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OPINIÓN

“Integración territorial para la cohesión social” Por Dra. Neida Colmenares (Académica de la Facultad de Gobierno, U. Central)

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La reciente propuesta municipal de creación y asignación de viviendas sociales en la Rotonda Atenas, y las 14 mil familias que se estima que postularán a este beneficio, donde el municipio resolverá a favor de apenas 1.400 familias, no solo ha generado desavenencias entre los vecinos de Las Condes, sino además nos ha recordado las brechas sociales que existen en Chile, evidenciando que la desigualdad también tiene que ver con una dimensión territorial.

Este hecho demuestra que, aun cuando los diagnósticos sociales y territoriales que existen en el país, en general, gozan de consenso entre los actores políticos y comunitarios, no logran suscitar este mismo nivel de acuerdo cuando se trata de diseñar las soluciones. Por el contrario, lo que ocurre en Las Condes nos ha demostrado que implementar políticas de integración territorial puede concitar los más creativos discursos de la NO-inclusión.

Respecto al diagnóstico técnico y político que sustenta la propuesta de creación de viviendas sociales en esa comuna, subyace el hecho de que todos estamos de acuerdo en que, si bien Chile ha avanzado en mejorar sus indicadores socioeconómicos, logrando una economía estable y una significativa reducción de la pobreza, aún persisten brechas de desarrollo sustantivas entre personas y hogares que se manifiestan en todas las escalas posibles, es decir, entre regiones, entre comunas e intracomunalmente.

Por cierto, brechas que son de fácil constatación cuando se hace “lo clásico” de los estudios territoriales: revisar datos nacionales y subnacionales sobre indicadores de concentración poblacional, de capacidad de generación de ingresos autónomos de los municipios, la configuración del Fondo Común Municipal, de asimetrías en los presupuestos comunales, y las estadísticas de concentración socio-espacial de la pobreza y las vulnerabilidades comunales en general.

La integración territorial tal cual la ha planteado el municipio de Las Condes, tiene el valor de visibilizar que existe pobreza intracomunal en un territorio que no solo registra estándares de bienestar económico y urbanístico de primer nivel en el país, sino que también cuenta con un imaginario colectivo homogéneo respecto a quienes habitan en ese espacio local, atribuyendo sobre estas personas condiciones materiales, sociales y culturales consistentes con estos positivos indicadores comunales.

Al quedar en evidencia que este imaginario colectivo sobre “lo que es” Las Condes y sobre “quienes viven” en esta comuna es mucho más diverso, y que implica una comunidad intracomunal que demanda con justa razón beneficiarse del progreso que acompaña al territorio, se nos vuelve a interpelar sobre la necesidad de generar una reflexión social acerca de la importancia de las políticas de integración territorial, ya que estas son un elemento clave para la cohesión social.

Debemos erradicar prejuicios y estigmatizaciones que se convierten en barreras para la inclusión e insistir en que el desarrollo y el crecimiento económico debe generar círculos virtuosos que sean inclusivos y no exclusivos a un sector.

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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