El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presentó este jueves un informe de su oficina en el que documenta los asesinatos de al menos 441 civiles en Ucrania (341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y ocho niñas) que según él podrían constituir crímenes de guerra por parte del ejército invasor ruso.

«Hay sólidas indicaciones de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe podrían constituir asesinatos deliberados, un crimen de guerra«, subrayó Türk al presentarlo en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Ucrania.

El estudio, que presenta en detalle un centenar de estos asesinatos, se elaboró después de tres visitas sobre el terreno, y se centra especialmente en violaciones cometidas entre el 24 de febrero y el 6 de abril de 2022 en 102 localidades de las regiones de Kiev, Chernikov y Sumi.

«En algunos casos los soldados rusos ejecutaron a civiles en lugares de detención improvisados, mientras que en otras ocasiones lo hicieron en sus casas, en patios, en portales, o en controles de seguridad sobre el terreno», indicó el alto comisionado austriaco.

Las ejecuciones se perpetraron incluso en casos «en los que la víctima mostró claramente que no suponía una amenaza, por ejemplo alzando sus manos», añadió.

Türk también indicó que el hecho de que un 88 por ciento de los asesinados fueran hombres y niños parece indicar que fueron desproporcionadamente escogidos como víctimas en base a su género.

El alto comisionado también denunció en su presentación otras violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas rusas, como ataques de vehículos armados y tanques contra edificios residenciales, que causaron más muertes de civiles.

El informe indicó que el lugar donde la ONU ha documentado más asesinatos de civiles en el periodo estudiado fue la localidad de Bucha, en las afueras de Kiev, donde se han comprobado ejecuciones de 73 personas (54 hombres, 16 mujeres, dos niños y una niña) entre el 4 y el 30 de marzo de este año.

«En un tramo de 150 metros en la calle Yablunska de Bucha 14 civiles (entre ellos una niña) fueron abatidos y sus cadáveres se dejaron allí», destacó Türk.

Además de los más de 400 asesinatos comprobados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ésta investiga mediante entrevistas a testigos y supervivientes las denuncias de otros 198, entre ellos 105 en Bucha, y proseguirá sus investigaciones en las regiones de Járkov y Jersón, subrayó el alto comisionado.

No sólo se investigarán ejecuciones sino también otras violaciones denunciadas que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, maltratos y violencia sexual, agregó.

El informe de la oficina presentado hoy es paralelo al que por su cuenta elabora la misión de investigación de la ONU para Ucrania, formada por tres expertos y que también denunció pruebas de crímenes de guerra rusos en el país vecino cuando presentó en septiembre sus conclusiones preliminares (que se actualizarán en marzo de 2023).

Türk recordó que la invasión rusa de Ucrania ha dejado a 18 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, en necesidad urgente de ayuda humanitaria, mientras que 7,83 millones de ucranianos han huido del país y otros 6,5 millones son desplazados internos.

Diez millones de ucranianos sufren cortes de electricidad mientras Rusia ataca con misiles infraestructuras que incluye centrales energéticas, y más millones no tienen acceso a redes de abastecimiento de agua o de calefacción, recordó.

A esas cifras el alto comisionado sumó los 1,5 millones de niños ucranianos «en riesgo de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras condiciones mentales», tras vivir una guerra «marcada por graves violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos».

Türk expresó el deseo de que las violaciones de derechos humanos denunciadas sean adecuadamente investigadas y que sus perpetradores rindan cuentas bajo un proceso legal justo e independiente.

«Debe impulsarse un sistema judicial que brinde juicios justos y justicia para la población, garantizando que todas las denuncias de violaciones, las recientes pero también las iniciadas en 2014, sean rápidamente investigadas rápidamente y con transparencia», aseguró.

Sin embargo, expresó sus dudas ante esta posibilidad, dado que las autoridades rusas no han investigado todavía ninguno de los abusos denunciados, mientras Ucrania «enfrenta problemas de recursos y de capacidad para hacerlo».

Un organismo regulador de Australia acusó este jueves a grandes compañías tecnológicas, con especial énfasis en Apple y Microsoft, de «no hacer lo suficiente» para combatir la explotación sexual infantil en sus plataformas.

El Comisionado de Seguridad Electrónica, una oficina creada para proteger a los usuarios de internet, indicó en un informe que estas compañías actúan de manera «inadecuada e insistente» para detectar el material que contiene abuso infantil; y que cuando los usuarios denuncian este material sus tiempos de respuesta son «lentos».

El organismo, conocido como eSafety, envió en agosto una serie de solicitudes de información a las gigantes tecnológicas (que incluye además a Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp-, Snap -Snapchat- y Omegle) sobre cómo estaban abordando este problema, en base a nuevas leyes de transparencia aprobadas en 2021.

«Este informe nos muestra que algunas empresas están haciendo un esfuerzo para abordar el problema con el material de explotación sexual infantil en línea, mientras que otras están haciendo muy poco», señala la comisionada de eSafaty, Julie Inman Grant.

En su estudio, el primero de este tipo en todo el mundo, el organismo australiano señala directamente a Apple y Microsoft por «no intentar detectar de manera proactiva el material de abuso infantil almacenado en sus servicios iCloud (Apple) y OneDrive (Microsoft)» a pesar de tener herramientas tecnológicas para ello.

Además, incide que ambas compañías «no usan ninguna tecnología para detectar la transmisión en vivo de abuso sexual infantil» en sus aplicaciones de videochat como FaceTime (Apple) o Skype (Microsoft).

Por otro lado, el informe subraya que Meta admitió que si una cuenta está bloqueada en Facebook, el mismo usuario no siempre está suspendido en Instagram, por ejemplo, y que además no tiene un sistema de prevención contra la reincidencia de los usuarios que proveen material ilegal.

«¿Qué impide que todos esos delincuentes creen nuevas cuentas en Facebook o Instagram y continúen abusando de los niños?», incide la comisionada.

El estudio también resalta la disparidad en la rapidez con que las empresas responden a los informes de los usuarios sobre abuso o explotación infantil en sus servicios, y apunta que en promedio Snap tarda unos cuatro minutos frente a hasta los dos días que suele tardar Microsoft, mientras indica que Apple y Omegle no tienen servicios de denuncia.

«La velocidad no lo es todo, pero cada minuto cuenta cuando un niño está en riesgo», insiste Inman Grant.

eSafety recalca que a pesar de que la actuación de las tecnológicas es «preocupante», este informe puede ayudar a elevar los estándares de seguridad de las compañías y «crear una voluntad colectiva en toda la industria para abordar este problema».

El italiano Francesco Giorgi, novio de la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, confesó su implicación en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo (PE) que salpica a Qatar y Marruecos, y señaló a varios implicados, según informó este jueves el diario belga Le Soir.

Giorgi, de 35 años y padre de una niña de dos años con Kaili, de 44, admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que fue sometido por las autoridades belgas en el escándalo que estalló el viernes pasado.

El asistente parlamentario, a quien el juez decidió este miércoles mantener en prisión preventiva, señaló como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio y quien también imputado y se encuentra en prisión provisional.

La esposa y la hija de Panzieri fueron detenidas en Italia y Bélgica solicitó su entrega.

El joven italiano inculpó, además, a otros dos eurodiputados socialdemócratas: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio ya fue registrado por las autoridades en el marco de la investigación, pero quien se encontraba en libertad; y al italiano Andrea Cozzolino, para quien Giorgi trabajaba como asistente.

Kaili, por su parte, se encuentra en prisión provisional y tiene fijada su vista ante el juez el próximo día 22, tras no haber podido comparecer este miércoles por una huelga de funcionarios.

En los registros, la policía encontró cientos de miles de euros en metálico en el domicilio de Kaili y Giorgi, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

Los agentes también sorprendieron al padre de Kaili saliendo de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero, circunstancia que les permitió actuar pese a la inmunidad parlamentaria de la política griega, al entender que estaba cometiendo un delito flagrante.

Le Soir, diario que junto con Kanack dio la primicia del escándalo, agrega que Giorgi no imputó a la europarlamentaria belga Maria Arena, a quien no ha alcanzado por ahora la operación policial pero quien hizo público que uno de sus asistentes en la Eurocámara está también inculpado en la trama.

Los nuevos datos revelados por ese periódico apuntan cada vez con más fuerza a Marruecos, no sólo a Qatar, como origen de los sobornos. Señala en concreto al embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, y a dos agentes del servicio secreto marroquí a los que no identifica.