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Rusia anuncia su retiro del tratado de defensa de «Cielos Abiertos»

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El gobierno ruso anunció el viernes que se retira del tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo que permite sobrevolar territorios y verificar movimientos militares entre los firmantes, meses después de que Estados Unidos saliera del pacto, que se ve ahora prácticamente condenado a desaparecer.

Lamentando “los obstáculos para que el tratado siga funcionando en las circunstancias actuales”, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores anunció que iniciaba el proceso de “retirada de la Federación Rusa del tratado de Cielos Abiertos”.

Estados Unidos salió oficialmente el 22 de noviembre de 2020 del acuerdo internacional, firmado originalmente por 35 países y que entró en vigor en 2002.

Desde entonces, “el equilibro de intereses de los Estados participantes (…) quedó considerablemente perturbado, se registraron graves problemas en su funcionamiento y el papel del tratado de Cielos Abiertos como instrumento de refuerzo para la confianza y la seguridad ha quedado diezmado”, estima la diplomacia rusa.

Moscú asegura, sin embargo, haber hecho todo lo posible para salvar el pacto, pero sus propuestas concretas “no recibieron el apoyo de los aliados de Estados Unidos”.

El tratado de Cielos Abiertos da a cada país firmante “el derecho a efectuar y la obligación de aceptar vuelos de observación sobre su territorio”, para transmitir el control sus actividades militares y sus instalaciones estratégicas.

Para Konstantin Kossatshev, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ruso, la decisión de su gobierno era “previsible”. Según él, Rusia había pedido a otros países firmantes, comenzando por los miembros de la OTAN, que no transfirieran a Washington informaciones obtenidas dentro del tratado.

Pero estos no respondieron de manera favorable, dijo el responsable a través de Facebook, quien consideró que “la responsabilidad de lo que está ocurriendo, que es una situación muy desafortunada, recae totalmente en Washington y en sus aliados de la OTAN”.

Más que un tratado

La OTAN reaccionó al anuncio ruso mediante un vocero, Piers Cazalet, quien recordó que “la aplicación selectiva de sus obligaciones” por parte de Rusia comprometía “desde hace cierto tiempo” el tratado.

“Todos los aliados de la OTAN siguen comprometidos con un control efectivo de las armas, con el desarme y la no proliferación”, añadió.

Estados Unidos acusó en diversas ocasiones en los últimos años a Rusia de no respetar el tratado Cielos Abiertos y el presidente Donald Trump decidió en mayo de 2020 la retirada del país, que fue efectiva seis meses después.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica y España, lamentaron la retirada estadounidense, aunque indicaron que compartían las preocupaciones de Washington, para quien Moscú no respetaba las disposiciones del tratado.

Entre ellas destacaba una prohibición para los aviones aliados de acercarse a menos de 500 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, entre Lituania y Polonia, y de avanzar más allá de 10 km en la frontera entre Rusia y Georgia.

Este tratado había sido ideado para “impulsar la confianza y la previsibilidad” de las actividades militares de los firmantes.

Sin Rusia, su alcance se verá claramente mermado ya que los firmantes son ahora casi todos países occidentales y miembros de la OTAN.

Estos últimos años se han visto marcados por el fin de varios tratados de desarme o de control de armamento firmados entre los dos antiguos rivales de la Guerra Fría.

Solo está en vigor el New Start, que limita los arsenales de las dos potencias nucleares a un máximo de 1.550 ojivas cada uno y fue firmado en 2010. Pero incluso este pacto se encuentra en la cuerda floja ya que va a expirar y Washington y Moscú tienen hasta el 5 de febrero para renovarlo.

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Jueces argentinos acusan «injusta agresión» de Alberto Fernández tras su llamado a «terminar con la payasada»

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Con dureza reaccionaron los jueces argentinos a las palabras del Presidente Alberto Fernández, que criticó las investigaciones judiciales por el escándalo de la «vacunación VIP» y pidió «terminar con la payasada», llamado que fue interpretado por los magistrados como una «injusta agresión» en su contra.
En el marco de su visita de tres días a México, el Mandatario trasandino pidió «a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben», agregando que «no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’ y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido».

Ante esto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) expresó a través de un comunicado «la sensación de injusta agresión que todos sus miembros experimentan ante manifestaciones realizadas por el Sr. Presidente de la República, en un país hermano, contra la Justicia y los Ministerios Públicos argentinos».
En el texto, replicado por el diario La Nación, la agrupación afirmó que «ni la ocasión internacional, ni el sentido ni los términos de la crítica son admisibles, pues se refieren a actos propios de la función de magistrados que, sin perjuicio del destino final de las investigaciones, no pueden ser coartados por el Poder Ejecutivo, ni por ámbito político alguno». «El orden mismo de la República se juega con esto, y la institución presidencial, representativa de todos los argentinos y de la Nación misma, debe ser garante, justamente, del equilibrio entre los poderes del Estado», agregó la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle.
En esa línea, los magistrados remarcaron que el accionar del jefe de Estado no debe ir contra el trabajo que se hace en tribunales, por lo que «con respetuosa firmeza, solicitamos que cesen las acometidas contra el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, seguros que, cumpliendo cada uno con su deber jurado en el marco de independencia y garantías procesales, todas las investigaciones serán llevadas a cabo con objetividad y resueltas en justicia. Sin agravios y sin presiones».

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Senado brasileño da el primer paso para permitir que empresas compren vacunas

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Según explicaron las empresas, pretenden inmunizar a sus empleados a fin de recuperar cuanto antes la normalidad de sus actividades productivas.

Las únicas condiciones que impone la propuesta son que el 50 por ciento de las dosis adquiridas sean donadas a la red de salud pública, y que sean aprobadas por el país.

El Senado brasileño aprobó este miércoles un proyecto de ley, que aún deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, mediante el cual se autoriza a las empresas privadas del país a comprar sus propias vacunas contra el Covid-19.

Las únicas condiciones que impone la propuesta son que el 50 por ciento de las dosis adquiridas sean donadas a la red de salud pública y que las vacunas hayan sido previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), reguladora del sector en el país.

El proyecto comenzó a tramitar en momentos en que el país roza ya las 250.000 muertes y los 10,4 millones de contagios, casi un año después de haber registrado el primer caso de coronavirus.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Jair Bolsnonaro, fue promovida por un grupo de grandes empresas privadas que pretenden inmunizar a sus empleados a fin de recuperar cuanto antes la normalidad de sus actividades productivas.

El proyecto deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, en la cual se presume que tendrá un amplio apoyo de la mayoritaria base oficialista, y ha comenzado a tramitar en momentos en que se agudiza la desconfianza en relación a la gestión del Gobierno de la pandemia y del programa de vacunación.

EL 3% DE LA POBLACIÓN ESTÁ VACUNADA

Hasta ahora, en Brasil han sido vacunadas unas seis millones de personas, que representan en torno al 3 por ciento de una población de 210 millones de habitantes.

Sin embargo, en casi todo el país la campaña de vacunación ha sido virtualmente suspendida, debido a que las dosis se han agotado y hasta ahora no se ha retomado su distribución, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.

Hasta el momento, en Brasil solamente se aplican las vacunas del laboratorio chino Sinovac y la desarrollada por AstraZeneca junto con la Universidad británica de Oxford.

En el primer caso, hay un acuerdo de cooperación con el Instituto Butantan, de Sao Paulo, que por ahora envasa la llamada Coronavac y sólo comenzará a producirla localmente hacia fines de este año.

Con la vacuna de Astrazeneca existe un convenio similar con el Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Río de Janeiro, que también este mismo año prevé comenzar a producir el antídoto en sus propias plantas.

Pese a que ambos institutos brasileños no están en condiciones de iniciar su propia producción por el momento y a las dificultades de entrega en el mercado internacional, el Ministerio de Salud asegura que este año será inmunizada toda la población del país.

Sin embargo, existen dudas sobre esa posibilidad, fundamentadas sobre todo en los problemas que ha enfrentado el Gobierno en el combate a una pandemia cuya verdadera gravedad ha sido minimizada una y otra vez, y desde el inicio, por el presidente Bolsonaro.

Esa incertidumbre en torno al plan de inmunización también ha llevado a la Corte Suprema a permitir que los Gobiernos regionales y municipales adquieran vacunas por su propia cuenta, en caso de que el Ministerio de Salud no les suministre los antídotos suficientes.

La decisión respondió a una acción presentada por el influyente Colegio de Abogados, frente a la errática gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno presidido por Bolsonaro, líder de una dura y negacionista ultraderecha.

LOS CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO

Según la Corte Suprema, en el caso de que el Gobierno federal, a través del Ministerio de Salud, no suministre las vacunas necesarias para inmunizar a la población, las administraciones regionales y municipales podrán negociar directamente con los laboratorios.

La única condición será, de acuerdo con el tribunal, que esas vacunas hayan sido aprobadas previamente por «reconocidas agencias internacionales», aún cuando todavía no cuenten con el aval de las autoridades sanitarias brasileñas.

La polémica gestión de la crisis sanitaria, además, ha llevado a la Fiscalía, con el aval del Supremo, a iniciar una investigación en torno a supuestas «omisiones» del Ministerio de Salud en el combate a la pandemia y el uso de medicamentos de dudosa eficacia en la red sanitaria pública.

Fuente:cooperativa.cl

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Biden revoca medida de la era Trump que veta ingreso a migrantes por riesgo laboral

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El presidente de los Etados Unidos, Joe Biden, revocó este miércoles una medida de su predecesor, Donald Trump, que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes por considerarlos un “riesgo para el mercado laboral”, entre ellos los beneficiados con la lotería de visas y familiares de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.

Con otra proclamación publicada hoy por la Casa Blanca, Biden dio marcha atrás con efecto inmediato a la decisión que Trump anunció el 22 de abril del año pasado en los primeros meses de la pandemia del coronavirus, que golpeó duramente la economía estadounidense y frenó la generación de empleos.

La decisión de Trump, contenida en la Proclamación 10014, fue extendida en junio de 2020 y posteriormente el 31 de diciembre pasado, y ordenaba suspender “la entrada de inmigrantes y no inmigrantes que presentan un riesgo para el mercado laboral en EE.UU. durante la recuperación económica después del brote del coronavirus”.

Pero Biden señaló en su proclamación de este miércoles que impedir la llegada de estas personas “no promueve los intereses de Estados Unidos”.

“Por el contrario, perjudica a Estados Unidos, incluso al impedir que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanente legales se reúnan con sus familias aquí”.

También perjudica la industria de EE.UU.

Según la proclamación de Biden, la decisión de su antecesor “también perjudica a las industrias de Estados Unidos que utilizan talentos de todo el mundo y perjudica a las personas que fueron seleccionadas para recibir la oportunidad de solicitar, y a las que también han recibido, visados de inmigrantes a través de la Lotería de Visas de Diversidad del Año Fiscal 2020″.

“La proclamación 10014 ha impedido que estas personas ingresen a Estados Unidos, lo que ha provocado, en algunos casos, el retraso y la posible pérdida de su oportunidad de recibir visas de diversidad para el año fiscal 2020 y de realizar sus sueños en Estados Unidos”, agregó.

Además de rescindir la decisión del Gobierno pasado, Biden ordenó a los secretarios de Estado, de Trabajo y de Seguridad Nacional que revisen “cualquier reglamento, orden, documento de orientación, políticas y cualquier otra acción de acción similar” desarrollada bajo la proclamación revocada y, según proceda, emitan disposiciones revisadas de acuerdo con la política emitida hoy.

Biden, que asumió el poder el pasado 20 de enero, ha intentado en sus primeras semanas en el cargo echar atrás un entramado de normas adoptadas por su antecesor para reducir la migración hacia Estados Unidos, especialmente mediante beneficios como el asilo.

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