El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, denunció a través de sus redes sociales la existencia de «tomas VIP» en el borde costero sur de la comuna de Antofagasta, específicamente en un sector aledaño al balneario El Huáscar.

Se trata de construcciones -algunas de dos pisos- en las que aparentemente se ha invertido una cantidad importante de dinero, pues incluso cuentan con áreas de esparcimiento, lo cual ha sido captado a través de imágenes aéreas.

Ha trascendido que una de esas casas pertenece a Jacqueline Santander, excandidata a senadora en las últimas elecciones parlamentarias, y actual vicepresidenta de la Comisión de Mujer y Género del Partido Socialista en la comuna.

Si bien una vez difundida la denuncia ocupantes de la zona manifestaron su intención de pagar arriendo por los terrenos, la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, sentenció que «las tomas son ilegales y no se regularizan».

«Tenemos tomas en lugares que son de personas más vulnerables, y sin embargo, igual hemos tenido que desalojar, porque a veces están en zonas de riesgo o son sectores que ya están planificados. La ley es pareja para todos», remarcó.

La gran mayoría de las tomas de terrenos de la región está conformada por personas que no pueden acceder a una solución habitacional, pero dada la calidad de las viviendas de El Huáscar, habitantes de la zona fustigan que sus ocupantes no tienen esos problemas.

Un vehículo, por causas que se investigan, chocó y terminó incrustado dentro de un colegio de la comuna de Ñuñoa durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el auto transitaba por la avenida José Domingo Cañas en dirección al oriente cuando terminó impactando contra el establecimiento, el Colegio Profesor Guillermo González Heinrich.

Al conductor se le realizará una alcoholemia para determinar si conducía ebrio.

El vehículo seguía dentro del recinto educacional en horas de la mañana, en las que los alumnos comenzaban a llegar para una nueva jornada escolar.

La Corte Suprema decretó la expulsión del país de un ciudadano extranjero condenado por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos.

En una decisión unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó rebajar la condena en contra de John Castrillón de tres años y un día de presidio a la expulsión del país, medida que tendrá una vigencia de 10 años.

«Las razones esgrimidas por el tribunal para descartar esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, después de aceptados los hechos que la constituyen, esto es, la falta de anotaciones prontuariales pretéritas en Chile como en su país de origen, resultan contrarias a derecho y por lo tanto, representan efectivamente el yerro denunciado», afirma el fallo.

La PDI y el Ministerio del Interior tendrán un plazo de 90 días para hacer efectiva esta medida, mientras que el condenado permanece recluido en un recinto determinado por Gendarmería.