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OPINIÓN

Crisis sociales y derechos humanos: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ( por Franco Luna, Ucen Región de Coquimbo )

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La actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19, significó un impacto en la economía familiar, lo que afecta considerablemente la capacidad de satisfacer sus necesidades alimenticias. Resulta entonces legítimo, reflexionar en torno a las obligaciones del Estado de Chile en relación al Derecho a la Alimentación.

En primer lugar, los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados a la dignidad humana, es decir, son indispensables para la subsistencia del individuo, su plan de vida, y desenvolvimiento libre dentro de la sociedad. Son esenciales para el sujeto y gozaría de ellos únicamente por su naturaleza humana, sin necesidad de satisfacer otros requisitos o condiciones. El Derecho a la Alimentación, se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y consiste en la posibilidad de tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante compra en dinero, a una alimentación cualitativa y cuantitativa, en armonía a la cultura de la población del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria y digna.

¿Cuáles son entonces, las obligaciones del Estado en relación a este Derecho? Primero, respetar, es decir, no interponer barreras para que las personas obtengan alimentos y abstenerse de entorpecer su producción por parte de los individuos o comunidades. Proteger, adoptar medidas para evitar cualquier privación del acceso a una alimentación adecuada. Desarrollar, llevar a cabo todas las actividades necesarias para fortalecer el acceso a la alimentación, especialmente cuando un grupo o persona, por razones fuera de su control, sea incapaz de disfrutar de este derecho, por ejemplo, en casos de catástrofes o crisis como la actual. En conclusión, el Estado está obligado de auxiliar a las personas que no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias, facilitando el acceso o entregando alimentos suficientes para las exigencias fisiológicas humanas.

 

 

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«La pandemia del plástico» Por Giovanni Calderón Bassi (Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático)

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El próximo 3 de agosto se cumplen dos años desde que entró en vigencia la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio a nivel nacional. Esta ley ha generado un cambio radical en el consumo y se ha transformado en un fuerte impulso para la transición del país hacia una economía circular.

En su primer año de implementación en el retail y los supermercados, se ha logrado sacar de circulación más de 2.200 millones de bolsas plásticas, cifra que aumentará cuando, a partir del próximo mes, se sumen las micro, pequeñas y medianas empresas, como los almacenes de barrio, cerrando todo el circuito comercial al uso de bolsas plásticas.

Contrariamente a lo augurado por algunos pesimistas, los consumidores reaccionaron a la altura de la urgencia y han internalizado el hábito de usar bolsas reutilizables o biodegradables.

Pero, pese a todo, estamos muy lejos de eliminar totalmente las bolsas plásticas y todo ese mundo de objetos y productos que usamos a diario.

Según cifras globales, anualmente se usan más de quinientos mil millones de bolsas de plástico a nivel mundial. La mitad se desecha luego del primer uso y tan solo entre el 1 y  el 3% se reciclan. El resto acaba en cualquier parte, contaminando los suelos y el agua con partículas de micro plástico.

El Día Internacional Sin Bolsas Plásticas este 3 de julio, es un recordatorio de nuestro compromiso por reducir al mínimo el uso del plástico, en momentos en que el consumo de artículos plásticos se ha disparado debido a las necesidades generadas por la pandemia del COVID-19.

El uso obligatorio de máscaras y la necesidad de utilizar guantes, batas, bolsas y otros elementos por parte del personal de salud, así como el aumento de envases para comida y embalajes del comercio distribuidos por delivery, han provocado un verdadero shock de plástico en el medio ambiente.

Solo en marzo, China exportó a países afectados por el coronavirus alrededor de 3.860 millones de mascarillas, 37.500 millones de trajes de protección y 2.840 millones de kits de detección de COVID-19, todos con componentes plásticos.

Ante otra posible oleada de desechos plásticos cuando el mundo retome sus actividades normales, los gobiernos y las empresas deben abrir oportunidades para la innovación y el ecodiseño, en la búsqueda de materiales biodegradables, reciclables y de bajo costo, que permitan acelerar la transición hacia un mundo sin plásticos.

Que el planeta haya parado por una pandemia, no significa que los problemas que lo aquejan hayan terminado. La lucha contra la contaminación debe continuar o pronto seremos víctimas de una nueva y destructiva pandemia: la pandemia del plástico.

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“Feminismo Indígena: Un tema pendiente” Por Camila Flores Galleguillos Académica UCEN Región Coquimbo

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En América Latina, la etnicidad constituye un punto crítico para las mujeres indígenas, ya que no solo se ven afectadas por la violencia estructural propia del sistema patriarcal que oprime a las mujeres y a la naturaleza de manera homogénea, sino que también, ellas se enfrentan a violencia de género, al interior de sus propias comunidades.

Denunciar esta situación, tal como lo plantearon en su momento las feministas de color, significa afectar a los movimientos indígenas en sus múltiples luchas. Aun así, se debe considerar como una situación que ha sido omitida y que pone en riesgo a las mujeres de comunidades. La doble condición de inequidad de las mujeres es el resultado de la subordinación tradicional de ellas antes de la conquista, que conformó una nueva condición de subalternidad después de la instauración del patriarcado occidental.

Otro punto importante se explica en la idea de mujeres indígenas configuradas en un cuerpo/territorio como representación de la naturaleza violentada por los procesos de colonialidad que aún no han terminado y que se manifiestan en la disputa con las empresas transnacionales en defensa de la tierra y el buen vivir, así como en la violencia estructural dirigida a los cuerpos de las mujeres indígenas.

Por mucho tiempo, la literatura ha explicado estas inequidades usando los enfoques de género tradicionales, desde una visión homogénea de la violencia desde el mundo occidental, pero hoy, el feminismo comunitario está aportando antecedentes interesantes sobre la violencia doméstica que actualmente viven las mujeres indígenas.

Ahora bien, el feminismo comunitario es una perspectiva que, en estos momentos en Chile, tiene un formato académico y urbano. En los asentamientos indígenas rurales, la violencia de género es común en muchas esferas y aún se teme revelar su existencia. Es sabido que este es uno de los campos de lucha del movimiento feminista, pero en el mundo de los pueblos originarios no parece que se esté delineando un camino en este sentido.

Otras tendencias como las decoloniales y latinoamericanas nos aportan también a la comprensión sobre los procesos de colonización encarnados en la naturaleza y en los cuerpos de las mujeres indígenas, un espacio de enfrentamiento por la emancipación de la colonialidad del poder y de género.

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“Juicios Orales en emergencia sanitaria” Por Alexis Rogat Lucero (Fiscal Regional de Atacama)

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La crisis sanitaria causada por el coronavirus ha obligado a la sociedad a adaptar el curso de la vida cotidiana a medidas preventivas como el aislamiento social, dispuestas por la autoridad gubernamental.

En tal sentido, múltiples actividades del diario quehacer han debido suspenderse temporalmente o ajustarse a nuevas modalidades en su ejecución.

Es el caso del servicio que presta a la sociedad el sistema de Justicia Penal cuyo propósito es resolver el conflicto social causado por la comisión de delitos, que con motivo de la pandemia, éste se ha visto forzado a encontrar nuevas formas de operar que sean compatibles con las medidas de aislamiento orientadas a prevenir el contagio viral.

Pese a las circunstancias sanitarias que actualmente atraviesa nuestro país, el Sistema de Justicia Penal ha seguido funcionando, recurriéndose para esto a modernos medios tecnológicos como la video conferencia, que ha posibilitado a los Jueces de nuestro país emitir sus pronunciamientos en diferentes procedimientos que el Ministerio Público ha llevado a estrado.

Sobre el particular cobra importancia preguntarse si, en el contexto de la actual contingencia sanitaria, resulta ajustada a la Ley y la Constitución Política de la República, la realización telemática de Juicios Orales sin que ello contravenga el derecho fundamental a un Debido Proceso; éste, que es principio de rango constitucional, vigente en todo Estado de Derecho democrático, lleva ínsita las exigencias procesales penales de la Oralidad, Inmediación y Publicidad a que debe atenerse la sustanciación de todo Juicio Oral Penal.

La duda señalada surge, razonablemente, a propósito de la realización por video conferencia de los Juicios Orales por cuanto, eventualmente, dicha modalidad podría vulnerar la citada garantía del Debido Proceso al afectarse el principio de inmediación (que exige como requisito de validez de las audiencias judiciales la presencia de los Jueces), al prescindirse de la presencia física de los magistrados y de los demás intervinientes, juntos, en el mismo recinto del Tribunal de Juicio Oral.

Sin embargo, creemos que esa preocupación es injustificada, pues lo que el citado principio de inmediación demanda es la realización del Juicio Oral ante   Jueces competentes, sin que haya intermediarios entre ellos y los intervinientes, y ese propósito puede perfectamente alcanzarse mediante el uso de la video conferencia, la cual permite una provechosa interacción entre los partícipes de la audiencia virtual, como ha quedado en evidencia en varios Juicios Orales verificados ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de todo el país, todo lo cual ha permitido, además, dar continuidad a una actividad primordial en todo Estado de Derecho como lo es la administración de Justicia.

 

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