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“Es una burla para Chile”: Parlamentarios oficialistas critican libertad condicional otorgada para el exsenador UDI Jaime Orpis

Si bien el primer político en Chile condenado por corrupción debía cumplir su pena hasta 2024, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por su defensa

Como “una burla” calificaron parlamentarios oficialistas la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger un recurso de amparo y otorgarle la libertad condicional al exsenador de la UDI Jaime Orpis, quien es el primer político en Chile en ser condenado a penas de cárcel por corrupción.

Representantes en el Congreso de izquierda consideraron “inentendible” la decisión de la corte que, pese a que Orpis debía cumplir su pena hasta mediados de 2024, recibió el beneficio de la libertad condicional y saldrá este martes de la cárcel.

“Libertad condicional para Jaime Orpis es una burla para Chile. Muy mala señal contra la corrupción. Esto es inentendible. Hace poco la Corte de Apelaciones se la negó por existir ‘riesgo de reincidencia en cohecho’ y su ‘orientación procriminal’”, escribió el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez.

En la misma línea, la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez calificó de “inentendible” la decisión de los tribunales.

“La corrupción es intolerable y merece las máximas penas para erradicarla. La libertad condicional al exsenador de la UDI, condenado por fraude y cohecho, es una burla para las y los chilenos cansados de este tipo de abusos”, opinó la parlamentaria.

Orpis, contaba con el beneficio carcelario de salida dominical desde diciembre de 2022 y debía cumplir pena de cárcel hasta mediados de 2024. Recordemos que fue condenado a cinco años y un día por seis delitos de fraude al fisco, y a 600 días más de cárcel por dos delitos de cohecho.

Pese a que su libertad condicional la había solicitado antes, la Comisión de Libertad Condicional consideró precisamente que, si bien el exsenador reconoce el fraude al fisco, no lo hacía en los casos de los delitos de cohecho, por lo que consideró, en abril pasado, había “riesgo de reincidencia”.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el exsenador simuló la contratación de asesorías parlamentarias por las cuales se entregaban boletas ideológicamente falsas al Senado, para posteriormente reembolsar los montos por actividades sobrevaloradas o derechamente no realizadas.

El tribunal acreditó además que el exparlamentario solicitó y recibió beneficios económicos del entonces gerente General de Corpesca, Francisco Mujica.

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