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OPINIÓN

“El fenómeno de la retractación” por Alexis Rogat Lucero (Fiscal Regional de Atacama)

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El retiro de una denuncia en casos de violencia intrafamiliar no significa la detención del trabajo investigativo que desarrolla la Fiscalía.

 

El delito de violencia intrafamiliar es uno de los ilícitos que mayor incidencia tiene en los ingresos de denuncias a las Fiscalías de la región de Atacama. Este posee características particulares lo que implica una preocupación especial del Ministerio Público de velar por la seguridad de las víctimas, en cuyas investigaciones, post agresión, muchas veces ocurre un fenómeno que trae como consecuencia la imposibilidad de esclarecer el hecho denunciado y de obtener la eventual sanción para el responsable. Hablamos de la “Retracción de la denuncia”, esto significa que luego de interponer una denuncia, el afectado o afectada por el delito, manifiesta su intención de no continuar con el proceso investigativo.

Esta preocupación especial a la que nos hemos referido, implica no sólo escuchar a la víctima si no que también hacer todo lo que esté al alcance institucional para protegerla y es, precisamente, en los casos de violencia intrafamiliar, en que estos dos aspectos deben reforzarse atendido el estado de vulnerabilidad que muchas veces presenta el afectado o afectada.

Frente a ello, la Fiscalía debe -por expreso mandato del Fiscal Nacional- ponerse en contacto con las víctimas de violencia intrafamiliar en un plazo no superior a 24 horas, buscando así reunir la mayor información posible para desentrañar el hecho y establecer, además, el primer contacto entre la Fiscalía, como ente persecutor y el denunciante que requiere de la atención, apoyo y protección de sus derechos e integridad.

Esta clase de herramientas han sido promovidas precisamente, buscando asegurar una investigación oportuna y efectiva de casos que, tenemos la certeza, son relevantes y de un alto interés social e institucional.

No está de más aclarar que la retractación en investigaciones por violencia intrafamiliar, no impide ni genera la interrupción de una indagatoria penal, pues el fiscal a cargo tiene la obligación legal de revisar caso a caso los antecedentes que la componen y de agotar todas las instancias que estén a su alcance para esclarecer el hecho y, de estimar que tiene prueba suficiente para continuar con la tramitación de la causa, perseguir penalmente al responsable.

Si bien es cierto, esto pudiera parecer contradictorio, ya que una de las obligaciones del fiscal es escuchar a la víctima, la experiencia indica que el fenómeno de la retractación generalmente no se produce porque los hechos no hubieren ocurrido, sino por el contrario, muchas veces la afectada no desea seguir con la causa por factores asociados al vínculo que mantiene con el imputado o con el entorno de éste. A veces, debido a que aún mantiene temor a su agresor, como ocurre por lo general cuando éste es su conviviente, cónyuge o bien la persona con quien mantiene hijos en común; y en otras ocasiones, porque alberga la esperanza de retomar su vida en pareja a pesar del riesgo latente para su integridad.

Las señaladas, son poderosas razones para decir “no quiero continuar con la investigación”, pero no se debe olvidar que una de las principales funciones  del Ministerio Público, en aras de mantener la paz social, es proteger a las víctimas de delitos, incluso cuando éstas estimen que ya no lo necesitan.

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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