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OPINIÓN

“Responsabilidad Penal de personas jurídicas” Por Alexis Rogat (Fiscal Regional de Atacama)

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La Ley 20.393, publicada en el Diario Oficial el 02 de diciembre de 2009, introdujo un importante cambio en nuestra legislación al establecer sanciones de carácter penal a las personas jurídicas de derecho privado tales como empresas, sociedades comerciales, corporaciones y fundaciones, además de empresas del Estado, conformando una excepción a la regla general que establece que la responsabilidad por la comisión de un delito sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Esta innovación en la política criminal chilena marcó un importante cambio respecto de la forma tradicional en que se había entendido la responsabilidad delictual.

Esta ley posee un espacio de aplicación muy preciso que se resume en  delitos específicos: a) lavado de activos, b) financiamiento del terrorismo; c) delito de cohecho activo a funcionario público nacional y extranjero, d) receptación; además sanciona el delito de asociación ilícita.

La normativa pone a cargo de la Fiscalía de Chile la persecución de los delitos ya señalados, siempre que los ilícitos establecidos en ella fueren cometidos por los dueños de las personas jurídicas, sus controladores, ejecutivos principales o quien sea que realice actividades de administración y supervisión, así como por las personas naturales que estén bajo supervisión directa de los mencionados anteriormente. Cuando el delito fuere cometido directa e inmediatamente en beneficio de la persona jurídica o para su provecho y en los casos en que los delitos sean producto del incumplimiento de parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión.

Las penas que la ley mencionada establece para este tipo de ilícitos van desde la disolución o cancelación de la persona jurídica, las más graves, hasta la multa, la más leve, pasando por sanciones que buscan hacer pública y notoria la situación de la persona jurídica que compromete su prestigio o imagen corporativa, como la publicación en el Diario Oficial u otro medio de circulación nacional de un extracto de la sentencia condenatoria.

Debemos dejar en claro que estas sanciones afectan directamente a la persona jurídica, pero operan en forma independiente de aquel castigo que se podrá imponer a las personas naturales, tales como dueños de las empresas, sus controladores, gerentes o ejecutivos principales, por los delitos cometidos por éstos que provocaron la condena a tal o cual persona jurídica.

Finalmente, debemos decir que la mencionada Ley surgió en el contexto de un marco de adaptación progresiva de la política criminal chilena a estándares internacionales de persecución penal, donde lo prioritario era la protección del orden público económico y su concordancia con la estabilidad económica internacional, innegablemente asociado al ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, todo lo que ha significado un notable avance y una innovación en el control de los delitos corporativos, sin perjuicio que ello pudiera resultar insuficiente ante el complejo y progresivo desarrollo de la criminalidad económica en el país.

 

 

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OPINIÓN

“Una escuela sin reflexión pedagógica, no existe” Por Carlos Guajardo (Académico Facultad de Educación, U.Central)

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Una de las profesiones que resultan ser altamente valoradas por la ciudadanía, es la relacionada con el ser profesor/a. La labor que hoy cumplen nuestros docentes, ya no es la misma que acontecía hace algunas décadas. Una sociedad compleja como la actual, representa una serie de factores que inciden directamente en el rol que a diario se ejerce desde la escuela: estudiantes con un importante acervo informativo gracias al uso de internet; padres y apoderados que trabajan todo el día, la incidencia de los medios televisivos y las redes sociales, todos ellos son elementos que obligan a nuestros docentes a replantearse la acción pedagógica al interior del aula de clases.

Si nuestro país anhela formar individuos que posean altas competencias para desenvolverse en una sociedad tan exigente como la actual, es urgente que la educación formal que se manifiesta desde el nivel preescolar hasta la educación superior, contribuya a modificar los paradigmas clásicos de hacer pedagogía, y comience una etapa de renovación donde se establezca un vínculo directo para la acción de la enseñanza – aprendizaje.

Para ello, es necesario que nuestras salas de clases aborden prácticas pedagógicas tales como: mayor trabajo colaborativo entre profesores/as, donde se comience a valorar un enfoque interdisciplinario de las clases y abandonar la fragmentación de las asignaturas; valorización de los estudiantes a partir de sus saberes previos que éstos traen desde el hogar y su ambiente social; favorecer estrategias evaluativas de carácter formativo, donde la evaluación deje de ser un ‘arma coercitiva’ que está en manos del profesor/a y se convierta en una auténtica instancia de aprendizaje; mayor acercamiento de los padres y apoderados hacia la escuela; sacar a los estudiantes de la escuela, brindando salidas pedagógicas (museos, plazas, barrios, empresas, etc.) que efectivamente impacten en el  proceso de enseñanza – aprendizaje; apoyo hacia los docentes, en cuanto al manejo conductual y emocional. Acciones como estas, permiten una mayor reflexión, en el rol de educador/a, independiente del nivel educativo sobre el cual se desempeñe.

Los estudiantes de hoy, no son los mismos de antes y exigen un mayor involucramiento frente a su desempeño como aprendices del siglo XXI. Ahora bien, ninguna reflexión pedagógica se puede concretizar en la escuela si no existe un fuerte liderazgo desde los equipos directivos e incluso sostenedores de cada contexto escolar. Son ellos, quienes deben dar el primer paso para motivar a sus educadores, así como, destinar los recursos necesarios para enfrentar prácticas pedagógicas actualizadas y las cuales sean representativas para motivar el trabajo de docentes y estudiantes.

El que se brinden espacios de reflexión pedagógica al interior de los colegios, depende en gran parte de la voluntad de los integrantes de la comunidad educativa, solo así se podrán transformar las prácticas atribuibles a una enseñanza y aprendizaje doctrinal.

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