Escribo estas líneas en medio de la incertidumbre. Se rumorea un cambio de Gabinete Ministerial desde hace días y quizá cuando esta columna sea publicada aquello ya haya sucedido. Dependiendo del medio de comunicación y del momento, se especula con un cambio en el Ministerio de Educación o con la confirmación de su actual autoridad máxima.

Se inician en estos días, también, las clases escolares. Pero en 15 escuelas de la Región de Atacama no, porque los arreglos en su infraestructura se atrasaron tanto que dejaron a estudiantes y docentes sin clases. Por su parte, en Calbuco y en Antofagasta las lecciones no parten bien, por escuelas sucias o en pésimas condiciones. Y en demasiadas comunas del país las maestras y maestros ingresan agobiados desde ya, por las millonarias deudas en previsión y licencias médicas de responsabilidad de las municipalidades, que simplemente por años han robado fondos de los trabajadores de la educación.

Y si de incertidumbre se trata, de eso saben los cientos de profesores que hace años quieren jubilarse y salir del sistema escolar, pero no lo pueden hacer porque el Estado no les paga el Bono de Retiro que les asignó hace años.

O sea, no partimos con las condiciones ideales este año escolar, que resulta ser decisivo. El 2022 vivimos la instalación de un nuevo gobierno que llegó con nuevas directrices para la educación… las que luego de 12 meses han sido ante todo eso, directrices, pero no tanto medidas concretas, acciones, cambios notorios. Si desde el Magisterio hemos abogado insistentemente por el sentido de urgencia, la agilidad, la rapidez, la necesidad de acciones materiales, no solo es por las apremiantes necesidades de nuestro sistema escolar, sino porque entendemos muy bien como funciona nuestra institucionalidad y sabemos que los períodos presidenciales de 4 años requieren de un impulso decidido desde el comienzo, porque 4 años se hacen cortos en temas tan complejos como Educación.

Por ello, este segundo año de gestión de este gobierno es clave. Ya no caben las explicaciones en torno a la instalación, los diagnósticos, las instancias pre-legislativas. Tenemos un Gobierno que ya cumplió sus primeros doce meses y no puede estar eternamente prometiendo resolver más adelante. Este es, sin duda, el año para acometer con la materialización de esas promesas, el año de las iniciativas legislativas y el año de empezar con los cambios concretos, para tener tiempo para el debate, la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha durante la segunda mitad de este período presidencial.

Porque una cosa es proponer una ley, otra que se tramite, otra que se apruebe y, finalmente, que se implemente y funcione. Y el Gobierno no tiene un tiempo infinito, menos aún en el área educativa, donde la envergadura del sistema hace que siempre se requiera de importantes recursos materiales y de tiempo.

Por eso, si este Gobierno quiere dejar un legado, marcar un cambio en Educación, este es su año decisivo, el año de implementar las transformaciones prometidas para que sean efectivas. Porque, simplemente, no hay mucho tiempo.

A un año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, no se ha visto ni de cerca los malos augurios en economía. Esta semana el Ministro Marcel señaló en una entrevista que «no hemos estado para nada cerca de esta idea de que venía una catástrofe, una recesión profunda”, y ¡claro! Si el IMACEC registró un alza de un 0,4% después de las expectativas negativas que teníamos el año pasado. En lugar de ello se ve una estabilización de la situación macroeconómica.

A ello se suma a nivel local la estimación que realizan economistas, donde se destaca el aumento de la actividad minera. Esto sin dudas que va mostrando una mejora en la gestión de la economía del país. Un aumento del 0,5% registró la actividad minera, esto sin dudas repercute en Atacama.

A ello debemos sumar que Chile volvió a ser el país más atractivo para la inversión extranjera en Latinoamérica, según el indicador que elabora el medio especializado en economía Bloomberg. En los últimos meses Chile bajó en el riesgo asociado a la inversión por sus condiciones económicas y superó a países como Panamá o Perú.

Sin duda que esto demuestra que si aumentamos el diálogo, si resolvemos nuestras diferencias dentro del marco de la democracia, como lo ha hecho Chile en los últimos años, y donde el actual Gobierno del Presidente Boric da espacio a todos los sectores de la sociedad chilena, podemos prosperar.

El desafío sigue, y si bien las cifras macroeconómicas mejoran, también nos interesa seguir apoyando la economía de las familias. Por eso el ex bono marzo ya se está entregando y recibió un aumento. Esta es sólo una de las distintas medidas en materia de seguridad económica que lleva adelante el Gobierno.

Como cada 5 de marzo, el mundo conmemora el Día de la Eficiencia Energética, y en este sentido la transición energética involucra un cambio profundo no solo en la forma de producir energía, sino también en cómo esta se transporta, distribuye y consume.  Así, en la medida que la energía se consuma de manera eficiente, se ahorra parte de esta en el punto de consumo, y se evita el gasto energético y pérdidas que se producen al llevar la energía desde su punto de generación hasta el consumo final.

Aun considerando la importancia de la eficiencia energética en la transición, la visualización de esta última evoca principalmente imágenes de plantas solares fotovoltaicas o de imponentes turbinas eólicas, o mejor aún, paneles solares con turbinas eólicas en segundo plano. Estas tecnologías, aunque de una importancia innegable para la transición, suponen desafíos importantes para su integración a la matriz energética.

Una vez establecida la importancia de la eficiencia energética para la transición, cabe preguntarse por qué, en la práctica, no se le considera en el lugar que debiera. Esto no solo desde la percepción, sino también basados en los niveles de inversión pública y privada en las tecnologías habilitantes de la transición energética, donde, indiscutidamente, las energías solares y eólicas llevan la delantera.

Si analizamos las barreras y desafíos que enfrentan la eficiencia energética y dificultan su visualización, tenemos que, en primer lugar, la eficiencia energética no es glamorosa. Un programa de recambio de luminarias, refrigeradores o motores, que permita ahorrar varios MW, no convoca el mismo nivel de atención que una planta solar fotovoltaica de la misma potencia. Simplemente, no es posible apreciar la magnitud e importancia de la eficiencia energética de la misma forma.

En segundo lugar, la inversión en eficiencia energética es poco bancable, lo que dificulta su desarrollo, y en particular pone una barrera financiera a las empresas de servicios energéticos (ESCO) que invierten para sus clientes. El fundamento de esta última idea radica en que la inversión en eficiencia energética no es un buen colateral o garantía debido a que, muchas veces, los productos y servicios de dicha inversión no tienen un mercado secundario relevante. A modo de ejemplo, si un proyecto basado en mejoras en procesos, o recambio de tecnología, ya sea motores, luminarias o algún otro tipo de equipamientos, tiene problemas financieros que fuercen al banco a liquidar sus activos, este obtendrá únicamente una fracción de su valor de adquisición. Esto no permite que el valor residual de la inversión en eficiencia sirva como colateral para acceder al sistema bancario.

Finalmente, la eficiencia energética puede ser promovida por grandes empresas o mineras, pero el grueso de su potencial radica en los sectores de pequeña industria, público, residencial y comercial a través de mitigación de barreras y la implementación de programas que apuntan a miles o incluso cientos de miles de usuarios. En este sentido, el avance de la eficiencia energética requiere de la intervención de entidades articuladoras, ya sea empresas de distribución de energía o del propio Estado.

La importancia de la eficiencia energética para la transición es clave, sin embargo, su promoción requiere un entendimiento profundo de sus dinámicas y un Estado muy activo en la mitigación de barreras, en particular las de información y de financiamiento, y la articulación de programas masivos que lleven a la eficiencia energética a los territorios. Sin un gasto público/privado relevante en estos programas, los avances en eficiencia serán limitados.