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La pandemia de la exclusión ( Enrique Gutiérrez, Instructor de lengua de señas chilena y académico Pedagogía en Educación Diferencial, UCEN )

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No es de extrañar que la pandemia ha logrado afectar profundamente casi todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar y social. Dentro de las áreas más afectadas, la educación es quizás la que más desafíos ha tenido que enfrentar.

 

Tanto para los educadores que han tenido que adaptarse y aprender nuevas herramientas para acompañar sus metodologías, como para los padres que carecen de las herramientas adecuadas y el tiempo suficiente para enfrentar las clases en línea. Pero quienes realmente se han visto aquejados, son los estudiantes a quienes se les vino encima una realidad completamente desconocida para ellos y ellas, aprendiendo a adaptarse no sólo a formatos nuevos (que probablemente tenían asociados a momentos de ocio y juego), sino que también les ha tocado sufrir las consecuencias del poco contacto social e interacciones con sus pares. De hecho, el Diagnóstico Integral de Aprendizajes del Ministerio de Educación, fue categórico al visibilizar el bajo rendimiento de las y los alumnos durante la pandemia.

 

Por otro lado, y dentro de este difícil panorama, se lograron grandes avances en lo que respecta a la educación inclusiva, especialmente si se trata de estudiantes con discapacidad auditiva. Es así como a la ley Nº20.422, se le agregaron tres nuevos conceptos dentro de los cuales destaca que; “se deberá garantizar el acceso a todos los contenidos del currículo común, así como cualquier otro que el establecimiento educacional ofrezca, a través de la lengua de señas como primera lengua y en español escrito como segunda lengua”. Esto no sólo refuerza la idea de que la Lengua de Señas es “la Lengua oficial de las personas sordas”, sino que comienza un interesante desafío de inclusión dentro de las salas de clases, pudiendo involucrar a las personas que no tienen discapacidad auditiva en el reconocimiento, respeto y aprendizaje de la lengua y cultura de las personas Sordas.

 

Ahora, si tomamos por un lado el diagnóstico del MINEDUC y sus bajos resultados; ¿dónde está el diagnóstico de los y las niñas con discapacidad auditiva o con algún tipo de discapacidad sobre su rendimiento escolar? Un niño o niña sorda, dentro de un establecimiento integrado no cuenta con las mismas herramientas que los niños oyentes al momento de aprender. Al igual que en pandemia, se ven expuestos a barreras al aprendizaje, que en muchas ocasiones tienen que superar solos, con sus familias o depender de la buena voluntad de algún compañero de curso.

 

El aspecto social- al igual que en los tiempos actuales para todos los estudiantes del país- se ve truncado o entorpecido al no existir puentes comunicacionales que permitan un diálogo fluido entre los y las estudiantes con discapacidad y sus compañeros oyentes. Estos nuevos elementos de la ley intentarán “emparejar la cancha”, pero ahora involucrando a todos los participantes del proceso educativo. Esperemos que se logre finalmente un beneficio mutuo tanto para el estudiantado con necesidades educativas especiales -donde podrá presenciar como sus pares aprenden y se involucran en su proceso educativo- como para el resto del alumnado, quienes no solo aprenderán una Lengua completamente nueva que potenciará sus habilidades motoras y de expresión, sino tendrán una herramienta más para enfrentar al mundo de manera inclusiva. Recién cuando esto ocurra, podremos decir que logramos vencer a esta pandemia.

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«Transparentando La hoja de ruta de la nueva Constitución» Por Lorayne Finol. (Académica Universidad Central Coquimbo)

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El reconocimiento de la transparencia como derecho fundamental cada vez cobra más fuerza. Concebida como un control democrático de la ciudadanía y como principio ético de gestión de la función pública, emerge la transparencia bidireccional no solamente limitada al derecho de la ciudadanía a saber, sino, además, asociada al código del buen gobierno. Esta doble vía, de cara al proceso de la Convención Constitucional, significa “transparentar La hoja de ruta de la nueva Constitución” para facilitar la “participación de la ciudadanía” y “reforzar la confianza en el proceso constituyente”.

Bajo estas consideraciones, de aprobarse el reglamento interno de funcionamiento de la convención constitucional, se recomienda la creación de un organismo autó­nomo responsable de la transparencia bidireccional del proceso, tanto de la gestión de solicitudes de acceso a la información y su protección, bajo la premisa que el titular de ella es quien delega en los representantes el manejo de los asuntos públicos; así como, las acciones de los constituyentes obligados al sistema de contrapesos democráticos y auditoría ciudadana. Este modelo de control ciudadano, de acuerdo a la fórmula “maximalista” de los cuatro pilares, recomienda lo siguiente: Primero, estar explícitamente establecido en su composición la forma de designación de sus miembros y sus competencias en una misma norma con jerarquía. Segundo, debe ser autónomo en su funcionamiento acorde al código del buen gobierno. Tercero, con atribuciones de investigación y de sanción. Cuarto, tener el mismo rango jurídico-político de la convención constitucional y no estar subordinado a ningún otro estamento del poder constituido.

Concretamente, esta fórmula acotada al proceso constituyente, implica la creación de una instancia o Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, garante del derecho a la transparencia en la convención en el marco de una nueva relación de doble vía, abierta y horizontal entre el  Estado y la Ciudadanía, zanjando una vieja discusión en torno al doble reinado de la transparencia, comprendida como un conjunto de valores y prácticas de control del ejercicio ético de la función pública, en cumplimiento de la obligación de máxima divulgación y facilitación de la información de los estamentos del Estado.

 

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¿Cuáles son los riesgos para la Salud del Teletrabajo? ( por Fernando Cortés Tello, Enfermero, académico UCEN Región Coquimbo )

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En tiempos de Pandemia, el teletrabajo se ha hecho habitual para hacer las labores que normalmente desarrollábamos en nuestras empresas, organizaciones o lugares específicos.  ¿Los riesgos laborales se trasladan al hogar? En efecto, hay riesgos que se generan en el hogar, muy similares a los que estamos expuestos en nuestros de puestos de trabajo; dependiendo del tipo de actividad, también pueden emerger otros nuevos, que aún están por identificarse.

Algunas consecuencias que se han observado en este periodo son, por ejemplo, la sobrecarga de responsabilidades, que puede asociarse a afectación de ritmos biológicos, generación de estrés, ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, temor y aburrimiento, sensación de aislamiento, ambigüedad o conflicto de rol; y alteraciones mentales debido a los conflictos entre emociones “requeridas” en su trabajo y las que el trabajador efectivamente quiere expresar.

Otro problema que se acentúa en esta situación sanitaria es el sedentarismo, lo que puede favorecer o agravar el surgimiento de enfermedades cardiovasculares o metabólicas, así como el deterioro del quehacer o del disfrutar de las vivencias diarias.

Otro concepto al que deberemos acostumbrarnos es el tecnoestrés, que está asociado a disminución del rendimiento laboral, problemas de sueño, insomnio, dolores de cabeza y musculares, trastornos gastrointestinales, dolor crónico, puesta en marcha de comportamientos perjudiciales como fumar, comer y beber en exceso, abuso de fármacos y otras sustancias.

Por otra parte, son relevantes los riesgos ergonómicos presentes en la estación de trabajo hogareña, los que pueden desencadenar problemas musculesqueléticos, sensación de fatiga, cefaleas, trastornos del sueño, tensión y dolor muscular, palpitaciones, agotamiento, fatiga, mareos o vértigos, etc.

¿Qué hago? Mantenga comunicación permanente con su empleador para informar cualquiera de estos signos y síntomas, para que, de acuerdo a la legislación vigente, se puedan evaluar y reducir estos riesgos, de tal forma de prevenir los efectos en la salud mental y física, y así cuidar su calidad de vida personal, familiar y su productividad laboral.

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Cómo evitar que las personas caigan por las grietas del sistema ( Por Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo)

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Marie-José Fleury, siquiatra canadiense, experta en políticas sociales, afirma que las personas en situación de calle enfrentan problemas múltiples y requieren servicios diversos: alimentación, alojamiento, vestimenta, cuidados médicos, tratamientos para trastornos mentales o de consumo de alcohol y otras drogas. Y sostiene que como no existe una única organización capaz de lidiar con todos esos frentes, estas personas a menudo “caen por las grietas” del sistema.

Eso, en un país harto más desarrollado que el nuestro.

En Chile, hay entre 16.500 y 20.000 personas viviendo a la intemperie y no es exagerado decir que en su mayoría han caído por las grietas de un sistema que funciona con servicios fragmentados, que no se comunican entre sí, ni se centran en las personas. Esas que se arrebujan debajo de cartones en los rincones de la ciudad, mientras el resto los mira como si formaran parte del paisaje urbano. Dicho de otro modo, una de las expresiones más severas de la pobreza y de la exclusión social es concebida como algo normal por la mayoría. Pero, tras su aparente cotidianeidad, se esconde una auténtica emergencia social, que la pandemia ha extremado, tal como ha hecho con la pobreza.

Esta semana Hogar de Cristo presenta un Modelo Integrado de Servicios para la Inclusión de las Personas en Situación de Calle, el que aspiramos se convierta en política pública. Una política capaz de ofrecer servicios integrados y de calidad, tanto para la emergencia como en las intervenciones promocionales. Hoy la atención está centrada en la oferta –de albergues, frazadas, café y sopa–, lo que proponemos es enfocarnos en las personas y en sus trayectorias de exclusión.

Como grupo y en términos gruesos, estas más de 16.500 personas son en su mayoría, hombres (84,3%), su edad promedio es 46 años, el 95,6% vive solo y el promedio de permanencia en la calle es de 6,9 años. En la mayoría de los casos, la causa de su situación se explica en una acumulación de problemas, que se refuerzan unos con otros hasta alcanzar un punto de inflexión. No es trivial, que en el 63,6% de los casos, los conflictos con la familia sean el gatillante que explica la vida en la calle.

También es habitual que sea consecuencia de una acumulación de adversidades en la infancia, adolescencia y/o adultez temprana. Un cuarto de las personas que vive en calle pasó en algún momento por el Sename, otras tantas han estado en recintos carcelarios y muchos en instituciones psiquiátricas.

Conocer las historias de las personas y sus necesidades de primera fuente otorga precisión y eficiencia al diseño de políticas públicas y programas sociales para ofrecer servicios que vayan más allá de la simple asistencia y logren la superación de la vida en calle. No podemos seguir viendo cómo hermanos nuestros caen por las grietas del sistema y no hacer nada.

 

 

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