberán incorporarlos, impactando su ingreso a colegios y la posibilidad de realizar promoción infantil. De este modo, se prevé que la población chilena, que ya ha asimilado la incorporación de los sellos de advertencia en sus decisiones de compra, podrá ir acostumbrándose al aumento de la exigencia de esta normativa, cuya etapa tercera y final se espera para 2019.

Considerando que cerca del 75% de los chilenos presenta un exceso de peso y que un 31,2 % corresponde a obesidad, la segunda etapa de esta ley es una medida que viene a contribuir a superar, a largo plazo, este problema de salud pública, que trae asociadas una serie de patologías crónicas que implican un alto costo, tanto para el sistema de salud, como para las propias personas que las sufren y sus familias.

Es por ello que la esperanza está cifrada en que los hoy niños y niñas adquieran consciencia sobre esta problemática y aprendan a alimentarse adecuadamente, a través de programas permanentes durante todo el proceso educativo, desde la etapa preescolar hasta la educación media y universitaria.

Aspectos muy importantes de esta ley son las limitaciones en la publicidad de productos con sellos de advertencia a menores de 14 años, las restricciones de su venta en los colegios y el rotulado en pantalla indicando preferir alimentos sin sellos.

Así, esperamos que muchos cambios ocurran en la preferencia de alimentos envasados, teniendo claro que los consumidores ya están castigando el consumo de chocolates, snack salados, golosinas y confituras.

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OPINIÓN

“Educación, gratuidad e inequidad” Por Santiago González (Rector Universidad Central)

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La Contraloría General de la Republica publicó el estudio, ‘Financiamiento Fiscal a la Educación Superior año 2017’, que trae un apartado sobre financiamiento fiscal para gratuidad. Esto permite ver como el fisco distribuye los recursos entre las universidades, IP y CFT, dando una orientación de la forma en que el Estado invierte en educación superior.

En 2017 el país invirtió US$ 3.073 millones en este ítem, de los cuales un 39,2% (US$1.205 MM) fueron a los estudiantes en créditos y becas, un 27% (US$ 831 MM) directo a las instituciones y un 33,8% (US$ 1.037 MM) para la gratuidad.

Si hacemos foco en los recursos destinados directamente a las instituciones de educación superior vemos que de los US$ 831 MM, un 55,5% (US$ 461 MM) se destinan a las universidades estatales del CRUCH (que son 18), un 37,3% (US$ 309 MM) a las universidades no estatales del CRUCH (9) y un 7,2% (US$ 60MM) al resto de la instituciones (137), que incluye universidades privadas, IP y CFT.

Las universidades del CRUCH (27) reciben del fisco US$ 770 MM anuales, equivalente al 93% de los recursos que el Estado destina directamente a instituciones de educación superior. Esto demuestra la inequidad en la asignación de recursos en educación superior, explica el interés de las universidades por ingresar al CRUCH, y lo discriminatorio que resulta para otras universidades acreditadas el no tener acceso a participar de esa instancia académica.

Respecto a las cifras de gratuidad, de las 44 instituciones adscritas a esta política, 27 pertenecen al CRUCH, 5 a universidades privadas, 6 a IP y 6 a CFT. El déficit que genera este sistema en las instituciones, es decir la diferencia entre aranceles reales y aranceles de gratuidad que debe ser financiado por las instituciones, alcanza a la suma de US$ 26,5 MM anuales, de los cuales el 83% (US$ 22 MM) recae en las instituciones privadas. Una segunda conclusión; las universidades del CRUCH financian la gratuidad con los aportes directos adicionales que les entrega el fisco, las universidades privadas deben hacerlo con recursos propios y de sus estudiantes.

El informe de la Contraloría refleja una inequidad tan clara y evidente hacia los estudiantes que llama a una profunda reflexión, respecto de si la asignación de recursos públicos en nuestro sistema de educación superior tiene lógica, con la política de educación superior mixta y gratuidad parcial que se ha dado el país y su impacto en la calidad, agravado por el hecho de que del total de jóvenes en la educación superior, el 72% es decir 897.753, estudia en instituciones privadas, no pertenecientes al CRUCH.

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