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Acusan que Chile no fue humanitario con enfermos de Covid-19 de crucero y cuatro de ellos murieron

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Cuatro pasajeros murieron a causa del Covid-19 a bordo del crucero Zaandam, la cual estuvo hace aproximadamente dos semanas en Chile, a la gira en la bahía de Valparaíso, donde por protocolo de la autoridad sanitaria sólo se desembarcaron sólo a ocho pasajeros, todos de nacionalidad chilena.

Se trató de seis pasajeros y dos integrantes del personal del crucero.

Debido al impedimento de atención de naves de pasajeros por la emergencia sanitaria, los chilenos no pudieron desembarcar en una primera instancia en San Antonio por lo que bajaron en Valparaíso.

Situación que Juan Luis Villalón, inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte en Chile (ITF), calificó como lamentable.

Villalón aseguró que esto pudo haberse evitado si se hubieran seguido las sugerencias de autoridades internacionales como por ejemplo establecer corredores sanitarios y posteriormente la cuarentena.

“Esto es producto de un buque que pasó por Chile, que se pudo hacer algo al respecto, que se pudo haber desembarcado gente a través de un protocolo, como un corredor sanitario y después dejarlos en cuarentena. Nos vemos enterados de que en Panamá han muerto cuatro personas y hay más gente con síntomas de Covid-19″,dijo el representante de trabajadores.

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Rusia anuncia su retiro del tratado de defensa de «Cielos Abiertos»

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El gobierno ruso anunció el viernes que se retira del tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo que permite sobrevolar territorios y verificar movimientos militares entre los firmantes, meses después de que Estados Unidos saliera del pacto, que se ve ahora prácticamente condenado a desaparecer.

Lamentando “los obstáculos para que el tratado siga funcionando en las circunstancias actuales”, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores anunció que iniciaba el proceso de “retirada de la Federación Rusa del tratado de Cielos Abiertos”.

Estados Unidos salió oficialmente el 22 de noviembre de 2020 del acuerdo internacional, firmado originalmente por 35 países y que entró en vigor en 2002.

Desde entonces, “el equilibro de intereses de los Estados participantes (…) quedó considerablemente perturbado, se registraron graves problemas en su funcionamiento y el papel del tratado de Cielos Abiertos como instrumento de refuerzo para la confianza y la seguridad ha quedado diezmado”, estima la diplomacia rusa.

Moscú asegura, sin embargo, haber hecho todo lo posible para salvar el pacto, pero sus propuestas concretas “no recibieron el apoyo de los aliados de Estados Unidos”.

El tratado de Cielos Abiertos da a cada país firmante “el derecho a efectuar y la obligación de aceptar vuelos de observación sobre su territorio”, para transmitir el control sus actividades militares y sus instalaciones estratégicas.

Para Konstantin Kossatshev, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ruso, la decisión de su gobierno era “previsible”. Según él, Rusia había pedido a otros países firmantes, comenzando por los miembros de la OTAN, que no transfirieran a Washington informaciones obtenidas dentro del tratado.

Pero estos no respondieron de manera favorable, dijo el responsable a través de Facebook, quien consideró que “la responsabilidad de lo que está ocurriendo, que es una situación muy desafortunada, recae totalmente en Washington y en sus aliados de la OTAN”.

Más que un tratado

La OTAN reaccionó al anuncio ruso mediante un vocero, Piers Cazalet, quien recordó que “la aplicación selectiva de sus obligaciones” por parte de Rusia comprometía “desde hace cierto tiempo” el tratado.

“Todos los aliados de la OTAN siguen comprometidos con un control efectivo de las armas, con el desarme y la no proliferación”, añadió.

Estados Unidos acusó en diversas ocasiones en los últimos años a Rusia de no respetar el tratado Cielos Abiertos y el presidente Donald Trump decidió en mayo de 2020 la retirada del país, que fue efectiva seis meses después.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica y España, lamentaron la retirada estadounidense, aunque indicaron que compartían las preocupaciones de Washington, para quien Moscú no respetaba las disposiciones del tratado.

Entre ellas destacaba una prohibición para los aviones aliados de acercarse a menos de 500 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, entre Lituania y Polonia, y de avanzar más allá de 10 km en la frontera entre Rusia y Georgia.

Este tratado había sido ideado para “impulsar la confianza y la previsibilidad” de las actividades militares de los firmantes.

Sin Rusia, su alcance se verá claramente mermado ya que los firmantes son ahora casi todos países occidentales y miembros de la OTAN.

Estos últimos años se han visto marcados por el fin de varios tratados de desarme o de control de armamento firmados entre los dos antiguos rivales de la Guerra Fría.

Solo está en vigor el New Start, que limita los arsenales de las dos potencias nucleares a un máximo de 1.550 ojivas cada uno y fue firmado en 2010. Pero incluso este pacto se encuentra en la cuerda floja ya que va a expirar y Washington y Moscú tienen hasta el 5 de febrero para renovarlo.

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Argentina arremete contra pesca ilegal: detiene a 3 barcos y los multa con US$2,91 millones

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El gobierno argentino informó el viernes que trabaja para “afirmar la soberanía y evitar la depredación de los recursos naturales” en las aguas nacionales y “realiza diariamente exhaustivas tareas para prevenir, desalentar y evitar la pesca ilegal que pudiera ocurrir en Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)”, según un comunicado difundido por la Cancillería.

Se trata de un esfuerzo conjunto de los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que le permitió identificar 314 buques pesqueros y cobrar multas por casi US$3 millones desde fines de 2020.

La ZEEA es el área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y no que puede extenderse más allá de 200 millas marinas desde donde se mide el ancho del mar territorial, donde el país tiene derechos de soberanía y de explotación de los recursos naturales.

Detención de buques

Según se informó, desde fines de 2020, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ha identificado y realiza un seguimiento pormenorizado y diario de 314 buques pesqueros: 240 provenientes del Océano Pacífico, 65 del Océano Atlántico y 9 del Atlántico Norte.

Actualmente es la temporada de pesca de la especie de calamar Illex argentinus, y el gobierno trasandino registra una importante cantidad de buques pesqueros que se acercan a los límites nacionales en busca de los recursos ictícolas y marítimos del país.

“Sin embargo, muchos de esos buques carecen de las autorizaciones requeridas, por lo que incurren en actos ilegales que impactan sobre la fauna, el ambiente y la soberanía”, afirmó Cancillería.

La tarea de control y vigilancia de la PNA es posible debido al llamado “Sistema Guardacostas”, que es un sistema de información geográfica (GIS, por su sigla en inglés) que permite obtener toda la información disponible sobre los movimientos, datos técnicos y administrativos de los buques que se encuentren navegando por todo el mundo.

Además, la PNA realiza constantes patrullajes en el límite de la ZEEA (milla 200) con los Guardacostas tipo 24, los cuales son asistidos por patrullajes aéreos y por el Servicio de Tráfico Marítimo.

“De esta manera, se asegura el seguimiento y control durante las 24 horas de los centenares de buques que, diariamente, operan en aguas argentinas y que deben respetar las zonas de vedas establecidas por la Autoridad Nacional Pesquera, con el objetivo de evitar la sobree

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Gobierno de Holanda renuncia tras acusar erróneamente de fraude a familias por ayudas sociales

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El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció este viernes la dimisión de su gobierno sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.

“El estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte en una rueda de prensa, añadiendo que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria.

“Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, solo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, agregó.

Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con algunas prestaciones sociales, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros.

Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolver dineros de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.

Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido ignorar estas disfunciones, de las que eran conscientes.

La dimisión del gobierno tiene lugar dos meses antes de los comicios legislativos, previstos para el 17 de marzo, y en plena pandemia, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la crisis.

El sistema político holandés permite la existencia de un “gobierno que ha dimitido”, por lo cual esta administración podrá ocuparse de los asuntos normales del país a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de nuevas elecciones.

“Distinción étnica”

La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la dimisión del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017 en la anterior coalición gubernamental de Rutte.

El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.

Varios padres implicados difundieron el lunes un video en que instaban al gobierno a dimitir.

Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.

En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximos cuatro meses al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.

Rutte dirigió tres gobiernos de coalición desde 2010. En 2017, su partido llegó por delante de la formación del diputado de extrema derecha Geert Wilders.

Según los últimos sondeos, la formación liberal-conservadora (VVD) de Rutte podría encabezar de nuevo las elecciones legislativas, aupado por su gestión de la pandemia

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