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OPINIÓN

“Responsabilidad Penal de personas jurídicas” Por Alexis Rogat (Fiscal Regional de Atacama)

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La Ley 20.393, publicada en el Diario Oficial el 02 de diciembre de 2009, introdujo un importante cambio en nuestra legislación al establecer sanciones de carácter penal a las personas jurídicas de derecho privado tales como empresas, sociedades comerciales, corporaciones y fundaciones, además de empresas del Estado, conformando una excepción a la regla general que establece que la responsabilidad por la comisión de un delito sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Esta innovación en la política criminal chilena marcó un importante cambio respecto de la forma tradicional en que se había entendido la responsabilidad delictual.

Esta ley posee un espacio de aplicación muy preciso que se resume en  delitos específicos: a) lavado de activos, b) financiamiento del terrorismo; c) delito de cohecho activo a funcionario público nacional y extranjero, d) receptación; además sanciona el delito de asociación ilícita.

La normativa pone a cargo de la Fiscalía de Chile la persecución de los delitos ya señalados, siempre que los ilícitos establecidos en ella fueren cometidos por los dueños de las personas jurídicas, sus controladores, ejecutivos principales o quien sea que realice actividades de administración y supervisión, así como por las personas naturales que estén bajo supervisión directa de los mencionados anteriormente. Cuando el delito fuere cometido directa e inmediatamente en beneficio de la persona jurídica o para su provecho y en los casos en que los delitos sean producto del incumplimiento de parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión.

Las penas que la ley mencionada establece para este tipo de ilícitos van desde la disolución o cancelación de la persona jurídica, las más graves, hasta la multa, la más leve, pasando por sanciones que buscan hacer pública y notoria la situación de la persona jurídica que compromete su prestigio o imagen corporativa, como la publicación en el Diario Oficial u otro medio de circulación nacional de un extracto de la sentencia condenatoria.

Debemos dejar en claro que estas sanciones afectan directamente a la persona jurídica, pero operan en forma independiente de aquel castigo que se podrá imponer a las personas naturales, tales como dueños de las empresas, sus controladores, gerentes o ejecutivos principales, por los delitos cometidos por éstos que provocaron la condena a tal o cual persona jurídica.

Finalmente, debemos decir que la mencionada Ley surgió en el contexto de un marco de adaptación progresiva de la política criminal chilena a estándares internacionales de persecución penal, donde lo prioritario era la protección del orden público económico y su concordancia con la estabilidad económica internacional, innegablemente asociado al ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, todo lo que ha significado un notable avance y una innovación en el control de los delitos corporativos, sin perjuicio que ello pudiera resultar insuficiente ante el complejo y progresivo desarrollo de la criminalidad económica en el país.

 

 

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OPINIÓN

“Ley de Convivencia Vial: hacia una ciudad justa” Por Vittorio Ghiglino (Seremi de transportes y Telecomunicaciones de Atacama)

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Un efecto palpable del desarrollo económico es el surgimiento de requerimientos más sofisticados, propios de un país que ha logrado resolver necesidades elementales y que avanza hacia los estándares de sociedades con un mayor ingreso per cápita. Si en el Chile de hace 20 años, la vivienda propia o la cobertura básica de salud o educación primaria eran las demandas más recurrentes de las familias, hoy los habitantes de nuestras ciudades claman también por mejores espacios públicos e igualdad de oportunidades para vivirlos, con calidad de vida. A eso apuntamos desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con las políticas de ciudad justa.

En el contexto de creciente densificación, el espacio público se transforma en un bien escaso que debemos administrar para convertirlo en el nuevo patio compartido de nuestras viviendas. Como autoridades, debemos trabajar para que ese espacio sea equitativo, accesible y, sobre todo, seguro.

La Ley de Convivencia Vial, que modifica la norma de tránsito y que entra en vigencia este domingo 11 de noviembre, tiene como objetivo equiparar el espacio vial que comparten los distintos modos de transportes, poniendo especial atención en la seguridad de aquellos usuarios más vulnerables como ciclistas y peatones, quienes representan un 53% de las muertes por accidente de tránsito.

Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo queremos favorecer a los modos no motorizados, como la caminata y la bicicleta, sino que también, queremos contribuir en la construcción de urbes más amables.

Hoy en día ya existen demasiadas brechas en una misma ciudad, por lo que tenemos que invertir en infraestructura para contar con un sistema de transporte integral para Atacama. Esa visión de futuro y equidad es plenamente compartida por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y el Intendente Francisco Sánchez, quien está decidido a promover la construcción de una región más moderna y justa.

Estamos convencidos de que en Atacama debe haber cambios sustanciales en materia de Transporte Público, pero también, debemos impulsar un cambio cultural que instaure el respeto entre conductores, peatones y ciclistas. Y ese es justamente el objetivo de la Ley de Convivencia Vial.

 

Vittorio Ghiglino Bianchi
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama

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“Proteger es educar” Por Elías Úbeda Greig, psicólogo Clínico y Forense

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Regularmente visualizamos el maltrato escolar como una agresión entre niños y jóvenes, pero ¿Qué ocurre realmente cuando el agresor es un profesor(a)? (más…)

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Política en tiempos de redes sociales ( por Rodrigo Rojas Veas, Rector Santo Tomás Copiapó )

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Hace una semana el tablero político de la región se remeció con la elección de Jair Bolsonaro. Junto con el giro copernicano de este cambio de signo político conviene poner atención a la manera en que la campaña electoral se desarrolló, pues esta consolidó un cambio de paradigma que desplaza la concepción en que, hasta quizás los primeros 15 años de esta centuria, se desplegaron las campañas y la forma misma de hacer política.

Vemos cómo se consolida la transmutación desde la “Democracia representativa” hacía lo que podríamos entender como la “Democracia virtual”, en la que las tecnologías de la información adquieren cada vez mayor protagonismo. Así, pasamos de las campañas basadas en el contacto de masas hacía estrategias que utilizan las “herramientas de mercado de masas’, como las redes sociales Facebook, Whatsapp o Twitter que no requieren el encuentro presencial entre electores y candidatos sino solo el conectarse a través de teléfonos inteligentes.

En la elección de Brasil, el candidato ganador no participó de los debates, no dio grandes conferencias de prensa y fue muy selectivo para dar entrevistas llegando a entregar su discurso como presidente electo, a través de Facebook live y no por medio del ritual de un acto transmitido por cadena de prensa.

¿Es esto malo o bueno?… La aspiración de la democracia digital, también conocida como democracia electrónica o “e-democracy”, es hacer más accesibles los procesos y aumentar la participación ciudadana en la discusión pública, en un periodo en que el modelo de “representación” se encuentra en una crisis de confianza.

Lucy Bernholz,  de la Stanford University nos señala los pros y los contras de la democracia digital. Para ellas “las redes sociales pueden ser útiles, pero no son suficientes”. Son útiles porque llegan a muchas personas, pero “son peligrosas porque son espacios de propiedad empresarial, que utilizan los datos digitales para propósitos propios, los acumulan y los comparten con autoridades gubernamentales sin el consentimiento de las personas”. Por mi parte, añado los riesgos evidenciados con las fake news o noticias falsas sobre las que se hicieron muchas denuncias y que pueden generar tendencias de opinión publica de alcances insospechados.

Hay quienes dicen que la política hoy son las redes sociales pero por lo visto, que la “democracia digital” se convierta en una “falsa democracia” es un riesgo latente,

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