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Más Pequeña Minería Sostenible ( Por: Patricio Cartagena D. Secretario General- Cámara Minera de Chile )

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Estamos viviendo un ciclo alto del precio del cobre, aunque no sabemos con claridad si será un súper ciclo, esto en forma histórica anima y atrae a nuevos pequeños mineros que emprenden faenas, inician desarrollos mineros, se endeudan y entregan minerales a Enami.  El desafío para el sector es que cuando el valor de la libra del metal rojo baje, muchos de ellos permanezcan, sigan produciendo, den trabajo y sean sostenibles.

Aquí juega un rol público fundamental la Empresa Nacional de Minería, Enami, quien, a través de sus líneas de fomento, créditos, poderes de compra y plantas de beneficio cumple con la función pública asignada: Entregar fomento productivo. Reconocemos que lo que se ha realizado hasta ahora ha sido trascendente en la minería nacional y en la permanencia de muchos pequeños mineros, que impactan productivamente en amplias zonas geográficas del país.

Si en forma permanente se contabilizan 800 pequeños productores, en épocas de precios altos del cobre esta cifra se duplica, lo que es una buena noticia para lo que es el aumento de producción, pero más importante es mantenerlos activos en el tiempo.

¿Cómo podemos desarrollar un mejor futuro para el sector?  Muchos dirán que hay un problema de recursos financieros permanentes en la estatal, sin embargo, con una mirada de modernización de largo plazo, se deben promover nuevas políticas e instrumentos en beneficio del sector.

En el marco de fijar un estatuto para la pequeña minería moderno, debe seriamente considerarse la reforma de la ley de Enami, que está vigente desde la década de los 60’. Hay que establecer un nuevo y moderno gobierno corporativo de la empresa. Bastante se ha estudiado en base a los principios de la OCDE sobre las materias relevantes: Redefinir  su función pública de fomento productivo de la Minería Nacional y su relación con el dueño (Estado); composición y atribuciones del directorio; modificar,  rediseñar y crear  instrumentos de fomento y de créditos adecuados a las características del sector; un sistema ágil de gestión y traspaso de propiedad minera (una Ley N°19.137 modificada) y una efectiva capitalización de la empresa, que permita modernizar los planteles productivos de Enami.

A todo lo anterior debemos sumar una revisión del Reglamento de Seguridad Minera y normas vinculadas en permisología, que sin descuidar en caso alguno la protección de la vida y el cuidado de los mineros, fije estándares propios, revisiones y adecuaciones de proyectos conforme a su escala y que finalmente acompañen el proceso productivo de la pequeña minería.

Nuestra pequeña minería no solo se traduce en un aporte a la producción de cobre, oro y otros minerales, sino que es la palanca del desarrollo de zonas aisladas o con escasas fuentes de trabajo. Este sector da empleo y aporta a reducir los niveles de pobreza en zonas aisladas del país. Sabemos que muchos grandes proyectos mineros surgieron del trabajo de un pequeño minero (explorar-explotando), y eso es justamente lo que Chile requiere: de nuevos proyectos que nos permitan mantenernos en los primeros puestos de productividad y mantener la competitividad a nivel regional.

Contar con más pequeños productores sostenibles es tarea de todos; es tarea esencial de una política pública moderna para el sector de la pequeña minería nacional.

 

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“Para ordenar la casa” Por Intendente de Atacama Patricio Urquieta

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Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con los migrantes que vienen a iniciar una nueva vida y aportar a nuestro desarrollo integral y diversidad cultural. No queremos que lleguen personas al servicio del crimen organizado o que no cumplen nuestras leyes.

El explosivo aumento registrado entre 2015 y 2017, cuando ingresaron en Chile (como falsos turistas) más de medio millón de extranjeros que finalmente se quedaron a vivir, trajo consecuencias conocidas por todos. La ley de extranjería (1975) era insuficiente para enfrentar ese fenómeno migratorio.   Por eso nuestro Gobierno desde el primer día trabajó para ordenar la casa, y después de ocho años en el Congreso (contra la posición de parte de la izquierda que promueve el ingreso descontrolado a Chile), el Presidente Piñera promulgó la nueva ley de migración que trae una nueva institucionalidad para ordenar la casa, que entrega nuevas y mejores capacidades para enfrentar el fenómeno migratorio y que asegura una migración ordenada, segura y regular.

Con esta nueva ley vamos a proteger mejor los legítimos intereses de los chilenos y también de los mismos migrantes. En primer lugar, exige que los extranjeros que quieran venir digan a qué vienen realmente. Si quieren vivir en Chile, tienen que pedir una visa en el consulado de su país de origen y tendrán una cédula de identidad desde el primer día. Existe un catálogo flexible de visas que permite un adecuado control y regularidad de la migración, y planificar con los gobiernos locales y regionales su integración y desarrollo laboral. Por otro lado, se facilita la expulsión administrativa, de manera que si no hay autorización para estar en el país, tendrá que irse.  Asimismo, crea una el Servicio Nacional de Migraciones y sus Direcciones Regionales, que permitirá homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país; y comenzará un proceso de regularización extraordinario, tramitado en línea, para quienes hayan ingresado en forma legal antes del 18 de marzo de 2020, y estén en situación irregular.

La ley de migraciones da inicio a una nueva etapa en nuestro país que promueve el respeto por Chile, por nuestra soberanía y por el anhelo de los chilenos de vivir una vida más plena y más feliz, y también alienta el sueño de los migrantes que quieren integrarse a nuestro país con el aporte a nuestro desarrollo y el cumplimiento de nuestras leyes.

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«Prepararnos para el escenario laboral post pandemia» Por Joel Devia (Director Administración y Finanzas, UCEN Coquimbo)

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Estos días estamos viviendo lo más cruel de la pandemia: El nivel de contagio ha impactado a todos los sectores sociales y económicos de nuestra región, con la restricción al máximo de las actividades del comercio, lo que afecta principalmente a las medianas y pequeñas empresas, llevándolas a reestructurar sus labores y solo funcionar con personas en actividades esenciales, lo que afecta de forma considerable el presupuesto familiar.

Lo más grave y delicado es que muchas trabajadoras y trabajadores viven de lo que generan con su esfuerzo diario y por las condiciones de cuarentena total, quedan imposibilitadas de llevar el sustento a sus hogares, lo que además provoca en el corto plazo una situación de morosidad en sus compromisos financieros.

Según el último informe del INE el desempleo regional sigue en dos dígitos con un 12,2% en el trimestre noviembre – enero 2021, la cifra más alta de nuestro país. Las empresas han tenido que reducir personal y horas de trabajo, lo que ha perjudicado principalmente a las PYMES de la región. Si bien las autoridades han hecho todos los esfuerzos para mitigar el efecto Covid-19, no solo en términos sanitarios, sino que también en lo financiero, el efecto de esta pandemia ha sido tan destructivo que dichas medidas son insuficientes.

El cierre de fronteras, las cuarentenas, las interrupciones de los mercados globales, de la cadena de suministro y del comercio están afectando fuertemente a las economías domésticas. En este sentido, los sectores más perjudicados en la zona se concentran en la agricultura, el turismo, el transporte público, las empresas de servicios, las actividades informales y por sobre todo los emprendedores de la región. Por ello, es importante que la ayuda llegue en tiempo y oportunidad.

La crisis ha sido lapidaria. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar el confinamiento impuesto para prepararnos, capacitarnos en los temas que nos compete a cada uno, seguir actualizándonos y avanzar en la especialización porque el día que volvamos a la normalidad, las empresas y las industrias necesitarán mano de obra calificada, capaz de adaptarse a nuevos escenarios, porque la forma de hacer las cosas ya cambió.

Para finalizar, no puedo dejar de mandar un mensaje de esperanza a toda la comunidad regional, a los trabajadores y en especial a aquellos que perdieron su fuente laboral, a los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido o tienen un familiar con Covid-19. Esto pasará en algún momento y vendrán nuevas y mejores oportunidades para todos.

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Nuevamente nos enfrentamos al dilema de “la última cama” ( Marcelo Trivelli, Presidente Fundación Semilla )

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El exceso de confianza basado en las disminuciones de contagios y contagiados de Covid-19 durante el ultimo trimestre de 2020 sumado a los más de once millones de vacunas administradas de las cuales cuatro millones de personas ya recibieron la segunda, el agotamiento a las medidas restrictivas, la gran cantidad de permisos, la normalización de las muertes miradas solo como estadísticas y los malos ejemplos de políticos, uniformados, jueces por nombrar algunos, nos llevaron a relajar las medidas de cuidado y por ello nuevamente enfrentamos el dilema de “la última cama”.

A comienzos de esta semana había casi tres mil personas en unidades de cuidados intensivos (UCI) de las cuales poco más de dos mil quinientos estaban conectados ventilación mecánica, según cifras oficiales publicadas en www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/ Es decir, ya estamos ante el dilema de la última cama, aunque en promedio aún queda una holgura mínima.

Como siempre, son las personas excluidas quienes se enfrentan a la trágica realidad de no tener acceso a la última cama. Aldo Lucarelli, de 76 años se contagió con Covid-19 y lleva siete días en el hospital Adriana Cousiño de Quintero; recinto de baja complejidad donde recibe oxígeno, pero sin ninguna posibilidad de ventilación mecánica invasiva. Aldo está recibiendo un tratamiento con antibióticos, corticoides y medicamentos para la diabetes e hipertensión, enfermedades base que están controladas.

El 1° de abril le informaron a su hija que su padre “no estaba en buenas condiciones de salud y que su deterioro podría ser rápido. También que por su edad y las enfermedades asociadas era poco probable un cupo en la UCI porque se estaba dando prioridad a personas menores de 60 años”.

Puchuncaví Quintero es una de las cinco zonas de sacrificio de Chile. Está contaminado su aire, sus aguas y su tierra producto de las emisiones, derrames y disposición de residuos industriales por decenas de años. Quienes han vivido en esta zona tienen una condición de salud deteriorada respecto de otros chilenos y hoy se le está negando el acceso a una cama UCI a los adultos mayores con enfermedades de base producto de esa situación. En otras palabras, se está aplicando un criterio que deja gente fuera de la UCI en un hospital de mayor complejidad.

Al hospital de Quintero, al igual que en muchos hospitales de Chile, no llegan los medios de comunicación masiva para ver la realidad que se vive, ni sus habitantes tienen gran influencia en redes sociales para mostrarla. Los medios y los y las “influencers” no se cuestiona si en esos hospitales se vive el drama de “la última cama”, porque no hay camas UCI. Pero esas comunidades lo están viviendo día a día porque se enfrentan a un sistema que les niega el acceso a una cama UCI en un hospital de mayor complejidad.

El dilema de “la última cama” tiene una dimensión sanitaria, ética, moral y política y por ello es más conveniente negar el acceso a una cama UCI mediante criterios de aparente objetividad que reconocer que nuevamente nos enfrentamos al dilema de “la última cama”.

 

 

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