“Borde Costero y Estado de Derecho” Por Alvaro Iriarte, Director de Investigación Instituto Res Publica
La mayoría de los ciudadanos entendemos que las leyes se deben respetar, que se han establecido para resguardar el bien común y que todos estamos obligados a cumplirlas por igual. Se trata de una garantía para la vida en sociedad y para nuestra libertad, de no ser así se abren las puertas a la injusticia y la discriminación.
Si hay un caso paradigmático que refleja lo señalado, sin lugar a dudas es la situación del derecho de propiedad y las tomas de terrenos fiscales en el borde costero; terrenos supuestamente “de todos los chilenos”.
La situación del borde costero es una vergüenza, pues muchas de las ocupaciones son viviendas de veraneo. En varios casos representan un verdadero peligro, pues se han levantado “pueblos” en lugares que no están habilitados para ello, sin considerar los riesgos asociados a terremotos, tsunamis, aluviones y otros. Además, la imagen que se proyecta para el turismo es preocupante: desorden e irregularidades que no invitan a visitar algunas playas de Atacama.
Lo correcto sería desalojar de inmediato las ocupaciones ilegales que están en zonas de riesgo o que afectan al resto de la comunidad, y que en aquellos terrenos fiscales donde sea posible, el Estado permita a los particulares arrendar, pedir una concesión administrativa o adquirir terrenos bajo las mismas reglas que se aplican a todos los particulares interesados en terrenos fiscales. Pero la respuesta ha sido otra: inacción en una suerte de omisión ante tan grave y delicado tema. La señal que se envía a la ciudadanía es que no todos están sometidos a la ley, o peor aún, que la ley se aplica con distintos criterios dependiendo de quien la infringe.
La inacción de las autoridades es una verdadera agresión a todos los ciudadanos que cumplimos las leyes y pagamos nuestros impuestos. Pareciera que la igualdad ante la ley no es tal en materia de tomas ilegales de terrenos fiscales, y que aquellos grupos organizados que son capaces de poner de rodillas al gobierno terminan siendo “más iguales” que el resto de los atacameños. Lamentablemente el 2017 es año de elecciones y por tanto es altamente improbable que se tomen medidas “impopulares”, por muy necesarias que sean. El Estado de Derecho nos beneficia a todos, y todos debemos respetarlo.
Por: Alvaro Iriarte, Director de Investigación Instituto Res Publica
