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OPINIÓN

“Aspectos simbólicos del espacio urbano: Parque Kaukari” Por Dra. Sara Arenas Marín. ( Directora Escuela de Psicología, Santo Tomas, Copiapó)

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La ciudad es un referente que genera en las personas identidad, apego, apropiación espacial, sentimientos de pertenencía, etc. Todo esto favorece las relaciones sociales e incluso puede potenciar la asociatividad y los lazos comunitarios. Distintos estudios dentro de la psicología ambiental dan cuenta de aquello.

Copiapó se encuentra en un interesante proceso de resignificación de sus espacios públicos prototípicos, es decir, aquellos espacios representativos en los cuales se funda su identidad, tales como el río en su cauce por la ciudad, entre otros. La escasez hídrica ha llevado a la transformación de la ciudad, deteriorándose zonas estratégicas definidas por los ciudadanos como pulmones verdes y espacios de recreación y esparcimiento, entre ellas el pueblo San Fernando, el parque El Pretil, la ribera del río. Así, la identidad en estas últimas décadas se ha construido en torno a la pérdida de espacio público urbano y su consecuente disminución de calidad de vida.

La gente en sus relatos refiere que en el pasado se paseaba por las orillas del río, ocupándose como un lugar de esparcimiento familiar, incluso de pesca. El agua superficial del río Copiapó es y ha sido un “actante” para los ciudadanos, una “voz del pasado”, pero también un objeto simbólico del presente en la narraciones de buena parte de la población, y ahora más que nunca también en sus acciones.

El parque Kaukari, más allá de sus problemáticas inundaciones debido a las crecidas del río, se plantea como una estrategia de recuperación de la zona ribereña, favoreciendo a nuestro parecer la percepción de aquel río ausente. Es interesante ver cómo se usa nuevamente el espacio, se vuelve a mirar y a disfrutar, resignificándolo en base a su propia naturaleza y las relaciones que se establecen en él. De ahí la importancia de transformarlo en un lugar de encuentro social, limpio y seguro. Se aplauden iniciativas sociales como “Tambores de Invierno”, ferias y festivales en esas laderas que por años estuvieron pérdidas entre basura y socavones.

Esta mezcla entre intervención pública y social nos permite reconstruir una identidad no solo centrada en la pérdida de un río, sino, de un cauce que se está recuperando para su uso.  Sin embargo, para “recuperar” efectivamente nuestro río falta mucho trabajo que hacer en distintos ámbitos, desde contar con una normativa hídrica que reguarde derechos humanos y ambientales esenciales, hasta las infraestructuras necesarias para su disfrute y utilidad social, así como también una mirada de largo plazo que abarque las nuevas generaciones.

 

Por: Dra. Sara Arenas Marín.  Directora Escuela de Psicología, Santo Tomas, Sede Copiapó. Psicóloga, Magíster en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctora en Intervención Psicosocial por la Universidad de Barcelona.

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El TPP-11, un tratado en el que Atacama y Copiapó tienen mucho más que ver de lo que pensamos ( Por Juan Manuel Cáceres, Concejal por Copiapó.)

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Los sectores más proclives a la profundización de la globalización y el sistema neoliberal con su peor cara extractivista, han decidido darle un nuevo aire al tratado del TPP11. Lejos de ser algo que esté todos los días en la discusión de nuestras casas, debemos estar conscientes de que a Copiapó y Atacama este tratado no le da lo mismo. Claramente podría ayudar a intensificar la agenda de destrucción ambiental.

 

Por Juan Manuel Cáceres, Concejal por Copiapó.

 

Desde hace años se habla del TPP-11. Un tratado que ha sido criticado desde distintos sectores políticos y que en su argumento principal está la pérdida de soberanía del país. Este aspecto es fundamental si queremos encontrar nuestro propia ruta en el largo camino de un desarrollo más amigable con el medio ambiente y sus comunidades. ¿Por qué? Porque si se firma el TPP-11 ante una política pública que realice el Estado de Chile, una empresa importante del extranjero tendría facultades para poder manifestar su molestia y eventualmente demandar al país.

 

En este sentido el TPP-11 es más que un tratado comercial que baja los aranceles. Es realmente la integración de una zona de mercado donde los países con más industrias tendrán más facilidades para sacar los recursos naturales de los países que tienen menos industria. Y es allí donde la forma de resolver las controversias quedará en un punto bastante desfavorable para los países más débiles en la política internacional, como el nuestro.

 

¿Qué podemos hacer nosotros frente a Japón, Australia, Canadá o el mismo Estados Unidos? Por cierto cuatro países que tienen muchos negocios en Atacama ya, como lo son en el área de minería (Candelaria en el caso canadiense) o bien existe en el Valle de Copiapó una industria de monocultivo que apunta directamente a satisfacer el gusto por la uva de mesa de Estados Unidos en desmedro de las necesidades alimentarias de nuestra propia comunidad, me refiero al negocio de los parronales.

 

Por eso no da lo mismo, la asimetría se va a acentuar. Hoy es necesario poder defenderse y creo que hay un aprovechamiento de la debilidad gubernamental en que están festinando los grupos más conservadores de nuestro país. Al mismo tiempo hay que exigir el compromiso del gobierno, pero por sobre todo del Congreso por determinadas causas, puntualmente el garantizar un medio ambiente que nos de la posibilidad de tener una buena calidad de vida. No se trata de estar en contra del mercado, el mercado siempre está, sino cómo vamos a obtener nuestros productos, en cualquier sistema, no se trata de eso. Aquí se trata de no entregar fácilmente lo que tenemos en nuestro poder como sociedad chilena, y en este caso atacameña. Territorio, naturaleza , comunidad y soberanía.

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La nueva relación entre empresa y colaboradores   ( Por Felipe Cuadra, Co Fundador Rankmi Chile)

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Los últimos años nos han enseñado mucho. Como industria, nos vimos obligados a adoptar en tiempo récord nuevas formas de trabajar, de cuidar a las personas, de generar ambientes de trabajo seguros. Estos cambios tienen consecuencias permanentes: hoy tenemos una fuerza laboral con otras prioridades y necesidades.

 

En paralelo, los grandes temas siguen presentes. Chile sigue siendo el segundo país menos productivo de la OCDE, y contamos además con una regulación laboral que nos ubica entre los que tienen menor flexibilidad en el empleo. Para el 2023, ya podemos vislumbrar los principales temas que se tomarán la agenda: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la negociación colectiva multinivel, la participación de los y las trabajadoras en los directorios de grandes empresas, regulación de la subcontratación y las normas de término de la relación laboral se presentan como los principales desafíos a abordar el próximo año.

 

Como parte de la Red de Recursos Humanos, en conjunto a otros actores claves del país en la materia, en Rankmi fuimos parte de un encuentro en donde tuvimos la oportunidad de analizar este nuevo perfil. El diagnóstico es compartido, las organizaciones deben tener la capacidad de respuesta ante este nuevo escenario y no sólo reaccionar, sino que prepararse, medirse, y desafiarse a cambiar antes que el cambio sea inevitable.

 

Muchas organizaciones ya han puesto en marcha estos cambios, y están invirtiendo en bienestar para lograr una fuerza de trabajo más saludable y feliz, alcanzando un mayor compromiso y productividad. Esto reafirma nuestro compromiso, las empresas deben ser actores activos en lo que respecta a su relación con los colaboradores y no reaccionar tardíamente.

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Necesidades concretas frente al crimen organizado ( Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero)

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La Región de Atacama si bien está lejos aún de realidades delictuales de otras zonas del país, no es menos cierto que también está viviendo un presente desconocido hasta hace pocos años, por cuanto la comunidad está siendo afectada por delitos cada vez más violentos que van de la mano con la preocupante proliferación y uso de armas de fuego convencionales y de confección artesanal. Es esta una cuestión que nos causa suma preocupación como Fiscalía y que redobla nuestra inclaudicable determinación de perseguir y reprimir los delitos desde el mismo momento de su ejecución.

Adicionalmente, debe considerarse que, hoy en día, la expresión del fenómeno criminal ha superado la antigua imagen del delincuente solitario, al conformar agrupaciones de criminalidad organizada que obligan al Estado a adoptar nuevas formas de actuación para neutralizar y desarticular su nefasto accionar, lo que en el caso del Ministerio Público se ha expresado a través del trabajo que desarrollan fiscales especializados y las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que han integrado eficientemente la labor de inteligencia, el análisis de información y detección de agrupaciones delictuales con el aspecto jurídico-operativo, al llevar ante Tribunales de Justicia a sus responsables e instar por una condena penal.

Es en esa dirección que se valoran las medidas anunciadas por las autoridades centrales y que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.

Sin embargo, cuando la lucha del Estado contra la criminalidad organizada carece de un profundo análisis de las diferentes realidades regionales, de los requerimientos institucionales y de la dinámica delictual, pierde toda razonabilidad y fuerza. En efecto, la creación de unidades policiales especializadas de poco sirve si no se les dota de herramientas tecnológicas y contingente preparado para asumir estos nuevos desafíos; de nada sirve recurrir a las figuras de fiscales preferentes o exclusivos, si quienes son destinados a esta tarea, son los mismos fiscales que –hace años- acusan un déficit de personal versus el nivel de ingreso de denuncias que ha llegado desde hace tiempo a niveles críticos en algunas partes del país, sin que exista voluntad de aumentar el número de fiscales y sus respectivos equipos de trabajo. Ese fiscal preferente o exclusivo, es el mismo que arrastra una sobrecarga de investigaciones que, además, debe extremar sus esfuerzos para participar de las audiencias judiciales diarias, asumir turnos telefónicos, confeccionar órdenes de investigar a las policías, análisis de sus resultados, atención de víctimas y testigos, alegar ante las Cortes de Apelaciones, preparación de Juicios Orales, entre muchas otras tareas, las que podrían optimizar su distribución si existiera un mayor número de fiscales y así dar prioridad y enfocar su esfuerzo a aquella tarea exclusiva de persecución penal de quienes cometen delitos.

Asimismo, de poco o nada aporta a la seguridad país la generación de proyectos de ley contenedores de figuras penales con altas sanciones, si no se asigna a las instituciones mencionadas los mínimos recursos técnicos y de personal para asegurar la ejecución de su función y las medidas de seguridad que les permita reaccionar ante las acciones de grupos de delincuentes que, en otras partes de América, en lo que va de 2022, ya ha cobrado la vida de varios fiscales a manos de organizaciones criminales.

En ese orden de ideas, resulta muy importante centrar la atención en las medidas de Estado que lleven a un aumento efectivo de la dotación policial para el país, así como un incremento de la planta del Ministerio Público, con la especialización y las herramientas tecnológicas que faciliten una persecución penal más eficiente y efectiva, junto a una tarea legislativa en materia de seguridad que se transforme en un punto de encuentro contra la criminalidad organizada.

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90.9 MHZ: Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla, Nantoco, Chamonate, San Pedro, Piedra Colgada, María Isabel, Aeropuerto

93.1 MHZ: Vallenar, Freirina, Maitencillo, Hacienda Nicolasa, Ruta 5

101.9 MHZ: Caldera, Bahía Inglesa, Bahía Salada, Barranquilla, Puerto Viejo, Ramada, Rodillo, Obispito, Aeropuerto, Ruta 5 y el litoral.

98.3 MHZ: Los Loros, Campamento Caserones, San Antonio, Tranque Lautaro, Zonas rurales precordilleranas