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INTERNACIONAL

EEUU extiende licencia a Chevron por tres meses para operar en Venezuela

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó una licencia que le permite a Chevron continuar operando en Venezuela durante otros tres meses, como una exención a las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA que buscan presionar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que emitió la licencia general número 8E que permite a Chevron, la última gran compañía estadounidense en Venezuela, operar hasta el 22 de abril del 2020.

“La licencia general no autoriza cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela”, según la licencia difundida la madrugada del sábado con fecha del 17 de enero.

En enero del año pasado, Estados Unidos impuso fuertes sanciones a PDVSA, que prohíben las importaciones de petróleo venezolano y las transacciones realizadas en dólares estadounidenses, una medida para cortar las divisas y forzar la salida de Maduro. Pero le otorgó a Chevron Corp una licencia de seis meses para operar, que ha sido renovada en dos oportunidades por un lapso de tres meses.

Las restricciones redujeron las exportaciones de petróleo de Venezuela en un 32% el año pasado, pero Maduro, que conserva el apoyo de la Fuerza Armada y controla PDVSA, se ha mantenido en el poder.

Chevron, que ha estado en Venezuela durante casi 100 años y ha mantenido a unos 300 empleados directos, es socio minoritario en Petropiar y Petroindependencia, una empresa conjunta con PDVSA en la faja del Orinoco, como también en Petroboscán y Petroindependiente en el oeste de Venezuela. La estatal petrolera posee la mayoría accionaria en los proyectos.

La producción venezolana de petróleo y gas de la compañía estadounidense ronda unos 70.000 barriles por día (bpd), reportan los datos más recientes dados a Reuters por una fuente de Chevron.

El Departamento del Tesoro también renovó licencias por tres meses hasta el 22 de abril a las empresas de servicios Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Las cuatro empresas de servicios de campos petroleros han cesado en gran medida sus operaciones en el país miembro de la OPEP.

“Seguimos enfocados en nuestras operaciones comerciales básicas y en apoyar a las más de 8.800 personas que trabajan con nosotros y sus familias. Nuestras operaciones continúan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones vigentes”, dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr, en un comunicado enviado el sábado por correo electrónico.

Los representantes de Baker Hughes, Halliburton y Schlumberger no estuvieron disponibles de inmediato.

La extensión fue una victoria para algunos funcionarios de la administración de Donald Trump, como el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que considera valioso mantener la compañía en Venezuela, país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

La compañía registró una pérdida de 104 millones de dólares en sus operaciones en Venezuela durante los primeros nueve meses del 2019. La empresa perdería unos 2.700 millones de dólares en activos si fuera necesario abandonar el país, dijo Chevron.

Un cargamento de 1 millón de barriles de crudo venezolano enviado por Chevron estaba reprogramado este mes en el terminal petrolero de Jose, en el este del país, según documentos internos de PDVSA vistos por Reuters.

La operación no entraría en conflicto con las sanciones mientras los ingresos por venta se destinen al pago de deudas pendientes y los fondos sean utilizados para cubrir los costos del proyecto, según tres fuentes de las empresas mixtas.

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INTERNACIONAL

Johnson & Johnson suspenderá la venta de sus talcos para bebé en todo el mundo

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La farmacéutica Johnson & Johnson anunció este jueves que en 2023 suspenderá la venta de sus polvos de talco para bebé en todo el mundo, dos años después de hacerlo en Estados Unidos y Canadá tras miles de denuncias sobre la seguridad del producto.

En una breve nota, la empresa dijo que ha tomado la «decisión comercial» de sustituir el talco por almidón de maíz en este producto infantil después de recibir unas 38.000 demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque siguió negando que esa sea la causa.

A finales de 2018 aparecieron informaciones que apuntaban a que J&J sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.

Desde entonces, J&J se ha enfrentado a miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, lo que la empresa rechaza y que cada año le ha llevado a gastar millones de dólares en litigios.

«Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson’s es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer«, declaró la firma.

La empresa afronta otros problemas judiciales en EE.UU. y aceptó a principios de este año pagar millones de dólares a varios estados, en conjunto con otros grandes distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.

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INTERNACIONAL

Fiscal de EEUU autorizó registro a casa de Trump en Florida y pide permiso para publicar orden

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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

 

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, el fiscal de EEUU, Merrick Garland, defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman “a la ligera”.

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios “menos intrusivos” como alternativa.

La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el inventario de propiedad es un documento que la ley federal exige que las fuerzas del orden dejen al dueño del lugar.

Según indicaron medios estadounidenses, los abogados de Trump tienen hasta el viernes a las 15.00 hora local (19.00 horas GMT) para presentar objeciones ante la Corte a la petición para que se haga pública la orden.

El primero en informar de la redada a la mansión de Florida había sido el propio Trump en sus redes sociales: “Es su derecho”, dijo el fiscal general, según el cual los abogados del exmandatario republicano (2017-2021) recibieron ese mismo día una copia de la orden de registro y del inventario del FBI.

Garland destacó que la adhesión al estado de derecho es el “principio fundamental” del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.

“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, dijo en esa breve intervención televisada, en la que criticó los ataques y amenazas lanzados contra las fuerzas del orden.

El registro a la casa de Trump en Palm Beach buscaba recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial.

Así lo apuntan varios medios estadounidenses como CNN y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del caso.

El periódico menciona a dos personas que aseguran que los documentos que permanecían en la residencia de Trump y que no debió llevarse de la Casa Blanca eran “tan sensibles” en materia de seguridad nacional que el Departamento de Justicia tuvo que actuar esta semana.

Aunque Garland no dio detalles de las razones del registro, los medios estadounidenses apuntan que está relacionado con la investigación iniciada a principios de año y solicitada por los Archivos Nacionales para recuperar la documentación que Trump se había llevado.

Christina Bobb, una de las abogadas del expresidente, ha dicho en varias entrevistas esta semana que estaba en Mar-a-Lago cuando se produjo la redada y que el FBI se llevó aproximadamente doce cajas de la residencia.

A lo largo de este jueves, antes y después de la comparecencia de Garland, Trump se ha limitado a acusar en redes sociales al también expresidente Barack Obama de haberse llevado documentos cuando dejó el poder.

“¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos que Barack Hussein Obama se llevó de la Casa Blanca a Chicago? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? Este acto estaba fuertemente en desacuerdo con los Archivos Nacionales. ¿Irrumpirán en la “mansión” de Obama en Martha’s Vineyard?”, espetó..

Según Trump, Obama envió 30 millones de páginas de los registros de su Administración a Chicago con la promesa de digitalizarlos y eventualmente ponerlos en línea y más de cinco años después de que terminara su presidencia, la web de los Archivos Nacionales “revela que no se han digitalizado ni divulgado páginas”.

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INTERNACIONAL

Trump pide la publicación «inmediata» de la orden de registro a su casa

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El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017 – 2021) aceptó este viernes la petición hecha por el fiscal general, Merrick Garland, y, en un nuevo giro de guion, animó a la publicación «inmediata» de la orden de registro a su casa.

En dos mensajes publicados en la red social Truth, el exmandatario respondió a Garland, quien unas horas antes había solicitado autorización a un tribunal del sur de Florida para que hiciera pública dicha orden, algo a lo que Trump podría haber presentado objeciones si así lo hubiera deseado.

«No solo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EE.UU., injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata», escribió Trump.

El exmandatario tildó lo ocurrido de uso político de la fuerza de la ley, sacó pecho por el supuesto apoyo que tiene en las encuestas y acusó la operación de estar orquestada por la izquierda radical y por sus enemigos políticos.

El registro en casa de Trump el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó este jueves el diario The Washington Post.

El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el Gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la Presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.

Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.

Por su parte, Garland reveló el jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y pidió autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman «a la ligera».

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios «menos intrusivos» como alternativa.

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