“Crónica de un presupuesto” Por Álvaro Iriarte (Director de Investigación Instituto Res Publica)
En Chile, a diferencia de países como Estados Unidos y Reino Unido, la discusión presupuestaria no concita un interés general del público ni desata pasiones. ¿Por qué es así? Porque la actual Constitución establece que, si el Congreso no aprueba el presupuesto dentro de 60 días desde su presentación, regirá el original enviado por el Ejecutivo. En Estados Unidos, si no se aprueba el presupuesto, el aparato público se queda sin recursos con todo lo que ello implica, existiendo siempre la posibilidad del cierre de las oficinas públicas si no se llega a acuerdo, como ocurrió en 2014. Aquí radica la gran diferencia.
Pero el presupuesto para el 2018 concita mayor interés, pues debe lidiar con un gran problema: la falta de recursos para financiar todos los programas y compromisos asumidos por el Ejecutivo.
El presupuesto de la nación no es muy distinto al de nuestros hogares: se debe confeccionar considerando los ingresos y las deudas. Sin crecimiento económico y sin incentivo a la inversión, los ingresos disminuyen. El mal gasto y despilfarro -en un Estado demasiado grueso- han elevado la deuda a niveles históricos, y el próximo gobierno deberá pagar solo en intereses US$ 12.000 millones en 4 años, monto que excede ampliamente lo que recaudaría la reforma tributaria a contar de 2018, poco más de US$ 8.300 millones.
Cuando se aprobó el alza de impuestos en 2014, donde equivocadamente concurrió con sus votos la centroderecha, se dijo de manera populista que los recursos serían para financiar las reformas. Tres años después de haber iniciado la serie de reformas que impactaron negativamente la economía chilena, el Gobierno se ve en la difícil situación de explicar por qué no tiene recursos para mantener adecuadamente el aparato estatal para 2018.
Este escenario fue previsto por muchos economistas serios, y algunos políticos también levantaron la voz en 2014. Muchos desde la sociedad civil denunciamos el peligro de endeudarse irresponsablemente y el efecto negativo de las reformas, así como la importancia del crecimiento. Fuimos catalogados de agoreros del terror. El tiempo nos ha dado la razón.
Necesitamos con urgencia instalar nuevamente la responsabilidad fiscal como pilar de la gestión del Estado, sin importar el color político del gobierno de turno.
