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OPINIÓN

“El pobre derecho a la privacidad” Por Paulo Egenau, (director social del Hogar de Cristo)

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Las personas pobres tienen menos de todo: autonomía, movilidad social, privacidad. Aunque todos reconocemos que la protección de la vida privada es esencial en un estado democrático y que nos genera dignidad, humanidad y autonomía, al parecer, eso no aplica para quienes viven en pobreza y exclusión social, como son las personas en situación de calle. Es como si ellas fueran depositarias de versiones más débiles de este derecho tan importante para todos.

Los que menos cuentan con espacios de privacidad, están más expuestos a que su intimidad sea vulnerada. Los que raramente son vistos o escuchados, son los que más ven su intimidad diseccionada ante un hecho doloroso.

Por eso violenta la frivolidad con que son abordados en algunos medios y en redes sociales, hechos lamentables, como lo sucedido con Francisco Martínez en Panguipulli. Antes de hecha la formalización judicial a raíz de la muerte del joven, hemos visto ventilarse diagnósticos psiquiátricos –esquizofrenia– y genéticos –síndrome de Down tipo mosaico–, atribuidos a fuentes difusas, sin el más mínimo respeto o consciencia sobre el derecho a la privacidad de la persona aludida.

Pasó de manera escandalosa hace unos años, cuando en un matinal de TV se leyó entero el examen ginecológico de Nabila Rifo, víctima de un horrible caso de femicidio frustrado. Los medios alegarán el derecho a la información frente a lo que puede parecer una defensa principista del derecho a la privacidad de los más desvalidos, pero hay que tener en cuenta el rol y la responsabilidad de cada uno.

Políticas cruciales para la integración de las personas a la sociedad, como salud, educación, trabajo, vivienda, no tendrán éxito mientras las actitudes estigmatizantes tengan el nivel de penetración que muestran hoy en nuestra sociedad. Los medios son claves para prevenir la discriminación y la estigmatización, para sensibilizar sobre la universalidad de los derechos humanos y para fortalecer la cohesión social. De lo que se trata es de poner fin a la invisibilidad que sufren las personas que viven en la calle y de promover actitudes de respeto hacia ellas. La prevención de los prejuicios y de la exclusión debe ser parte central del trabajo de periodistas y comunicadores, a la par que su derecho a difundir información.

 

 

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Violencia contra la mujer: Estándares de Investigación ( Alexis Rogat, Fiscal Regional de Atacama )

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Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, fenómeno que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, calificado, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, como un grave problema de salud pública. Estimaciones del citado organismo señalan que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida y que la mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. Cabe señalar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha definido la violencia contra las Mujeres como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la Mujer.

Ante ello los Estados, tomando en cuenta la arraigada situación de subordinación, discriminación y violencia que deben enfrentar las Mujeres, se han comprometido a reforzar las obligaciones en materia de investigación y sanción frente a este tipo de ataques, y nuestro país no es la excepción, motivo por el cual el tratamiento de la violencia contra las Mujeres, en el contexto de las investigaciones penales es una tarea prioritaria para el Ministerio Público que, expresivo de su obligación de dar protección a víctimas y testigos, nos determina a actuar con suma diligencia en todos los casos e incorporar en el ejercicio de la función persecutora la perspectiva de género y la normativa internacional sobre derechos humanos.

En cuanto a los estándares que definen la actuación de la Fiscalía en la investigación de delitos contra la Mujer es posible señalar los siguientes: abordar la violencia contra la Mujer no como un hecho coyuntural sino propiciado por un contexto general de deprivación sociocultural; identificar las formas en que la Mujer víctima experimenta las asimetrías de poder en su entorno vital; evitar juicios de valor sobre la conducta de la Mujer víctima; plantearse la hipótesis que el hecho investigado configure un delito más grave (ej: femicidio frustrado);  asegurar el seguimiento, acompañamiento y protección de la víctima y/o sus hijos y familiares durante la investigación y eventual juicio oral; informar en todo momento a la víctima de sus derechos y de la marcha de la investigación; utilizar todas las técnicas de investigación científico criminal que permitan acreditar la comisión del delito; efectuar una valoración previa de riesgo, a través de la Pauta Unificada de Riesgo, que permite determinar los factores de riesgo asociados al delito, permitiendo a la Fiscalía adoptar las mejores medidas de protección para la víctima.

Estos estándares están orientados a vencer la retractación o desistimiento de la denuncia por parte de la víctima, fenómeno no poco frecuente, que obliga a la Fiscalía a identificar sus causas a fin de -en lo posible- revertirlo y lograr la adhesión de la víctima al proceso penal.

Lo expuesto constituye sólo una muestra de los criterios que guían la actuación del Ministerio Público en la persecución de delitos cometidos contra la Mujer, y que da cuenta del compromiso institucional de combatir y erradicar la violencia ejercida en su contra.

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Algunas propuestas de minería para el Chile del Futuro (Por: Manuel Viera F. Presidente Cámara Minera de Chile)

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La minería es y seguirá siendo la carta de navegación que nos llevará al desarrollo pleno como país justo y equitativo. La naturaleza dotó a este bendito país con recursos naturales cuyos cerros preñados de minerales esperan buenas políticas públicas para su explotación con sentido planetario. El presidente que asuma deberá administrar una minería de clase mundial, que espera nuevos fomentos y desarrollo al sector.

Hace unos días el país celebró en forma democrática elecciones y como ha sido en nuestra historia un ejemplo a seguir por muchos países.

Así el próximo 19 de diciembre conoceremos quién será el que lleve adelante las riendas del país, los programas necesarios para salir de las pandemias de salud y económica en las que nos ha sumergido el COVID-19. Para ello, es importante que tengan presente las áreas productivas que hay que potenciar o resguardar para alcanzar estos objetivos, que asumo ambos pretenden.

Consideramos que hay aspectos olvidados de nuestro sector minero, y que no se encuentran en los programas de gobiernos de los dos candidatos a la presidencia, por lo que hacemos un llamado de manera urgente a incluirlos en la agenda, algunas de ellos son:

  1. Industrializar nuestras riquezas minerales, dándole mayor valor agregado a nuestras materias primas, creando mejores empleos y de calidad, sustituir importaciones, generando mayores divisas para el país.
  2. Realizar un plan de exploración geológica país mediante técnicas satelitales, a fin de conocer las riquezas minerales en cada región y priorizarlas según su contenido útil.
  3. Mantener y proteger la certeza jurídica y tributaria, como también el derecho a la propiedad privada.
  4. Carga tributaria y Royalty deben ser justos y equitativos, no desproporcionados, donde conviva en armonía el mundo privado y estatal.
  5. Fomentar los encadenamientos productivos a nivel regional, apoyando a los proveedores a internacionalizarse.
  6. Descarbonizar los procesos productivos en base a fomentar el Hidrógeno verde y las energías limpias con políticas de fomento y beneficios tributarios.
  7. Modernización de las instituciones del Estado acorde a la digitalización del mundo, evitando la burocracia estatal.
  8. Generar una política y fomento a la Astrominería
  9. Mejorar la gestión de la propiedad minera inactiva, recomendamos crear una bolsa de transacciones de la propiedad minera.
  10. Codelco debe crecer en producción y eficiencia
  11. La escasez de agua requiere una política pública que conviva con las necesidades del ser humano/agricultura/minería.
  12. Aplicar el concepto de minería planetaria para los proyectos y faenas mineras, esto es irrestricto respeto con la naturaleza y los seres vivos que allí viven.
  13. Potenciar y reclasificar la pequeña y mediana minería haciéndola más robusta, segura y eficiente.
  14. Generar una política pública de resguardo de nuestro maritorio para proteger las riquezas bajo la plataforma marina.
  15. Potenciar la I&D de calidad y el desarrollo tecnológico.
  16. Fomentar y potenciar la Industria del reciclaje.

La minería no solo ha sido un aporte para sacar a casi 3 millones de personas de la pobreza; con la producción y venta de sus minerales, especialmente el cobre, las arcas fiscales han contado con recursos para llevar adelante los programas sociales que el país requiere.

El cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones del Chile; genera en torno al 10% del PIB, el que puede alcanzar al 15% si consideramos el impacto que tiene en otros sectores asociados a su producción, como las empresas proveedoras y las pymes locales; crea una importante cantidad de empleos directos e indirectos y es una significativa fuente de ingresos para el presupuesto nacional, especialmente cuando el precio está alto.

Por ello, el llamado a quien salga electo el próximo mes, es que resguarde y desarrolle la minería.

Otro tema que es importante analizar es la urgencia establecer una Política Nacional de Fundiciones, de modo que, con objetivos estratégicos, metas, financiamiento e indicadores de desempeño para el largo plazo, se resuelvan los conflictos de organización territorial y ubicación de estas industrias, con pueblos o ciudades aledañas a estas instalaciones. No olvidemos, que la falta de política y planificación territorial oportuna ha originado la situación de contaminación en Quintero y Puchuncaví.

Hacemos un llamado a los dos candidatos a la presidencia de la República para que miren a la minería como el motor y pulmón de nuestra economía para ir en ayuda de los más necesitados, que requieren mejores políticas públicas para seguir desarrollándola, pero para ello se necesita que lleguen actores que la entiendan y potencien en base a la economía circular y la economía del bien común.

Estamos disponibles para explicar cada uno de estos temas y los planes de acción que cada uno requiere para que lo incorporen a sus programas de gobierno y no se queden en palabras o en el papel, por el bien de Chile y su gente.

Debemos recordar que la mejor imagen país en el extranjero es precisamente la minería, después del exitoso rescate de los 33 mineros donde nuestra Cámara se siente orgullosa de contar con actores que participaron en esta epopeya.

Chile y su Minería se merecen un trato digno, a pesar de que la política la vea solo como una vaca lechera.

“La vida está llena de decisiones, siempre que puedas elige aquella que haga feliz a un pueblo entero “.

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La necesaria normativa de olores ( Dr. Sergio Cárdenas ,  Investigador y académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, UCEN )

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Hace unos días, residentes de un sector de la comuna de Colina, manifestaron su preocupación por su calidad de vida, ante el inminente funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas servidas a 25 pasos de sus viviendas. Esto genera la necesidad de abordar los efectos que este tipo de plantas genera en la salud de las familias.

Lo primero es saber que el trabajo de este tipo de plantas es eliminar el material dañino o patógeno de las aguas servidas. A estos lugares llega el agua a través de una red de cañerías, normalmente no hay camiones, a menos que sea transporte que saca material de fosas sépticas.

Al recibir los residuos, se separan en una fase líquida -eliminando la patogenicidad-, y se extrae el material sólido. Este último se acumula, se seca y eso es lo que se carga en los camiones para llevar a vertederos y en algunos casos -dependiendo el tratamiento-, para fertilizar terrenos, según lo permita la norma.

La pregunta es ¿cómo este proceso afecta a las personas que viven cerca? Lo primero es indicar que si la planta está bien trabajada, no habría un daño directo en cuanto a salud. Por esto es tal la importancia de que estas empresas cuenten con personas especializadas, que lleven un control y que fiscalicen. Cabe destacar que carreras universitarias estudian precisamente eso, el tratamiento y no todas las plantas cuentan con esos profesionales.

Sin embargo, en calidad de vida no podemos decir que el daño es mínimo. La calidad de vida si se afecta, sin duda esto atraerá vectores infecciosos como moscas, al ser piscinas con agua; zancudos, que pueden transportar infecciones cuando pican; van a aumentar los ratones.

Además, hay que considerar que en toda planta habrá momentos de saturación. Muchas de estas plantas están conectadas, no solo a casas, sino también a alguna empresa pequeña, que tira -en contra de la ley- desechos orgánicos en el alcantarillado. Esto satura el sistema y la planta colapsa. La mayoría de este tipo de plantas utiliza sistemas bacterianos que funcionan con equilibrios muy delicados. Cuando la carga orgánica aumenta o aparecen en el agua ciertas sustancias industriales no permitidas en las aguas servidas, las bacterias mueren o bajan su actividad, provocando picos de olor y baja en la calidad del tratamiento. Básicamente, si la planta pierde su equilibrio y deja de funcionar adecuadamente, porque además el agua que debería salir limpia, resulta agua no completamente tratada, que puede seguir llevando materia orgánica contaminante.

Actualmente, las autoridades están trabajando en una normativa de olores, que se sume a las existentes sobre contaminación, residuos orgánicos, sólidos, líquidos, etc. Avanzar normativamente en este tema se hace muy importante, si queremos mantener equilibrios ambientales y de calidad de vida de las personas.

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