Ya está en Contraloría General de la República la polémica que ha remecido al Ministerio de Desarrollo Social. Acompañada de su abogado, la desvinculada seremi de la cartera, Patricia Hidalgo (PPD), llegó este miércoles hasta el ente fiscalizador, ubicado en Teatinos 56, para solicitar que se realice una investigación administrativa por eventuales irregularidades en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.

La exautoridad -a quien la cartera liderada por Giorgio Jackson (RD) responsabilizó de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violación en una residencia dependiente de la cartera- denunció haber recibido presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos, como a favor del Mall Vivo de Ñuñoa, una planta de tratamiento en Quilicura y el segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente.

Añadió que en una ocasión quien le solicitó el voto fue la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez (CS), quien hoy respondió en Cooperativa que «ya están todas las pruebas ahí para mostrar que no ha habido presión». 

A su vez, Jackson afirmó ayer que nunca fue notificado sobre presuntas presiones, versión que desestimó Hidalgo este miércoles: «El ministro miente», acusó.

«Le digo, como se lo dijo ‘El Gurú’: pare de mentir. Se lo dije en la cara al ministro Jackson, frente a él. Le dije ‘ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas, yo nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen. El único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)’. Y el ministro sabe que lo que él hizo fue bajarme la mirada. Soy psicóloga, ministro. Yo sé lo que significa bajarle la mirada y no ser capaz de mirar a los ojos a las personas», aseguró la exseremi.

«El hilo se corta por lo más delgado», agregó.

El abogado de la ex seremi confirmó además que presentará una querella por injurias en contra de Jackson, la que se extenderá a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien respaldó la versión de Desarrollo Social sobre el despido de Hidalgo.

Desde mayo de este año se investigaba a un grupo de personas, extranjeros y chilenos, que se habían tomado un sector de la población Cartavio y que vendían sustancias ilícitas cumpliendo turnos las 24 horas del día. Ocho de ellos quedaron en prisión preventiva. (más…)