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OPINIÓN

Proyecto 40 horas: Consideraciones e implicancias ( Pablo Mardones, Psicólogo, Magíster en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional, U. San Sebastián )

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Tras la aprobación del Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, es importante analizar que implicancias puede tener este cambio para la salud de los chilenos.

 

Uno de los principales pilares del  proyecto está centrado en la calidad de vida de los trabajadores. Chile comparado con el estándar OIT, tiene una jornada laboral extensa y es uno de los países que más trabaja en el mundo, por lo que parece necesario un cambio en esta materia.

 

Si bien, por una parte, el tiempo o la disminución del número de horas pueden favorecer la calidad de vida de los trabajadores, si se dejan de analizar las condiciones del trabajo actual, junto con las demandas organizacionales, la implementación de esta Ley puede generar potenciales estresores, con implicancias adversas en su calidad vida.

 

Uno de estos factores tiene relación con la brecha salarial actual que existe en nuestro país.  La desigualdad que existe actualmente en términos de remuneraciones, puede potenciar  la búsqueda de empleos informales como un complemento a los ingresos, y en consecuencia una mayor exposición en el tiempo trabajado, disminuyendo el tiempo para la familia, el tiempo libre o factores que promuevan la calidad de vida, y en ocasiones generar condiciones que sean factores de riesgo para la salud de los trabajadores.

 

Por otra parte, desde los cambios del entorno organizacional, la transformación digital requiere que las personas estén constantemente aprendiendo y desarrollando nuevas capacidades, por lo que la reducción de la jornada laboral puede tener implicancias en el tiempo de aprendizaje que se destine para el desarrollo de estas nuevas capacidades. De esta forma, es importante considerar políticas que promuevan la protección de las personas en este ámbito, como una implementación que favorezca los procesos de reconversión laboral, y prácticas efectivas que optimicen el tiempo que deberán invertir las personas en su desarrollo.

 

Además, la integración digital considera modalidades como el teletrabajo, que por una parte optimiza el tiempo y los recursos organizacionales, sin embargo, si es permanente puede generar una desconexión social y disminución de las relaciones interpersonales de los trabajadores, siendo un factor de riesgo para la salud mental asociado a la falta de vínculos interpersonales.

 

También, es importante evaluar la flexibilidad laboral estableciendo las condiciones para que no se transforme en un problema que implique incompatibilidad con los diferentes roles que tiene una persona, como son, por ejemplo, los roles familiares y laborales. Esto, entendiendo que en las jornadas con horarios flexibles, las personas deberán adaptarlo a sus necesidades y organizarlo como lo consideren más conveniente, algo no siempre viable, originando experiencias emocionales displacenteras de frustración, tensión y ansiedad, que pueden ser perjudiciales para la salud si son sostenidas en el tiempo.

 

 

 

 

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Ley nacional del cáncer. ( por Patricio Urquieta, Intendente Región de Atacama )

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El cáncer es una enfermedad dolorosa y cruel con quien la padece y también con su familia, sus seres queridos y quienes lo rodean. Quienes la sufren viven momentos de angustia, dolor, y requieren toda nuestra ayuda para acompañarlos en este proceso para recuperar su salud, y brindarles una mejor calidad de vida que la que tendrían sin ese apoyo. Por su parte, es la segunda causa de muerte a nivel país.   Ello exige una potente alianza entre el sector público y la sociedad civil en ese difícil proceso, y el Presidente Piñera lideró un proyecto que encarna esa necesaria unidad para apoyar a los chilenos ante este difícil proceso.

 

Esta semana se aprobó y despachó para ser promulgada por el Presidente, la Ley nacional del cáncer, que permitirá planificar, desarrollar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones destinadas a establecer las causas, a prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, a fortalecer el plan nacional lanzado a principios de este año, y que, entre diversas iniciativas, se dirige a garantizar un cuidado integral, oportuno y de calidad, a fortalecer y mejorar la red oncológica, a crear un registro nacional del cáncer, y a crear un fondo para financiar prestaciones oncológicas.

 

Este proyecto tiene 5 puntos: Crea el Fondo Nacional del Cáncer, que se compone de aportes provenientes de la Ley de Presupuestos; la cooperación internacional; donaciones, herencias o legados y recursos del Fondo de Desarrollo Regional, y pueden ser adjudicados mediante concurso público convocado por la Subsecretaría de Salud Pública de forma semestral. Considera una política de formación de especialistas para el tratamiento del cáncer, tanto médicos y otros profesionales de la salud como investigadores.  Crea la Red Oncológica Nacional, que constará de centros especializados que serán parte de la Red Asistencial de Salud. Crea Registro Nacional de pacientes con cáncer, quedando como una enfermedad de notificación obligatoria.  Y finalmente crea la Comisión Nacional del Cáncer, que  deberá asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas, en la investigación científica, implementación de estrategias y las demás acciones que se promueven en esta Ley.

 

Así, el Estado se compromete en cuerpo y alma con los pacientes del cáncer y también con sus familias. Chile va a realizar un enorme esfuerzo de formación de especialistas para el tratamiento del cáncer y de investigadores, y también de organización, de logística, y de recursos. En Atacama, tendremos un centro oncológico, y antes de ello comenzará a funcionar – durante el último trimestre de este año – la unidad de quimioterapia ambulatoria en el Hospital regional, que permitirá que aquellos pacientes que requieran el tratamiento de tumores sólidos, puedan recibirlo en Copiapó, sin tener que viajar a otras regiones.

 

 

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La culpa no es de la libertad condicional ( Dr. Silvio Cuneo, Profesor Derecho Penal, UCEN )

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Ante un crimen horroroso, además de lamentar lo sucedido, resulta urgente tomar medidas para prevenir situaciones similares y esperar que se haga justicia y que el autor o autores de los delitos sean sancionados como corresponde. Sin embargo, por más que las emociones puedan nublar los pensamientos, sería una crueldad, una injusticia y un error estratégico utilizar el dolor de las víctimas para impulsar políticas criminales inútiles con la única finalidad de generar una sensación de seguridad.

Esta comprensión simplista del fenómeno criminal y punitivo, basado en una lógica de juegos de suma cero, nos hace pensar que solo hay dos opciones: o se está de parte de las víctimas, o se está de parte de los delincuentes. Obviamente, la clase política, siempre sedienta de apoyo popular, optará por mostrarse como defensora de los inocentes, promulgando nuevas leyes en la ruta progresiva del autoritarismo penal. No obstante, nada puede resultar más equivocado que seguir este camino, si lo que en verdad queremos es disminuir los índices de violencia y delincuencia futura. Así lo ha señalado de forma permanente la sociología, la criminología y la política criminal.

Desde la década del 40 del siglo pasado se han venido haciendo distintos trabajos de campo en las cárceles y los resultados, aunque con diversas especificidades, coinciden en los efectos criminógenos que produce la prisión. De manera prácticamente unánime la conclusión de dichos estudios es que la cárcel empeora a sus internos e internas. Al mismo tiempo, numerosos estudios han demostrado que mientras más largas son las penas privativas de libertad, mayores son los niveles de reincidencia. Por lo mismo, esperando bajar los índices de delito, se ha optado en casi todo el mundo occidental por buscar mecanismos que permitan una liberación anticipada de las personas encarceladas. Estos sistemas alternativos a la cárcel, mediante el cual una persona condenada puede cumplir parte de la condena fuera de la prisión, supervisados y bajo condiciones adicionales, han demostrado tener índices de reincidencia más bajos en comparación con quienes cumplen una pena completa.

Lo señalado anteriormente, respaldado con cifras y estudios científicos, es lo que justifica una institución como la libertad condicional. Si bien no existe sistema alguno que pueda eliminar la delincuencia, y que casos puntuales tan horrorosos como el crimen contra Ámbar pueden hacernos pensar que la culpa la tiene una liberación anticipada de un condenado o condenada, lo más probable es que, sin libertad condicional, los índices de homicidios, violaciones y de otros delitos violentos, serían aún mayores.

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Combatir el cáncer de la corrupción, debe ser el compromiso de todos. ( Por: Luis Nuñez Barrientos. )

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Siempre existió la corrupción, no es novedad, es más esta ruin y dañina conducta se ha transformado en algo que no escandaliza o sorprenda a casi nadie, resultado de aquello tristemente se ha acuñado una frase, que más de alguno la hemos oído alguna vez “Todos roban, ahora que le toque a otro robar”.

En el pasado la corrupción se mantuvo oculta, se rumoreaba, pero era difícil de probar. En el siglo XXI globalizado ya no puede ocultarse con la misma facilidad. Los avances tecnológicos, la grabación de conversaciones telefónicas, rastrear cuentas bancarias de personas y empresas, todo ello es más sencillo y más veloz. Hoy los medios de comunicación tradicionales y digitales crean corrientes de opinión, permiten fiscalizar y denunciar como no se podía en años anteriores.

La corrupción frena el crecimiento económico del país, de las regiones y de cada una de nuestras comunas, genera ineficiencias y sobrecostos. Todo ello nos trae como consecuencia obras mal diseñadas, mal construidas, sobredimensionadas presupuestariamente y muchas veces también mal implementadas, la corrupción es una de las grandes responsables del uso y gasto ineficiente de nuestros recursos, la adjudicación de obras a empresas sin experiencia o sin recursos, pero que ganan las licitaciones en forma inexplicable, debe ser siempre una señal de alerta y debemos estar como ciudadanos siempre vigilantes, porque esos recursos que se pierden y van a parar en los bolsillos de los nefastos corruptos, en lugar de ir en mejoramiento de la calidad de vida de la gente.

¿Cuál es el criterio que se aplica al adjudicar una obra de inversión pública? Muchos de los escándalos de corrupción y sus dañinas consecuencias se hubieran evitado si esta información hubiera estado accesible desde el principio para funcionarios, empresas y ciudadanía. Porque seamos claros: mucha corrupción existe porque los sistemas opacos y poco transparentes proporcionan una garantía de discreción e impunidad de los entes corruptos del sistema.

La noticia no es que hay corrupción en nuestra región, sino que hoy la tecnología y los medios de comunicación permiten difundir información a todos, denunciar, probar, comprobar y sancionar actos de corrupción, de incapacidad o de negligencia. Es una labor en la que podemos colaborar responsablemente todos los ciudadanos. La transparencia, el accountability (término norteamericano, que se refiere al Yo me hago responsable) junto a la rendición de cuentas, permitirán que se tomen mejores decisiones, para lograr un alto nivel de eficiencia y eficacia en la utilización de nuestros recursos y con ello logremos que se sancione con rigurosidad a quienes usan un cargo público para enriquecerse.

Esta columna es una invitación a todos: No seamos culpables por acción u omisión, que el cáncer de de la corrupción se siga ramificándose en nuestra sociedad, por ello es indispensable que no avalemos bajo ningún pretexto o sesgo ideológico actos de corrupción. No existe espacio para hemiplejia moral condenemos la corrupción venga de donde venga…Porque tenemos los recursos humanos y naturales que nos permitirán un crecimiento económico, social y sustentable.

La corrupción un obstáculo al desarrollo y al crecimiento de nuestra Atacama y su Gente.

 

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