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OPINIÓN

“Educación, gratuidad e inequidad” Por Santiago González (Rector Universidad Central)

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La Contraloría General de la Republica publicó el estudio, ‘Financiamiento Fiscal a la Educación Superior año 2017’, que trae un apartado sobre financiamiento fiscal para gratuidad. Esto permite ver como el fisco distribuye los recursos entre las universidades, IP y CFT, dando una orientación de la forma en que el Estado invierte en educación superior.

En 2017 el país invirtió US$ 3.073 millones en este ítem, de los cuales un 39,2% (US$1.205 MM) fueron a los estudiantes en créditos y becas, un 27% (US$ 831 MM) directo a las instituciones y un 33,8% (US$ 1.037 MM) para la gratuidad.

Si hacemos foco en los recursos destinados directamente a las instituciones de educación superior vemos que de los US$ 831 MM, un 55,5% (US$ 461 MM) se destinan a las universidades estatales del CRUCH (que son 18), un 37,3% (US$ 309 MM) a las universidades no estatales del CRUCH (9) y un 7,2% (US$ 60MM) al resto de la instituciones (137), que incluye universidades privadas, IP y CFT.

Las universidades del CRUCH (27) reciben del fisco US$ 770 MM anuales, equivalente al 93% de los recursos que el Estado destina directamente a instituciones de educación superior. Esto demuestra la inequidad en la asignación de recursos en educación superior, explica el interés de las universidades por ingresar al CRUCH, y lo discriminatorio que resulta para otras universidades acreditadas el no tener acceso a participar de esa instancia académica.

Respecto a las cifras de gratuidad, de las 44 instituciones adscritas a esta política, 27 pertenecen al CRUCH, 5 a universidades privadas, 6 a IP y 6 a CFT. El déficit que genera este sistema en las instituciones, es decir la diferencia entre aranceles reales y aranceles de gratuidad que debe ser financiado por las instituciones, alcanza a la suma de US$ 26,5 MM anuales, de los cuales el 83% (US$ 22 MM) recae en las instituciones privadas. Una segunda conclusión; las universidades del CRUCH financian la gratuidad con los aportes directos adicionales que les entrega el fisco, las universidades privadas deben hacerlo con recursos propios y de sus estudiantes.

El informe de la Contraloría refleja una inequidad tan clara y evidente hacia los estudiantes que llama a una profunda reflexión, respecto de si la asignación de recursos públicos en nuestro sistema de educación superior tiene lógica, con la política de educación superior mixta y gratuidad parcial que se ha dado el país y su impacto en la calidad, agravado por el hecho de que del total de jóvenes en la educación superior, el 72% es decir 897.753, estudia en instituciones privadas, no pertenecientes al CRUCH.

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OPINIÓN

“Ley de Convivencia Vial: hacia una ciudad justa” Por Vittorio Ghiglino (Seremi de transportes y Telecomunicaciones de Atacama)

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Un efecto palpable del desarrollo económico es el surgimiento de requerimientos más sofisticados, propios de un país que ha logrado resolver necesidades elementales y que avanza hacia los estándares de sociedades con un mayor ingreso per cápita. Si en el Chile de hace 20 años, la vivienda propia o la cobertura básica de salud o educación primaria eran las demandas más recurrentes de las familias, hoy los habitantes de nuestras ciudades claman también por mejores espacios públicos e igualdad de oportunidades para vivirlos, con calidad de vida. A eso apuntamos desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con las políticas de ciudad justa.

En el contexto de creciente densificación, el espacio público se transforma en un bien escaso que debemos administrar para convertirlo en el nuevo patio compartido de nuestras viviendas. Como autoridades, debemos trabajar para que ese espacio sea equitativo, accesible y, sobre todo, seguro.

La Ley de Convivencia Vial, que modifica la norma de tránsito y que entra en vigencia este domingo 11 de noviembre, tiene como objetivo equiparar el espacio vial que comparten los distintos modos de transportes, poniendo especial atención en la seguridad de aquellos usuarios más vulnerables como ciclistas y peatones, quienes representan un 53% de las muertes por accidente de tránsito.

Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo queremos favorecer a los modos no motorizados, como la caminata y la bicicleta, sino que también, queremos contribuir en la construcción de urbes más amables.

Hoy en día ya existen demasiadas brechas en una misma ciudad, por lo que tenemos que invertir en infraestructura para contar con un sistema de transporte integral para Atacama. Esa visión de futuro y equidad es plenamente compartida por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y el Intendente Francisco Sánchez, quien está decidido a promover la construcción de una región más moderna y justa.

Estamos convencidos de que en Atacama debe haber cambios sustanciales en materia de Transporte Público, pero también, debemos impulsar un cambio cultural que instaure el respeto entre conductores, peatones y ciclistas. Y ese es justamente el objetivo de la Ley de Convivencia Vial.

 

Vittorio Ghiglino Bianchi
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama

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“Proteger es educar” Por Elías Úbeda Greig, psicólogo Clínico y Forense

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Regularmente visualizamos el maltrato escolar como una agresión entre niños y jóvenes, pero ¿Qué ocurre realmente cuando el agresor es un profesor(a)? (más…)

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Política en tiempos de redes sociales ( por Rodrigo Rojas Veas, Rector Santo Tomás Copiapó )

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Hace una semana el tablero político de la región se remeció con la elección de Jair Bolsonaro. Junto con el giro copernicano de este cambio de signo político conviene poner atención a la manera en que la campaña electoral se desarrolló, pues esta consolidó un cambio de paradigma que desplaza la concepción en que, hasta quizás los primeros 15 años de esta centuria, se desplegaron las campañas y la forma misma de hacer política.

Vemos cómo se consolida la transmutación desde la “Democracia representativa” hacía lo que podríamos entender como la “Democracia virtual”, en la que las tecnologías de la información adquieren cada vez mayor protagonismo. Así, pasamos de las campañas basadas en el contacto de masas hacía estrategias que utilizan las “herramientas de mercado de masas’, como las redes sociales Facebook, Whatsapp o Twitter que no requieren el encuentro presencial entre electores y candidatos sino solo el conectarse a través de teléfonos inteligentes.

En la elección de Brasil, el candidato ganador no participó de los debates, no dio grandes conferencias de prensa y fue muy selectivo para dar entrevistas llegando a entregar su discurso como presidente electo, a través de Facebook live y no por medio del ritual de un acto transmitido por cadena de prensa.

¿Es esto malo o bueno?… La aspiración de la democracia digital, también conocida como democracia electrónica o “e-democracy”, es hacer más accesibles los procesos y aumentar la participación ciudadana en la discusión pública, en un periodo en que el modelo de “representación” se encuentra en una crisis de confianza.

Lucy Bernholz,  de la Stanford University nos señala los pros y los contras de la democracia digital. Para ellas “las redes sociales pueden ser útiles, pero no son suficientes”. Son útiles porque llegan a muchas personas, pero “son peligrosas porque son espacios de propiedad empresarial, que utilizan los datos digitales para propósitos propios, los acumulan y los comparten con autoridades gubernamentales sin el consentimiento de las personas”. Por mi parte, añado los riesgos evidenciados con las fake news o noticias falsas sobre las que se hicieron muchas denuncias y que pueden generar tendencias de opinión publica de alcances insospechados.

Hay quienes dicen que la política hoy son las redes sociales pero por lo visto, que la “democracia digital” se convierta en una “falsa democracia” es un riesgo latente,

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