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OPINIÓN

“Normalización de ocupaciones costeras, la valentía de tomar decisiones necesarias” : Por Carla Guaita Carrizo, seremi de Bienes Nacionales Atacama

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Hace algunos días atrás, y en medio de su última visita a la Región de Atacama, el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, realizó un anuncio muy celebrado, y largamente esperado por miles de personas naturales y familias que por años ocuparon ilegalmente la costa atacameña: se trata de un plan de normalización de las ocupaciones ilegales del borde costero, y de generación de oferta.

Ésta, corresponde a una medida pensada, primero, en las personas, quienes en medio de una total ansiedad eran presas de una incertidumbre tal, que las llevó a golpear puertas y a recurrir a múltiples autoridades, sin obtener una respuesta satisfactoria e idónea, acorde a su necesidad: ellos requerían la venta de terrenos. Es, por tanto, la primera vez que un Gobierno les da la satisfacción de acceder a su sueño. Y no se trata de pocos beneficiarios, pues en palabras del propio Ministro, un porcentaje muy mayoritario de las personas van a poder optar a este plan de regularización, quedando fuera únicamente aquellas que están en lugares determinados como trazados de camino, zonas de riesgo, o quienes se hayan instalado con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en que se realizó una instantánea aerofotogramétrica del borde costero de Atacama.

Y luego, se trata de una propuesta que busca abrir la puerta al desarrollo de Atacama, mediante el buen uso del territorio, lo que, a corto y mediano plazo, permite el progreso a través de la implementación de áreas verdes, equipamiento y urbanización, a nada de lo cual se puede acceder sin la anhelada normalización y la planificación del territorio.

No desconocemos que lo ideal hubiese sido planificar previamente, y ocupar ordenadamente con posterioridad. Sin embargo, entre el paso del tiempo, la falta de oferta, y la inacción de las autoridades anteriores, finalmente se dio este caudal de ocupaciones sin orden ni concierto, lo que ha repercutido en la calidad de vida de los propios habitantes de la costa, y ocasionado opiniones de diversa valoración en torno al tema. El asunto es que, “alguien debía tomar el toro por las astas”, y asumir con valentía, y sin cálculo político, una propuesta y una toma de decisión necesaria para detener la desmesurada proliferación de nuevas ocupaciones. Sobre lo que no se hizo antes, insistimos, el peor escenario sería continuar llorando sobre la leche derramada, esperando que “el que viene después” solucione la problemática.

Para complementar los anuncios, el Ministro Ward destacó que adicionalmente se iniciará un proceso de oferta abierto a personas que también quieran optar a ser propietarios en el borde costero, y que no estén actualmente ocupando terreno fiscal, ello, para dar muestra de que, en lo futuro, este será el modo de asentarse sobre el territorio costero, ojalá mediante buenos proyectos, encabezados por personas naturales o jurídicas.
Es menester aclarar que, tanto el anuncio como la decisión antes mencionados, no corresponden desde ninguna óptica a una decisión antojadiza, sino fundamentada en un trabajo de sobrevuelo de 2.250 hectáreas, en 19 localidades, mediante el uso de un drone de última generación, lo que permitió recoger información clave en torno a las ocupaciones ilegales en la región de Atacama, lo que permitió construir un inédito catastro, y determinar así los perímetros históricos de los sectores de Rodillo, Barranquilla y Flamenco, lugares donde se llevarán a cabo los primeros procesos de venta, dentro de un plazo estimado de 12 a 15 meses.

Del éxito de esta propuesta de venta por macrolotes, dependerá proceder a una siguiente fase de normalización que se expandiría a otros balnearios y localidades costeras. Este éxito, eso sí, no puede lograrse sin un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional -liderado por el Intendente Francisco Sánchez-, las autoridades municipales, los parlamentarios, y obviamente, las personas. Esa es la forma de trabajo que nos ha solicitado seguir el Presidente Sebastián Piñera.

Este catastro de Borde Costero realizado durante el año 2018, lamentablemente no arroja datos en torno a las características de la habitación, ni referentes a la cantidad de habitantes asentados de forma permanente en el Borde Costero, sino aquello relacionado con la cantidad de ocupaciones y la forma como se han ido dando dichos asentamientos. Por lo tanto, nuestro próximo desafío en paralelo, será actualizar los datos catastrales relacionados con el hospedaje efectivo de las ocupaciones en Borde Costero, logística que requeriría de una inyección dineros, que hemos solicitado que puedan provenir desde el Gobierno Regional de Atacama.

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“La capacidad de estupidez de la gente me sobrepasa”. (Fiesta Balneario Portofino, Chañaral) ( por Max Barrionuevo, Arquitecto )

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Las medidas para combatir la pandemia han causado la paralización de actividades económicas, al punto que hoy nos provoca un tremendo deterioro en el crecimiento de empleabilidad en la comunida

Por eso cuando  me entero que en sector balneario Portofino, comuna de Chañaral, hubo una manifestación colectiva sin medidas de aislamiento,…

Me llama tremendamente la atención la irresponsabilidad de la gente a raíz del evento que se realizó el fin de semana pasado donde  asistieron entre 50 a 80 personas poniendo en riesgo a la población, mas aun sabiendo que Chañaral es una comuna  donde sólo había un caso reportado de Coronavirus.

“Dejémonos  de estupideces”, ….la circulación del virus en la población es comunitario y hoy cada vez es mayor, ….en Santiago ya están todos los recintos de salud  colapsados , no vengamos a desbordar la atención sanitaria en nuestras comunas.

Si eventualmente se infectara un  número importante de personas en Copiapó y que colapsara el sistema sanitario, probablemente aumentaría la mortalidad al no poder ofrecer las prestaciones necesarias por estar saturados los servicios de salud del resto del país y regiones vecinas que ya no tienen capacidad de atender más pacientes.

Estoy completamente en descuerdo con esta situación irresponsable de la comunidad, que debe entender los riesgos que conlleva tener una capacidad hospitalaria saturada.

En Copiapó tenemos en el hospital una capacidad de alrededor de 12 camas UCI disponibles y más o menos 12 o 15 respiradores, sin contar los 6 respiradores que hay en la Clínica Atacama (información que me dedique a preguntar a estos recintos de salud) con una población de aproximadamente 170.000 habitantes, sólo en nuestra comuna.

Está bueno que las autoridades de Chañaral se hagan cargo de esta situación ya que mucha gente que es de esa comuna viaja a Copiapó constantemente y significativamente van a llegar al hospital San José Del Carmen por atención, donde ya “no queremos mas contagiados”.

No podemos ser negligentes con nosotros mismos, no tenemos las capacidades suficientes para tanta estupidez.

 

Max Barrionuevo

Arquitecto

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La factura electrónica como indicador del precio real de mercado para compras públicas ( Por: Luis Núñez Barrientos. Contralor Ciudadano.)

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La grave crisis generada por la pandemia del COVID-19, al igual que la necesidad de responder de forma inmediata a las consecuencias de salud y económica de esta crisis, requieren que la infraestructura del sistema de compras públicas funcione en forma eficiente, transparente y con sentido de urgencia, para lograr dicho propósito propongo la creación de un sistema de compras basado en los valores efectivamente practicados por el mercado, reflejados en la factura electrónica, en lugar de seleccionar el mejor precio basando en los presupuestos y cotizaciones recibidas, los cuales pueden presentar valores sobrestimados; o, en lugar de basarse en los valores presentados por las propuestas de una licitación pública .  En otras palabras, la adquisición pública tendrá como parámetro el valor que alcanza un determinado producto en función de la competencia del mercado (ley de la oferta y la demanda). Además de brindar una mayor exactitud la identificación de los precios más bajos generara ahorros de recursos que pueden ser mejor aprovechados y redistribuidos por el estado en estos tiempos difíciles que estamos todos viviendo. La implementación de este sistema también significara rebaja el tiempo empleado en la investigación de mercado tradicional y promueve con ello una mayor transparencia en la gestión de compras del mercado público.

Metodología:

la base de datos recogida de las transacciones de la factura electrónica, en conjunto con parámetros estadísticos se podrán elaborar precios de referencia, evitando la compra de productos con valores superiores a los valores de mercado.  Esto significa que cada vez que una empresa emite una factura electrónica de su producto, el artículo se registra en las bases de datos del sistema de compras públicas, así como su descripción, volumen, stock, precio. En posesión de estos precios, el comprador público puede evaluar si las ofertas recibidas están dentro de los parámetros del mercado, pudiendo así definir los criterios de la compra.

la transparencia en las compras públicas, no solo viene a mejorar la eficiencia del gasto público, sino que también mejora la confianza de los ciudadanos para con los gobiernos regionales, comunales y el gobierno central.

Louis Brandeis, juez de la corte suprema de Justicia de los Estados Unidos a principio del siglo XX. Acuño la siguiente frase “La luz del sol es el mejor de los desinfectantes”.

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“Apoyo a los ingresos de las familias” Por Paulina Bassaure Aguirre, Gobernadora de la Provincia de Copiapó

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Como Gobierno seguimos generando acciones que permitan apoyar a todos los hogares que se han visto más afectados por el COVID_19. La promulgación del Ingreso Familiar de Emergencia es una nueva oportunidad que beneficiará durante la emergencia por coronavirus a las familias pertenecientes al 60% más vulnerable de nuestro país y cuya fuente de ingresos sea mayoritariamente informal, como lo son, quienes cuya fuente principal de ingresos proviene de un trabajo sin contrato formal y sin emisión de boletas de honorarios.

El deber del Estado, es acompañar a quienes más lo necesiten en situaciones de emergencia, por ello esta medida beneficiará por un periodo de tres meses a cerca de dos millones de hogares, integrados en promedio por dos personas, llegando a ayudar a 4,9 personas que necesitan una ayuda inmediata, y en la que una familia de 4 personas, compuesta por madre, padre y dos hijos, que no tiene ingresos formales recibirá hasta $260.000 el primer mes, $221.000 el segundo mes y tercer mes respectivamente gracias al Ingreso Familiar de Emergencia, como la cobertura de transferencia directa a las personas más grande que ha hecho el Estado, y es parte del Plan Económico de Emergencia.

Que se suma, apoyos a los ingresos familiares, a través del Bono Covid, que consiste en la entrega de $50.000 por cada beneficiario que esté dentro del programa de Subsidio Único Familiar, como también a los hogares del Subsistema Seguridades y Oportunidades, las Medidas Tributarias de Apoyo a Personas Naturales, con la postergación pago de primera cuota de contribuciones de abril del año 2020, la que se pagará en 3 cuotas, sin multas ni intereses, junto con la segunda (junio), tercera (septiembre) y cuarta (noviembre) cuota de contribuciones.

Estas y otras medidas, que se encuentran vigentes actualmente, como el Bono Invierno, que es un beneficio no postulable de más de 64 mil, que se entregará por una sola vez, junto a la pensión de mayo de 2020, el incremento a las pensiones realizado a fines del año recién pasado, la disminución de los medicamentos y la rebaja a los pasajes del transporte público destinado a los adultos mayores, son el reflejo de la constante preocupación por parte del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en las acciones dispuestas para quienes más requieren del acompañamiento del Estado.

 

 

 

 

 

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