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OPINIÓN

Chile necesita el voto obligatorio Sergio Escobar Jofré (Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN)

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La falta de educación cívica es una de las mayores críticas que hemos escuchado en el último tiempo, asociada precisamente a los bajos índices de participación electoral en Chile. El fenómeno vivido en el último plebiscito, donde sufragaron más de 13 millones de personas, nos demuestra la importancia e impacto que tiene en la democracia cuando la ciudadanía participa en masa y percibe que lo que está en juego es importante.

El voto voluntario debutó en Chile en el año 2012 (alcaldes y concejales), con una inmediata disminución en la participación de más de un millón de votos, versus el anterior proceso similar con voto obligatorio (2008), un efecto que se fue acrecentado cada vez más. Las presidenciales de 2009 contó con casi 7 millones de votos (sistema obligatorio), mientras en el 2013 dejaron de participar casi un millón de personas, pero con el atenuante que la cifra disminuye a pesar de que aumenta de forma permanente el padrón. O sea, por más gente que esté habilitada para participar, votaban siempre los mismos, con tendencia a la baja.

Votos más o menos, una máxima irrefutable indica que una menor participación afecta a la democracia y su representación. Por otro lado, una elección es la principal instancia en la que la ciudadanía puede hacer valer su opinión, con efectos que son fundamentales para su presente y futuro.

Muchos podrán decir que son las instituciones las que deben motivar e incentivar a que los ciudadanos participen y no imponerles involucrarse en su destino, pero ¿no es lo mínimo que se le puede exigir?, concurrir cada cuatro años a elegir a sus autoridades.

El volver a instaurar el voto obligatorio generará un efecto que buscará impulsar el hábito y compromiso, siempre y cuando se mantengan las sanciones para quienes incumplan con ello. El resultado del último plebiscito buscaba generar un cambio profundo en el país y nadie imaginó el resultado obtenido. Si bien las encuestas se inclinaron por una opción, ningún partido o sector imaginó un resultado tan contundente, que no dejó lugar a dudas sobre qué querían y que no querían los chilenos. La población habló y lo hizo fuerte, algo que tuvo efectos inmediatos en el ejecutivo, quizás ese efecto no se habría conseguido con un voto voluntario.

Pero lo anterior también presenta desafíos relevantes, principalmente para los partidos políticos. Primero, el voto obligatorio no es una medida que por arte de magia vaya a solucionar los problemas que tiene nuestro régimen político y por ello es fundamental que los partidos busquen conquistar a los electores y retomen su necesario lugar en la sociedad, como una institución primordial para el desarrollo de la democracia. Segundo, con un voto obligatorio automáticamente aumenta el padrón en 4 millones de personas aproximadamente, lo que lleva a los partidos a salir de su zona de confort, de contar siempre con un voto ideológicamente ya conquistado.

Esto requerirá que los partidos mejoren su ‘oferta’ programática y de candidatos para conectar de mejor forma con las necesidades y demandas de la gente, algo para lo que por cierto tendrán más recursos, pues un incremento de votos va de la mano de un alza de lo anterior.

De lo contrario, comenzaremos a ver un crecimiento de votos nulos o blancos y quizás lo que es peor, un aumento de votación para candidaturas populistas, que en su mayoría capitalizan la frustración de una población insatisfecha o bien prometen aquello que la gente necesita escuchar. sin ninguna responsabilidad.

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OPINIÓN

Necesidades concretas frente al crimen organizado ( Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero)

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La Región de Atacama si bien está lejos aún de realidades delictuales de otras zonas del país, no es menos cierto que también está viviendo un presente desconocido hasta hace pocos años, por cuanto la comunidad está siendo afectada por delitos cada vez más violentos que van de la mano con la preocupante proliferación y uso de armas de fuego convencionales y de confección artesanal. Es esta una cuestión que nos causa suma preocupación como Fiscalía y que redobla nuestra inclaudicable determinación de perseguir y reprimir los delitos desde el mismo momento de su ejecución.

Adicionalmente, debe considerarse que, hoy en día, la expresión del fenómeno criminal ha superado la antigua imagen del delincuente solitario, al conformar agrupaciones de criminalidad organizada que obligan al Estado a adoptar nuevas formas de actuación para neutralizar y desarticular su nefasto accionar, lo que en el caso del Ministerio Público se ha expresado a través del trabajo que desarrollan fiscales especializados y las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que han integrado eficientemente la labor de inteligencia, el análisis de información y detección de agrupaciones delictuales con el aspecto jurídico-operativo, al llevar ante Tribunales de Justicia a sus responsables e instar por una condena penal.

Es en esa dirección que se valoran las medidas anunciadas por las autoridades centrales y que forman parte del Plan Nacional de Seguridad.

Sin embargo, cuando la lucha del Estado contra la criminalidad organizada carece de un profundo análisis de las diferentes realidades regionales, de los requerimientos institucionales y de la dinámica delictual, pierde toda razonabilidad y fuerza. En efecto, la creación de unidades policiales especializadas de poco sirve si no se les dota de herramientas tecnológicas y contingente preparado para asumir estos nuevos desafíos; de nada sirve recurrir a las figuras de fiscales preferentes o exclusivos, si quienes son destinados a esta tarea, son los mismos fiscales que –hace años- acusan un déficit de personal versus el nivel de ingreso de denuncias que ha llegado desde hace tiempo a niveles críticos en algunas partes del país, sin que exista voluntad de aumentar el número de fiscales y sus respectivos equipos de trabajo. Ese fiscal preferente o exclusivo, es el mismo que arrastra una sobrecarga de investigaciones que, además, debe extremar sus esfuerzos para participar de las audiencias judiciales diarias, asumir turnos telefónicos, confeccionar órdenes de investigar a las policías, análisis de sus resultados, atención de víctimas y testigos, alegar ante las Cortes de Apelaciones, preparación de Juicios Orales, entre muchas otras tareas, las que podrían optimizar su distribución si existiera un mayor número de fiscales y así dar prioridad y enfocar su esfuerzo a aquella tarea exclusiva de persecución penal de quienes cometen delitos.

Asimismo, de poco o nada aporta a la seguridad país la generación de proyectos de ley contenedores de figuras penales con altas sanciones, si no se asigna a las instituciones mencionadas los mínimos recursos técnicos y de personal para asegurar la ejecución de su función y las medidas de seguridad que les permita reaccionar ante las acciones de grupos de delincuentes que, en otras partes de América, en lo que va de 2022, ya ha cobrado la vida de varios fiscales a manos de organizaciones criminales.

En ese orden de ideas, resulta muy importante centrar la atención en las medidas de Estado que lleven a un aumento efectivo de la dotación policial para el país, así como un incremento de la planta del Ministerio Público, con la especialización y las herramientas tecnológicas que faciliten una persecución penal más eficiente y efectiva, junto a una tarea legislativa en materia de seguridad que se transforme en un punto de encuentro contra la criminalidad organizada.

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OPINIÓN

¿Por qué se ataca a la minería chilena?   ( Por: Dominique Viera Peñailillo, VPO Metaproject Chile , Vicepresidenta Cámara Minera de Chile , Directora de APRIMIN y AIC)

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Chile por años ha sido el primer productor de cobre del mundo, quizás uno de los pocos títulos en donde los chilenos debemos sentirnos orgullosos. La minería es el que presenta los mejores indicadores socio económicos, también en educación, salud, bienestar y según el informe de las Organización de las Naciones Unidas, Chile es el país que ocupa el primer lugar en la región de desarrollo humano, donde el máximo es uno y el país obtiene un valor IDH de 0,84. Nuestro país también es el campeón mundial como primer productor de cobre del mundo, cada minuto Chile produce 10 toneladas de cobre fino para el mundo. Además, más de 2,5 millones de chilenos dejaron de ser pobres gracias en gran parte a la minería, generando mayores empleos de calidad y es la industria que mejor remunera, logrando disminuir la extrema pobreza de cerca de 40% en los años ´80, a solo 6,4%. Sin embargo, hoy en día está enfrentando una serie de ataques desproporcionados y amenazas que la ponen en alerta y peligro con sus productores, inversionistas y la gran masa de trabajadores que gozan de empleos de calidad.

 

Complementando lo anterior, “el Litio y las tierras raras, serán más importantes que el petróleo y el gas”, avisaba la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión. Sus referencias a los combustibles fósiles al hablar de los materiales que deben sostener la transición energética fueron constantes. “Debemos evitar volver a ser dependientes, como nos pasó con el petróleo y el gas”, insistió.

 

En LATAM están los mayores jugadores del Litio, Argentina con un gran portafolio de proyectos y grandes inversiones, Chile con su política zigzagueante y poco clara, Bolivia que ha logrado acuerdos significativos para desarrollar su industria de Litio, a continuación, está Perú con su gran yacimiento, pero aún en desarrollo. Si Chile y el mundo político no despierta no solo nos quedaremos atrás, sino que llegaremos tarde a todo. En Chile no hay otra industria tan importante como la minería, entonces ¿por qué se ataca?, ¿Cuáles son las razones?

 

Algunas críticas y ataques infundados a las que está expuesta: Que es solo extractivista, cuya razón es más ideológica que técnica, que no se paga impuestos equitativos con royalty, que destruyen los glaciares, que consume toda el agua, que es sucia, que contamina, que no es amigable con la naturaleza, etc.

 

Quizás a las mineras les ha faltado socializar más las actividades de sustentabilidad, llegar más a la sociedad cada vez más caprichosa que exige mayor cooperación y ser tomada en cuenta. Pero todo tiene solución, si se hacen políticas públicas, inteligentes, sustentables, comprometidas con cuidar la naturaleza, entonces ¿por qué se sigue atacando?

 

Entendemos que Chile es el campeón mundial de la crítica y el chaqueteo y empareja hacia abajo, pero porque no apoyar a la minería y mejorar lo que se tenga que mejorar y desarrollarla para que siga siendo el sueldo y el pan de cada día de los chilenos.

 

Por eso, Chile se da un verdadero disparo a los pies.

 

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OPINIÓN

Criterios para una nueva instancia constituyente (Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN)

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Teniendo en cuenta la discusión político-jurídica por la que atraviesa el país, parece adecuado considerar algunos de los siguientes criterios:

Las reglas del juego que determinarán el funcionamiento de la nueva instancia constitucional -esto es el reglamento para su funcionamiento- debería elaborarse antes de la elección de quienes redactarán el nuevo texto.

También parece prudente conformar una instancia constituyente más reducida. Una alternativa podría ser con 50 integrantes para equipararlo al número actual de Senadores o el doble de ello, es decir 100, si el mecanismo de elección es por listas cerradas, lo que facilitaría que las colectividades políticas estructuraran dichas listas, siempre paritarias, con independientes y especialistas en las temáticas propias de una Constitución.

En relación con el plazo para la elaboración de la propuesta del nuevo texto, estimo indispensable que sea más breve, 6 a 8 meses, teniendo especialmente en cuenta que en el año 2024 tenemos elección municipal y en 2025 elección parlamentaria y presidencial. Por consiguiente, el espacio para elegir la instancia constituyente y para que esta entregue una propuesta, la que debe ineludiblemente ser ratificada vía plebiscito con voto obligatorio por la ciudadanía, es el 2023 y no después.

Muy ligado a la cuestión de los plazos, también parece adecuado considerar varias de las cuestiones tratadas en el texto constitucional anterior, así como la propuesta presentada en las postrimerías del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también recoger elementos propios de la tradición constitucional chilena; es decir, proponer un texto que más que refundar permita tener un mejor diseño institucional que reconozca y reconfigure los derechos fundamentales, para lo cual el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho resulta indispensable.

 

 

 

 

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90.9 MHZ: Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla, Nantoco, Chamonate, San Pedro, Piedra Colgada, María Isabel, Aeropuerto

93.1 MHZ: Vallenar, Freirina, Maitencillo, Hacienda Nicolasa, Ruta 5

101.9 MHZ: Caldera, Bahía Inglesa, Bahía Salada, Barranquilla, Puerto Viejo, Ramada, Rodillo, Obispito, Aeropuerto, Ruta 5 y el litoral.

98.3 MHZ: Los Loros, Campamento Caserones, San Antonio, Tranque Lautaro, Zonas rurales precordilleranas