Argentina: Justicia cita a declarar a Cristina Fernández
La exmandataria es investigada, junto a estrechos colaboradores de su Gobierno, por la concesión de obras a un empresario cercano a los Kirchner.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue citada a declarar en calidad de investigada, en el marco de un caso por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas. Este lunes (12.09.2016) el juez federal Julián Ercolini informó que la exmandataria deberá acudir el próximo 20 de octubre para responder las preguntas de la Justicia. Es la segunda vez que Fernández es citada a declarar desde que abandonó la Casa Rosada.
En un dictamen de 29 hojas, Ercolini justifica la citación a Fernández y a otras 33 personas, entre ellas exmiembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Lázaro Báez, cercano a los Kirchner. El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del Grupo Austral.
“Los ilícitos denunciados habrían comenzado desde fines del año 2003 y, en general, se relacionaban con los contratos de obras públicas llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública”, señaló el magistrado en el documento.
Inhibición de bienes
Además, Ercolini dictó como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de 17 de los citados, entre ellos la ex jefa de Estado. La causa sostiene que hubo un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez”, quien recibió contratos multimillonarios para obras viales en la sureña provincia de Santa Cruz, varias de las cuales no fueron ejecutadas o terminadas.
La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal” ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las rentas de la Nación. Ercolini asegura en su escrito que existen suficientes “elementos de convicción” como para fundamentar la “verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio”.
DZC (EFE, dpa, Reuters)
