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OPINIÓN

“Con-vivir en la comuna” Por Daniel Sánchez – (Académico Facultad de Ciencias Sociales, U.Central)

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Todos habitamos en alguna comuna. Muchos llegaron con sus familias a construir la vida y habitar en un suelo que, por casualidad, les tocó morar. Nadie es dueño de la ciudad ni menos de un sector.

Hoy pareciese que vivir en Las Condes resulta un signo de estatus, de mejor valía o alcurnia pero tal situación es inventada y sus argumentos son evidentemente falsos.

Desde hace un tiempo, la zona se ha plagado de edificios afectando el espacio y la calidad de los servicios. Son tantas personas viviendo en pocos metros cuadrados que es difícil encontrar la cálida brisa de invierno. Pero a muchos no nos  importa quien llegue a con-vivir, la ciudad nos pertenece a todos y cada cual es libre de vivir donde desee. Nuestra tarea consiste en aceptar el arribo de todos.

Por ello, las iniciativas del alcalde Joaquín Lavín pereciesen ir en la senda correcta; una ciudad que se abre para todos y una comuna que permite la integración de cada persona. Pensar que la construcción de “viviendas sociales” podría traer infortunios a la comuna resulta cavernario y torpe.

Chile ha avanzado mucho en agendas de igualdad e inclusión sea laboral, sexual y racial. No ha sido fácil caminar por una senda que abre las puertas a una mirada más inclusiva y horizontal pero la discusión urbanística pareciese que ha llegado de manera inesperada.

En Las Condes, la eventual llegada de estas “viviendas sociales” no viene sino a demostrarnos una vez más que es necesario construir comunidad. Nos obliga a mirar (al fin) al prójimo como legítimo y comprender que desde esa otredad es posible avanzar hacia una real madurez cívica.

 

 

 

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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