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OPINIÓN

«Lo necesario de la inversión extranjera en Minería» Por Sergio Hernández, (Director Ejecutivo APRIMIN)

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Dentro los numerosos planteamientos desinformados y, por tanto, erróneos que se han planteado en el último tiempo por algunos parlamentarios, está la propuesta de eliminación de la invariabilidad tributaria para los inversionistas que provienen de países con los que Chile ha suscrito tratados de libre comercio y convenios para evitar la doble tributación. Afortunadamente, este planteamiento fue rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque es contrario a la Constitución Política de la República, y está expresamente asegurada esta necesaria garantía en la Reforma Constitucional que aprobó el proceso constitucional en marcha, por lo que una nueva Constitución no podrá eliminar esta invariabilidad.

Sin embargo, subsisten riesgos sobre la inversión extranjera en minería, como lo son las tasas excesivamente desproporcionadas de royalty minero que esa Comisión de Hacienda y la de Minería han aprobado para su discusión en Sala de la Cámara de Diputados. Aplicar un royalty sobre las ventas, cualquiera sea el precio del cobre y su equivalente en otras pastas (aunque muchas compañías que tengan pérdidas deberían igualmente pagarlo) con una tasa de 3%, subiendo progresivamente según aumenten los precios hasta un 75%, nos deja muy lejos fuera de toda competencia con otros países de destino de inversiones mineras, deteniendo el progreso de Chile no solo en minería, sino con efectos fatales para todo el encadenamiento productivo que deja esta actividad primaria y también con serios efectos en el resto de la economía del país.  Como ejemplo, con el actual precio del cobre promedio anual de casi US$ 4 la libra, la tasa efectiva del royalty sobre las ventas es de un 22,75%. A esta carga, hay que sumarle el impuesto a la renta, más el impuesto específico a la actividad minera, IEAM (que curiosamente no se plantea derogar, con lo cual, al aprobarse el royalty, el IEAM sería discriminatorio e inconstitucional), todo lo cual completa una carga tributaria que hará casi imposible toda inversión en minería en el futuro, sea extranjera o nacional. Esa acumulación de carga haría que, para las pocas empresas que registren utilidades, la tributación podría superar el 80% de sus eventuales utilidades. Si ya estamos en el lugar 30 en el ranking de atractivo de inversión en minería, bajando fuertemente del sexto lugar que ocupamos hace unos años, esta carga tributaria acumulada nos deja comparativamente en los últimos lugares de este ranking mundial.

Los proyectos de la minería de mediana y gran escala demoran muchos años (puede ser entre 3 y 10 años) para su puesta en producción, periodo durante el cual son necesarias inversiones de miles de millones de dólares, que esperan un retorno después de mucho tiempo, por lo que necesitan un régimen con una carga tributaria razonable y estable; de lo contrario, esas inversiones se desvían a otros países que les ofrezcan un régimen con mayor certeza jurídica y menores cargas tributarias.

¿Por qué es necesaria la inversión extranjera en minería? Porque el país no posee, ni desde lo público, ni desde lo privado (de éste sólo excepcionalmente), esos enormes capitales para invertir en minería. Un solo ejemplo ilustra lo anterior: al Fisco le ha costado muchas dificultades en destinar totalmente los US$ 4 mil millones que se aprobaron el año 2016 para capitalizar CODELCO para sus proyectos estructurales.  La razón es obvia: el Fisco debe privilegiar sus gastos en los programas sociales y en el financiamiento de la estructura del Estado. O alguien puede creer que, para proyectos mineros nuevos o ampliaciones de los actuales, el Estado chileno puede estar dispuesto a invertir decenas de millones de dólares, con retornos que recién pueden comenzar después de 4, 5 o más años, recuperando la inversión después de unos 10 o más años, postergando actuales necesidades de la población, ¿especialmente hoy que la Agenda Social y las ayudas por la pandemia los reclama? Tampoco capitales privados chilenos son suficientes para desarrollar este sector. Por lo tanto, la inversión extranjera es imprescindible hoy en minería, así como en el sector energético, con su amplia posibilidad de inversiones en Chile en el gran futuro que nos promete la producción de hidrógeno verde y su enorme potencial exportador, para permitirnos un mundo más limpio.

Hoy, el mundo es global, no por las decisiones de políticas públicas, sino como un dato de la realidad provocado por las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, así como por el mutuamente necesario comercio mundial. El mundo está hoy en cada metro cuadrado de nuestro territorio, esto es irreversible y los países que se niegan a esa realidad están condenados a frustrar su desarrollo humano integral. Más aún un país como Chile, que con solo 18 millones de habitantes depende de su apertura al mundo, como bien lo ha hecho en los últimos 30 años, para el progreso de muchos de sus sectores exportadores, como la agroindustria, la fruticultura, los productos del mar, la celulosa, la minería, cada vez más las exportaciones de conocimiento y, en el futuro, las exportaciones de energías verdes y de sus insumos. Un país sin o con baja inversión extranjera, arriesga su potencial exportador y el gran desarrollo que ha alcanzado la industria proveedora de la minería, con alta empleabilidad regional y local.

Por tanto, es claro que la minería y la energía chilenas necesitan inversión extranjera, pero no solo por mayores capitales, muchas veces de riesgo, sino por la incorporación de nuevas tecnologías, por el acceso a los mercados, por las técnicas de producción limpia, entre muchas otras razones. De esta manera, es el desarrollo de Chile el que necesita darle reglas estables a estos sectores, para una mayor generación de recursos al Fisco y el bienestar social, para entregar más y mejores empleos y posibilitar de esa manera nuestro mejor desarrollo humano.

 

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Tecnología Regtech y API son necesarias para mejorar el funcionamiento regulatorio de las empresas ( Luis Cruz, CEO de Contable App )

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Las fallas que ha demostrado tener la página del Servicio de Impuestos Internos para la Operación Renta recién pasada, el declarar no esencial la actividad de los contadores entre otras cosas,  obligó a aplazar la fecha de la entrega de dicha actividad creando muchos inconvenientes al microempresario y a la profesión de la contaduría.

Bajo esta premisa  es necesario que tanto el Estado como este organismo  agilicen y digitalicen de manera más eficiente  sus procesos, esta iniciativa debería incluir nuevos integrantes o startups, ya que las falencias recién mencionadas no ayudan a cumplir con las obligaciones tributarias.

Uno de los cambios que se pueden realizar es con la nueva Ley Fintech, que en Chile se está tratando de llevar a cabo. El borrador de ley ha sido el fruto de un extenso trabajo que ha llevado a cabo la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) desde 2018 y en el que han destacado el liderazgo del entonces Comisionado, que va en la línea correcta,  y en el que  organismos regulatorios como el SII y Previred también deberían sumarse.

Por otro lado, un subconjunto de las fintech son las RegTech que aprovechan los nuevos paradigmas tecnológicos para agilizar el cumplimiento regulatorio al mismo tiempo que reducen la gran cantidad de tiempo y los elevados costes que las microempresas dedican al cumplimiento regulatorio, así como también permitirían al estado reducir los recursos que destina al servicio.

Se dice que puede ser un elemento realmente disruptivo para la industria  teniendo en cuenta que el cumplimiento regulatorio es una de las principales cargas en tiempo y coste para el SII. Esto se ha visto agravado a raíz de la crisis sanitaria, que ha implicado nuevas normativas y así un importante incremento en los requerimientos de información.

Desde este punto de vista, las soluciones ‘regtech’ ofrecen como principal beneficio para  esta plataforma, una potencial reducción significativa de costes y esfuerzos, a la vez que permiten suministrar información más precisa a los organismos supervisores.

Este cambio puede ser llevado a cabo de la mano de terceros, hoy ya son muchas las grandes empresas que con la ayuda de los llamados ERP’s pueden facilitar su cumplimiento regulatorio, es tiempo de igualar la cancha para las microempresas, el SII debe ser un facilitador también para la incorporación de nuevos actores que permitan llevar adelante estas iniciativas de mejora.   Un camino que ya sigue la industria financiera es la mejora e implementación de nuevas API’s (interfaces de interconexión entre sistemas o aplicaciones), estas permitirían a las startups incorporar nuevas y mejores experiencias de usuario facilitando así el cumplimiento regulatorio de todos los actores.

SII debe ser el motor y ejemplo  para promocionar este tipo de tecnología y permitir que otras empresas se desarrollen para  fomentar la competencia de manera natural y positiva de las nuevas tecnologías.

 

 

 

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Adolescencia, pandemia y salud mental ( Georg Unger, Psicólogo y académico UCEN)

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Los eventos traumáticos cambian la perspectiva que las personas poseen sobre sí mismas y el mundo. Las relaciones de confianza y cooperación se debilitan y se cuestiona la ‘justicia’ del mundo. En este sentido, los traumas colectivos rompen los lazos de relación entre el individuo y la comunidad, lo que afecta especialmente a las y los adolescentes. Los estudios están demostrando que, a pesar de su relevancia, las cuarentenas lamentablemente producen aislamiento y confinamiento, es decir la experiencia del ‘encierro’. El confinamiento produce estrés psicosocial y exacerba los síntomas de trastornos psicológicos previos.

Uno de los principales problemas que afecta a la población y con más fuerza a los adolescentes, es precisamente la relación entre confinamiento y estrés psicosocial. Para la cultura juvenil, el aislamiento es causa de la ruptura del soporte emocional que dan los grupos de pares. Se ha demostrado, por ejemplo, que la anorexia aparece más intensa en los casos de meses recientes si se le compara con el período pre-pandemia. En un estudio practicado en Irlanda se encontró que niños y adolescentes experimentan efectos adversos en la salud mental a causa de la pandemia, como sentimientos de aislamiento social, depresión, ansiedad y el aumento de conductas mal adaptativas.

En otros estudios se ha descubierto que familias con niños con desordenes del espectro autista reportaban un aumento de problemas de salud mental asociadas fuertemente al cambio de rutinas y en el Reino Unido se ha estudiado la relación entre pandemia y violencia contra niños y adolescentes. Así también, otras investigaciones muestran que, en este contexto, los padres con trastornos psiquiátricos pueden ejercer violencia contra niños, niñas y adolescentes. Otros informes discuten la complejidad y la pluralidad de los factores involucrados en la producción de la salud mental y del sufrimiento psíquico de niños y adolescentes, especialmente aquellos que tienen el acceso de sus derechos debilitados o violados, exigiendo acciones intersectoriales que apoyan la atención psicosocial.

Para ello deben coordinarse las redes primarias, secundarias e institucionales, parte de este apoyo está sin vías de comunicación por lo que en algunos países se están aportando servicios de atención en salud mental online cuando los o las adolescentes buscan ayuda.

Otro estudio e intervención, atendió al impacto de foros grupales que se asemejan en sus posibilidades a los grupos de apoyo y autoayuda. Hay que ser creativos en esto e informar bien las intervenciones psicosociales.

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La baja participación ciudadana en elecciones ( Edgardo Riveros Marín, Académico Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN)

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Preocupa con razón la baja participación de la ciudadanía en las elecciones. Ha pasado a ser un fenómeno estructural que la concurrencia de quienes tienen derecho a elegir, cualquiera sea el tipo de autoridad a determinar apenas se empine en un 50%, en el mejor de los casos.

Pueden existir causas coyunturales especiales para una situación crítica como la de la segunda vuelta de elección de gobernadores; como los efectos de la pandemia motivada por el Covid-19, la cuarentena decretada en gran parte del país a raíz de ella y la falta de información acerca de la naturaleza de la elección que se verificaba.

Una razón general de la situación estructural del bajo porcentaje de participación en este ejercicio, tan vital en un sistema democrático, puede encontrarse en la voluntariedad del sufragio y, por tanto, es conveniente corregir la legislación y retornar a su carácter obligatorio.

No obstante, esta medida se ubica dentro de los parámetros clásicos de nuestra estructura jurídica, cual es, hacer descansar el cumplimiento de deberes sociales fundamentales no tanto en la responsabilidad que surge del compromiso con un bien que se justifica por sí mismo y que debiera encontrar natural adhesión de las personas, sino en el temor a una eventual sanción. Se corre el riesgo por la urgencia y necesidad de legislar sobre la materia, que ello sea insuficiente para lograr un compromiso ciudadano acorde con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Importante es generar las acciones tendientes a reforzar la participación de nuestro universo electoral. De partida, es imprescindible el retorno y fortalecimiento de la formación cívica en los diversos niveles educacionales. En ello juega un rol significativo el objetivo de entregar conocimiento acerca de las diversas instituciones en cuanto a su composición y atribuciones, como así también la incidencia que estos órganos tienen en la marcha del país y de cada uno de quienes, como población, formamos parte de la sociedad.

También los integrantes de los diversos poderes del Estado con su actuación, acorde con la importancia de la tarea que desempeñan, deben colaborar a su prestigio y generación de respeto. Sin estos componentes es difícil atraer el respaldo y motivación reflexionada de los electores, lo que resulta imprescindible para el otorgamiento de la confianza que implica elegir a quienes los representarán en las tareas públicas.

En esta perspectiva es también significativo aprovechar la oportunidad que ofrecen los procesos electorales para privilegiar el debate en torno a ideas y programas que generen opciones verificables en cuanto a su cumplimiento. Esto prestigia la política y reemplaza los slogans vacíos de contenido y las descalificaciones que ahuyentan más de lo que convocan.

 

 

 

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