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OPINIÓN

“Reducción de velocidad en zonas urbanas: seguridad y bienestar para todos” Por Vittorio Ghiglino (Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama)

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Este fin de semana se publicó en el Diario Oficial la ley que reduce de 60 a 50 km/h la velocidad máxima en zonas urbanas, una iniciativa impulsada por nuestro Gobierno, que además de fomentar mejores condiciones de seguridad para conductores, ciclistas y peatones, refleja la visión de ciudad que queremos promover.

Aunque parezca un cambio menor, está comprobado que reducir en 10 km la velocidad máxima, mejora la capacidad de reacción ante eventuales imprevistos y aumenta las probabilidades de supervivencia al doble frente a un siniestro, sobre todo de peatones y ciclistas. Asimismo, con la nueva Ley de Convivencia Vial, que entrará plenamente en vigencia en noviembre, se obligará a los ciclistas (excepto niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad) a usar la calzada, por lo que era necesario y urgente mejorar las condiciones de seguridad y desplazamiento en la calle antes de implementarla.

Estamos conscientes de que el comportamiento no cambia si no hay fiscalización, por lo que estamos en coordinación con nuestro equipo de Fiscalizadores y Carabineros para poder supervisar e informar este cambio de la mejor manera posible a toda la ciudadanía. Nuestro rol es educar y salvar vidas más que castigar.

Por último, queremos avanzar a una ciudad moderna en donde los modos no motorizados tengan un espacio que nos permitan disfrutar mucho mejor de los espacios públicos. También queremos vivir una ciudad más amigable y armónica, en la cual una velocidad moderada nos permite compartirla en armonía y de forma justa con los distintos usuarios del espacio público. Menos autos, más transporte público y más caminatas, son temas pendientes en nuestra región y queremos hacernos cargo de esos cambios. Hoy el uso masivo de la bicicleta, las energías limpias y la reducción en el uso del automóvil ya son una realidad en muchas partes del mundo y nosotros no queremos quedarnos atrás.

 

Como Gobierno estaremos en constante coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y los municipios locales para mejorar la calidad de vida de todos y construir ciudades más amigables para las personas. Esa es nuestra prioridad.

 

 

 

 

 

 

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OPINIÓN

“La separación de poderes y la función Judicial” Por Emilio Oñate Vera (Decano Facultad de Derecho, U. Central)

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En su obra “El espíritu de las leyes” de 1748, Montesquieu consagra uno de los elementos más trascendentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Estado de derecho, me refiero al principio de separación de los poderes del Estado, que implica que esa separación supone una independencia de los poderes del estado y más específicamente de las funciones públicas, dicha independencia se sustenta también en el adecuado control existente entre cada órgano estatal. Es precisamente ese control o verificación reciproca entre poderes la que fundamenta la acusación constitucional sobre los ministros de Estado o sobre los magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Parece importante remarcar lo dicho frente a los variados comentarios que se han esgrimido a propósito de que la sola formulación de una acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema que han otorgado libertad condicional a condenados por violaciones a los DD.HH supondría un atentado contra la separación de poderes dañando el Estado de derecho, cuando a mi entender, el estado de derecho no solo significa una independencia entre las funciones públicas que el Estado realiza, sino también un adecuado control institucional cuando algún órgano estatal  incumple los deberes que la constitución y las leyes le asignan.

La sola presentación de la acusación constitucional en nada menoscaba el estado de derecho ni la separación de poderes, la pregunta es ¿se configura el notable abandono de deberes por la actuación de los ministros de la sala penal?, a mi entender, evidentemente no. Desde luego cualquier observador de la contingencia puede estimar desafortunada la decisión o incluso los actores políticos con más o menos intensidad pueden reprochar el otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores de DD.HH, sin embargo tales beneficios están previstos y vigentes en  la ley, por lo que sostener que los jueces han incumplido sus deberes francamente parece un despropósito, especialmente porque el notable abandono de deberes no solo debe tener una fundamentación política, sino también jurídica y aquí en nada se ha contradicho a la ley.

Inequívocamente los delitos de lesa humanidad no son equiparables a los llamados delitos comunes, sin embargo, independientemente de lo que a cada cual le parezca, los jueces han actuado dentro del marco institucional, es de esperar que nuestros congresistas también lo hagan y entiendan que la función de fiscalización y control que la constitución les asigna sobre los otros poderes del estado, este a la altura de lo que la ciudadanía con tanta intensidad demanda de las autoridades, seriedad y fundamento, lo que lamentablemente a estas alturas parece ser algo difícil de encontrar.

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