La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, se pronunciará este jueves en un fallo inapelable sobre la controversia entre Bolivia y Chile por el estatus de las aguas del Silala, que La Paz defiende que se origina de unos manantiales nacidos en su territorio, y Santiago considera un río internacional.

La CIJ se retiró el pasado 14 de abril a deliberar, tras escuchar los alegatos orales del caso entre Chile y Bolivia sobre las aguas transfronterizas del Silala, y este jueves dará a conocer finalmente sus conclusiones sobre la controversia.

El expresidente boliviano Evo Morales acusó a Chile de «robar» y «desviar» artificialmente las aguas del Silala hacia su frontera, pero Santiago contestó a eso con una demanda a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que La Paz impida el flujo hacia su territorio, al argumentar que es un río internacional entre ambos países.

Bolivia reaccionó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas «artificialmente» gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena, Antofagasta-Bolivia Railway Company, en el Potosí boliviano.

Según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11 por ciento y un 33 por ciento, por lo que cree que Chile debería pagarle una «compensación» por el uso de ese flujo adicional.

Santiago ha rechazado ese planteamiento asegurando que, según sus cálculos, las obras aumentaron las procelosas aguas del Silala un 1 por ciento como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia «no tendría fundamento jurídico».

Así, los letrados chilenos han pedido a la CIJ que se aplique sobre todo el curso de agua el derecho internacional consuetudinario: las normas que se aplican habitualmente a los ríos internacionales cuando no existe un tratado entre los países ribereños.

El Silala nace en unos manantiales del Potosí en Bolivia y cruza la frontera hacia el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del planeta, hasta desembocar en otro cauce en Chile, pero su uso y estatus han erosionado las relaciones entre ambos en los últimos veinte años.

Su caudal es relativamente pequeño, pero su ubicación lo convierte en un recurso hídrico clave para el desarrollo de Antofagasta, la región minera por excelencia del mayor productor de cobre del mundo.

El caso Silala es el último de una larga lista de roces entre ambos países, la mayoría de los cuales se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando Bolivia perdió su salida al mar y cedió a Chile parte del desierto de Atacama, lo que le supuso la pérdida de 400 kilómetros de costa, caso que también llegó a esta misma Corte de La Haya.

Bolivia ya tiene un fallo adverso en otra controversia con Chile, la planteada en 2013 por el entonces gobierno de Evo Morales ante la CIJ para que se obligue a Chile a negociar en firme la reclamación marítima.

En 2018, el tribunal determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

Ante el surgimiento de la iniciatia que busca declarar feriado el 26 de diciembre, el ministro Mario Marcel entregó una drástica postura.

Y es que el jefe de la cartera de Hacienda le bajó el pulgar a la opción de tener ‘libre’ el día posterior a la Navidad, que cae domingo este 2022.

“Todos sabemos que este año ya se agregó un feriado, en torno a las Fiestas Patrias (viernes 16 de septiembre)”, expresó Marcel, según detalló Meganoticias.

“Nosotros tenemos un número estable de feriados en el año, que están establecidos por ley, y creemos que ir agregando feriados no es el camino para resolver los temas de recreación, uso de tiempo libre, etcétera. Para eso hay otro tipo de iniciativas”, agregó.

Recordemos que se presentará en el Congreso un proyecto de ley que buscará que la Navidad tenga el mismo tratamiento, como cuando el 18 y 19 de septiembre y el 01 de enero, caigan un domingo.

“Haber hecho una excepción en el año no quiere decir que se sigan haciendo excepciones a lo largo de todo el año, y debemos tener conciencia que los feriados, así como tienen beneficios, también tienen costos”, lanzó el ministro.

En el caso de las Fiestas Patrias pasadas, Mario Marcel detalló que fue un caso expecional.

“Parece razonable que en determinadas circunstancias haya una excepción, pero cuando empezamos a repetir las excepciones, ya dejan de ser excepciones y empiezan a ser reglas”, sentenció.

Chile fue el segundo país de la OCDE donde el peso de los impuestos en relación a la riqueza subió más en 2021, mientras que México se colocó entre los que más disminuyó, en un año en el que las economías se recuperaban de los efectos de la pandemia.

En su informe anual sobre los ingresos fiscales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situó a Chile como el segundo país con más incremento de la presión fiscal; en concreto 2,8 puntos más que el año anterior, hasta el 22,2 % del producto interior bruto (PIB).

Sólo Noruega experimentó un alza superior a la chilena, de 3,4 puntos porcentuales (impulsada, en este caso, por el aumento de los ingresos por extracción de petróleo, hasta sumar el 44,2 por ciento).

La mayoría de los estados latinoamericanos del bloque también experimentó aumentos de la presión fiscal, si bien en menor medida.

En Costa Rica la subida fue del 1,5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 24,2 por ciento y en Colombia del 0,7, hasta un 19,5 por ciento.

México, sin embargo, se situó en 2021 entre los miembros de la OCDE en los que la recaudación impositiva más decreció frente al PIB.

En concreto, pasó del 17,8 por ciento de 2020 al 16,7 por ciento, una caída solo superada por el descenso registrado en Hungría (del 36,1 al 34 por ciento).

México, junto con España, había liderado las subidas de la presión fiscal en 2020, pero continúa como el estado de la OCDE donde la presión fiscal global es menor en relación al PIB, seguido de Colombia (19,5 por ciento), ambos muy por debajo de la media del bloque (34,1 por ciento).

APOYAR LA RECUPERACIÓN POSTCOVID, PRIORIDAD FISCAL EN 2021

En la gran mayoría de los países, 24 de los 36 de la OCDE para los que hay datos de 2021 (de un total de 38 en la organización), la carga fiscal subió a medida que los países se recuperaban del choque económico inducido por la pandemia de covid-19.

Así, la media de la OCDE progresó seis décimas en 2021, hasta situarse en el 34,1 por ciento.

En términos nominales, la carga fiscal de 2021 creció un 12,8 por ciento respecto a 2020, mientras que el PIB de la OCDE mejoró en un 10,5 por ciento.

La prioridad de los miembros en política fiscal fue apoyar la recuperación económica, estimulando el crecimiento y la inversión, especialmente en materia de «economía verde».

El informe atribuye el aumento de la recaudación fiscal, sobre todo, al «rebote» en los ingresos por el IVA y los impuestos a las sociedades (aumentaron 0,5 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente), tras la crisis del covid-19.

El informe también apunta que en 2020, el último año para el que hay datos desglosados para todos los países, las cotizaciones sociales representaron la principal fuente de ingresos fiscales de la OCDE (un 26,6 por ciento), seguidas de cerca por el impuesto sobre la renta (24,1 por ciento) y el IVA (20,2 por ciento).

El resto de las tasas al consumo supusieron un 11,9 por ciento, el impuesto de sociedades un 9 por ciento y los impuestos a la propiedad un 5,7 por ciento.