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OPINIÓN

Tecnología Regtech y API son necesarias para mejorar el funcionamiento regulatorio de las empresas ( Luis Cruz, CEO de Contable App )

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Las fallas que ha demostrado tener la página del Servicio de Impuestos Internos para la Operación Renta recién pasada, el declarar no esencial la actividad de los contadores entre otras cosas,  obligó a aplazar la fecha de la entrega de dicha actividad creando muchos inconvenientes al microempresario y a la profesión de la contaduría.

Bajo esta premisa  es necesario que tanto el Estado como este organismo  agilicen y digitalicen de manera más eficiente  sus procesos, esta iniciativa debería incluir nuevos integrantes o startups, ya que las falencias recién mencionadas no ayudan a cumplir con las obligaciones tributarias.

Uno de los cambios que se pueden realizar es con la nueva Ley Fintech, que en Chile se está tratando de llevar a cabo. El borrador de ley ha sido el fruto de un extenso trabajo que ha llevado a cabo la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) desde 2018 y en el que han destacado el liderazgo del entonces Comisionado, que va en la línea correcta,  y en el que  organismos regulatorios como el SII y Previred también deberían sumarse.

Por otro lado, un subconjunto de las fintech son las RegTech que aprovechan los nuevos paradigmas tecnológicos para agilizar el cumplimiento regulatorio al mismo tiempo que reducen la gran cantidad de tiempo y los elevados costes que las microempresas dedican al cumplimiento regulatorio, así como también permitirían al estado reducir los recursos que destina al servicio.

Se dice que puede ser un elemento realmente disruptivo para la industria  teniendo en cuenta que el cumplimiento regulatorio es una de las principales cargas en tiempo y coste para el SII. Esto se ha visto agravado a raíz de la crisis sanitaria, que ha implicado nuevas normativas y así un importante incremento en los requerimientos de información.

Desde este punto de vista, las soluciones ‘regtech’ ofrecen como principal beneficio para  esta plataforma, una potencial reducción significativa de costes y esfuerzos, a la vez que permiten suministrar información más precisa a los organismos supervisores.

Este cambio puede ser llevado a cabo de la mano de terceros, hoy ya son muchas las grandes empresas que con la ayuda de los llamados ERP’s pueden facilitar su cumplimiento regulatorio, es tiempo de igualar la cancha para las microempresas, el SII debe ser un facilitador también para la incorporación de nuevos actores que permitan llevar adelante estas iniciativas de mejora.   Un camino que ya sigue la industria financiera es la mejora e implementación de nuevas API’s (interfaces de interconexión entre sistemas o aplicaciones), estas permitirían a las startups incorporar nuevas y mejores experiencias de usuario facilitando así el cumplimiento regulatorio de todos los actores.

SII debe ser el motor y ejemplo  para promocionar este tipo de tecnología y permitir que otras empresas se desarrollen para  fomentar la competencia de manera natural y positiva de las nuevas tecnologías.

 

 

 

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«Violencia de Género: Denuncia Oportuna» Por Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero

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En el marco de los objetivos institucionales que se trazó el Ministerio Público en su plan estratégico 2016-2022, continúa muy presente el propósito primigenio de la Reforma Procesal Penal de incorporar a las víctimas como sujetos de derecho en el rol de actores claves en la persecución  de los delitos. En tal sentido, especial relevancia ha otorgado la Fiscalía a la investigación de delitos asociados a la violencia de género, aciago fenómeno consistente en actos violentos ejercidos contra una persona sólo por su género y que afectan de forma lesiva la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona.

La intervención de la Fiscalía en este tipo de delitos tiene dos objetivos centrales, por una parte: investigar y llevar ante los tribunales de Justicia a sus responsables, y por otro lado, un propósito primordial: dar efectiva protección a las víctimas mediante la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos cuyos profesionales disponen de eficientes y oportunos protocolos de atención coadyuvados de eficaces medios logísticos orientados a reparar emocional y materialmente a las víctimas, logrando incluso extraerlas del ámbito en que sufrieron los atentados poniéndolas a salvo de sus victimarios.

Sin embargo, para el logro de los objetivos mencionados la Fiscalía requiere necesariamente que la víctima, o sus seres más cercanos e incluso terceros formulen una denuncia oportuna a fin interrumpir la dinámica delictual y brindar las medidas de protección pertinentes, y si bien en el último tiempo ha habido una mayor concientización sobre la importancia de denunciar cualquier acto de constituya violencia de género, ello aún no se corresponde con la realidad, y en general las víctimas no denuncian por motivos inhibidores tales como el temor a ser responsabilizadas de la disolución de su familia, el miedo a represalias por parte del agresor o la vergüenza de verse expuestas públicamente.

No obstante lo anterior, para el Ministerio Público constituye una tarea permanente concitar la confianza de las víctimas y así lograr brindarles protección y mantener su adhesión durante las distintas etapas que contempla toda investigación penal y la eventual verificación de un juicio oral.

Por de pronto la Fiscalía de Chile no escatima esfuerzos por brindar las más oportuna y eficiente protección a las víctimas de violencia de género, gestiones que van desde la petición de medidas cautelares contra los imputados -incluso antes de su formalización- hasta aportes económicos y traslados, contribuyendo -desde su específico ámbito de acción- a la prevención y erradicación de dicho fenómeno delictual, correspondiendo otro tanto a las restantes instituciones estatales y  a la propia comunidad puesto que, finalmente, toda la sociedad es responsable de contribuir a su erradicación y desactivación de la impunidad de los agresores.

 

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“Las susceptibilidades y los cambios culturales” Por Gabriel Canihuante, periodista, académico Universidad Central Región Coquimbo

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Hace algunos días las llamadas redes sociales se poblaron de memes, el chiste en la era de las imágenes, para hacer mofa del cambio de nombre de un producto de una transnacional, la famosa “Negrita”, una golosina de bajo precio y de extendido consumo en nuestro país, especialmente entre niños y adolescentes.

Hace décadas se viene produciendo un cambio cultural en Chile y en otros países respecto del lenguaje, que apunta a evitar la discriminación de las minorías de todo tipo. Se busca básicamente no herir susceptibilidades de sectores que desde tiempos remotos han sido objeto de burla, desprecio, ninguneo. Entendemos hoy que todos podemos convivir, respetando nuestras diferencias, especialmente aquellas que no son una opción para el individuo, sean estas físicas o psicológicas.

La calificación de negro o negra para una persona en Chile no es necesariamente ofensiva, pero durante mucho tiempo para alguien de piel morena no era agradable que lo llamasen por apodos relacionados con el color de su piel. Cuando niños, hace algunas décadas, llamábamos “Chocolo” -un tipo de helado- al compañero de juegos de la cuadra más moreno. A veces él respondía con un combo, pero al final se acostumbró y entonces pasamos a llamarlo como correspondía.

La golosina tendrá otro nombre, es una decisión tomada por una poderosa compañía internacional que debe atender a un criterio que escapa a nuestras fronteras. Es evidente que los chilenos seguiremos usando el adjetivo calificativo “negro” en sus distintas variantes de género, número, diminutivos, etc. No cambiaremos la letra de la canción de Violeta Parra, “Casamiento de negros”, ni tampoco la del “Negro José” interpretada por Illapu.

Pero es posible que demos atención a otros usos del lenguaje que siguen prestándose para la discriminación. Bastante hemos avanzado en relación con el humor. Y no se trata de ser de la “generación de cristal”, como algunos caricaturizan. De lo que se trata de es de evitar todo tipo de discriminación, no más que eso, ni menos.

 

 

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La soledad de las y los profesionales de la educación en el retorno al aula ( Marcelo Trivelli , Fundación Semilla )

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Una de las profesiones que ha debido enfrentar los mayores desafíos de adaptación a las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19 son las y los profesionales de la educación. Han sido dieciocho meses difíciles para los que nadie estaba preparado, sin embargo, al regresar a las aulas nadie se está haciendo cargo del daño socioemocional que han experimentado. Las y los profesionales de la educación se encuentran en soledad al retornar a las aulas.

Niñas, niños y jóvenes también han sido dañados psicológicamente por las condiciones de la pandemia, pero su salud mental no es prioridad. Se continúa privilegiando los aprendizajes tradicionales que se miden en las pruebas estandarizadas, como por ejemplo el SIMCE, a pesar que la evidencia científica señala que mientras mayor es el bienestar socioemocional de una comunidad, mejor es el aprendizaje de las materias señaladas.

El Ministerio de Educación de Chile ha destinado $25.000 millones adicionales, poco menos de $2,5 millones por establecimiento, para apoyar el retorno a clases presenciales en todos los colegios y jardines que reciben recursos públicos en el país para implementar medidas sanitarias, pero nada se dice de apoyo socioemocional para docentes y estudiantado.

La crisis sanitaria ha causado estragos en la educación, pero no lograremos recuperar lo perdido haciendo lo mismo de siempre. Hemos tenido un año y medio para cuestionar las bases del sistema educacional y en Fundación Semilla asumimos el desafío de encontrar las oportunidades que nos ofrecía la crisis para mejorar la educación de niñas, niños y jóvenes.

Durante el año 2020, elaboramos el Decálogo del Retorno a Clases en el que se destaca, en primer lugar, que se puede lograr más aprendizajes con menos contenidos. Para ello proponemos mantener la flexibilidad curricular, autorizada excepcionalmente por el Ministerio de Educación, priorizando aquellos objetivos imprescindibles para avanzar en nuevos aprendizajes y aquellos integradores y significativos que permitan aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales.

El segundo punto del Decálogo da cuenta de la importancia de las emociones y los vínculos que se establecen en las comunidades educativas. Hasta antes de la pandemia las dábamos por aseguradas por el solo hecho de la presencialidad en la escuela sin trabajarlas ni apoyar a quienes se iban quedando rezagados. La calidad de la convivencia escolar y la adquisición de habilidades sociales, emocionales y ciudadanas, deben mantener una alta relevancia pedagógica.

Hacer realidad estas oportunidades no será tarea fácil. El sistema educacional necesita hacer suyo esta nueva mirada ofreciendo apoyo socioemocional y capacitación a las y los profesionales de la educación, así como nuevas herramientas pedagógicas que apoyen la labor docente.

La educación se comporta como un gran buque de carga que tiene grandes dificultades para cambiar de rumbo.  Lamentablemente, mientras el retorno a clases avanza, vemos la soledad en que se encuentran las y los profesionales de la educación.

 

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