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OPINIÓN

“Macrozona Norte de la Fiscalía de Chile” por Alexis Rogat Lucero (Fiscal Regional de Atacama)

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Se acordaron importantes acciones para atacar de manera efectiva el tráfico de drogas en el norte del país.

Por primera vez desde que integra la Macrozona Norte del Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Atacama recibió a los fiscales regionales desde Arica hasta  Coquimbo, en una actividad de dos días cuyo objetivo, en esta ocasión, fue analizar temáticas relativas al impacto que el delito de tráfico de drogas genera en el norte del país y también planificar estrategias de trabajo común tendientes a mejorar la persecución penal que desarrollan las distintas Fiscalías de la Macrozona en dicha materia.

En esta oportunidad, los fiscales regionales concurrieron a la cita acompañados por fiscales adjuntos especialistas en investigaciones de delitos de droga, quienes escucharon atentamente las exposiciones del Director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de la Fiscalía Nacional y del Subdirector Jurídico de Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Crimen Organizado y Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional. Junto a éstos, también expusieron las jefatura de la Dirección General de Territorio Marítimo dependiente de la Armada de Chile, del Director de Control de Drogas de Carabineros y del subjefe del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario de Gendarmería, quienes dieron cuenta de la evolución sostenida que está presentando el delito de tráfico de drogas en sus diferentes figuras, lo que generó entre los asistentes un productivo debate sobre la aplicación de diferentes técnicas investigativas y las nuevas modalidades de transporte y ocultamiento de droga utilizadas por la delincuencia organizada.

Conjuntamente con lo señalado, en el encuentro los integrantes de la mesa de trabajo acordamos importantes acciones conjuntas que buscan atacar de manera efectiva el tráfico de drogas en el norte del país. Lo que constituye además, un importante avance en materia de compromisos con la ciudadanía, pues el equipo de la Macrozona Norte pasó de esta manera, de una etapa eminentemente formativa, que consistió en un proceso de análisis y la elaboración de un diagnóstico de la situación delictiva de cada fiscalía del norte, a una etapa de ejecución de políticas de persecución penal de delitos específicos, respecto de la cual, hay significativos esfuerzos comprometidos, tanto de quienes formamos parte del Ministerio Público como también de los órganos colaboradores de nuestra gestión.

Vale la pena recordar que la Macrozona Norte de la Fiscalía de Chile, nació hace ya dos años como una idea de las fiscalías regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y que con la incorporación de Atacama y posteriormente la Región de Coquimbo, se consolida como una importante instancia contra la lucha de aquellos graves delitos que afectan de manera similar al norte del país.

 

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Crisis sociales y derechos humanos: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ( por Franco Luna, Ucen Región de Coquimbo )

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La actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19, significó un impacto en la economía familiar, lo que afecta considerablemente la capacidad de satisfacer sus necesidades alimenticias. Resulta entonces legítimo, reflexionar en torno a las obligaciones del Estado de Chile en relación al Derecho a la Alimentación.

En primer lugar, los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados a la dignidad humana, es decir, son indispensables para la subsistencia del individuo, su plan de vida, y desenvolvimiento libre dentro de la sociedad. Son esenciales para el sujeto y gozaría de ellos únicamente por su naturaleza humana, sin necesidad de satisfacer otros requisitos o condiciones. El Derecho a la Alimentación, se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y consiste en la posibilidad de tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante compra en dinero, a una alimentación cualitativa y cuantitativa, en armonía a la cultura de la población del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria y digna.

¿Cuáles son entonces, las obligaciones del Estado en relación a este Derecho? Primero, respetar, es decir, no interponer barreras para que las personas obtengan alimentos y abstenerse de entorpecer su producción por parte de los individuos o comunidades. Proteger, adoptar medidas para evitar cualquier privación del acceso a una alimentación adecuada. Desarrollar, llevar a cabo todas las actividades necesarias para fortalecer el acceso a la alimentación, especialmente cuando un grupo o persona, por razones fuera de su control, sea incapaz de disfrutar de este derecho, por ejemplo, en casos de catástrofes o crisis como la actual. En conclusión, el Estado está obligado de auxiliar a las personas que no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias, facilitando el acceso o entregando alimentos suficientes para las exigencias fisiológicas humanas.

 

 

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«Patrimonio y sentido de pertenencia» Por Paz Walker Fernández (Arquitecta y Académica Ucen Coquimbo)

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El Patrimonio constituye un legado cultural que es fuente de identidad de los pueblos.

Ponerlo en valor y preservarlo es de suma importancia, ya que el proceso de globalización en el mundo, y el desarrollo de una economía de escala universal, ha generado la necesidad cada vez mayor de resguardar los espacios de pertenencia.

El  Patrimonio Arquitectónico y Urbano es especialmente importante porque constituye  el entorno que guarda la memoria de la vida cotidiana y le da el sentido de pertenencia.  Es lo que la reconoce en una historia y una geografía que lo sustenta.

Las características de cada ciudad se componen y estructuran de manera especial y única, constituyendo los lugares, caracterizados e identificables, que el habitante asume de modo familiar y  por lo tanto, constituyen piezas claves del hábitat urbano.

Como consecuencia de los procesos globalizadores y del desarrollo de una economía de escala universal se ha generado la necesidad cada vez mayor de resguardar los espacios de pertenencia.

La ciudad  de  San  Bartolomé  de  la  Serena,  fundada  en 1544  por  orden  del  capitán  Pedro  de  Valdivia,  y re-fundada  el  26  de  agosto  de  1549  por  don  Francisco  de Aguirre, corresponde  a  la  segunda  ciudad  más antigua  del  que fuera el reino  de  Chile,  situación  que  le  significa  ser  poseedora de  un patrimonio  histórico  y  arquitectónico especialmente  valioso.

Sin embargo, aunque esta situación es reconocida, actualmente muchas de sus edificaciones, incluso las denominadas Monumento Nacional, se encuentran en estado de deterioro y muchas han sido demolidas.

Se hace imprescindible entonces, tomar atención y hacer lo que sea necesario para no perder este bien cultural y material.

El reconocimiento y puesta en valor de este patrimonio es condición fundamental para su recuperación y preservación.

 

Paz Walker Fernández, Arquitecta y Académica, (Ucen Región de Coquimbo)

 

 

 

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“Pandemia, Merkel y los ancianos” Por Ximena Torres Cautivo (periodista)

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“Corroboramos a los fallecidos”, dijo a la prensa el carabinero a cargo. Fue el olor de la descomposición de los cuerpos y la ausencia del vecino, Luis, un adulto mayor de 76 años, que cuidaba a Berta, su hermana de 68, postrada a causa de un accidente, lo que alertó al barrio. Ambos fueron encontrados muertos en su casa, en El Llano de Coquimbo. Se investiga si los decesos fueron producto del coronavirus, causa que se confirmará dentro de un par de semanas.

Terrible final, que no difiere nada de lo sucedido en países como España e Italia hace unos meses, cuando el Covid-19 fulminaba como una bomba de racimo a los asilados en clínicas y hogares geriátricos. A los que estaban enfermos, solos, descuidados.

Una vecina cercana a esas latitudes, la canciller alemana Angela Merkel –de 65 años, punto de entrada a lo que se llama la adultez mayor, según definición de la OMS–, ha sido rotunda cuando ha dicho “encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral».

Se refiere al confinamiento como medida de protección, liberando de la cuarentena primero a los jóvenes ahora que allá lo peor ha pasado, y dejando guardados a los viejos. Merkel entiende que la vulnerabilidad de los mayores se profundiza cuando están solos y no reciben asistencia, que es lo más crítico. Y es la situación de ancianos cuidados muchas veces por alguien tan mayor como ellos, como es el caso de los hermanos Berta y Luis, de Coquimbo. Para estas personas, recluidas y en soledad, en tiempos normales, programas sociales como los de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor, que les prestan ayuda y compañía, tanto a ellos como a sus cuidadores, son invaluables. Hoy, ese apoyo, ha sido reemplazado por contactos telefónicos y asistencia remota, que sirve, pero no es ni de cerca lo mismo. Cómo proteger prioritariamente a este grupo, el de los adultos mayores, en abandono, postración y soledad, manteniendo sus derechos, es una cuestión abrumadora, tan profunda y compleja moralmente, como el debate en torno a la última cama.

 

 

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