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Fiscalía descarta por ahora participación de terceros en muerte de pareja de ancianos en Ovalle

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La ratificación llegará cuando se conozca el informe de las respectivas autopsias que realiza el Servicio Médico Legal.

A raíz del fallecimiento de una pareja de ancianos constatado el lunes en la comuna de Ovalle, tras ser encontrados tendidos en la cama en compañía de su hijo adulto que padece Síndrome de Down, según la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, se descartaría por ahora la participación de terceros en su deceso.

Así lo informó el fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, en declaraciones que reproduce diario El Día, donde aclara que luego del hallazgo y de acuerdo a la información existente, “se descartaría la participación de terceros en la muerte».

Eso sí, la confirmación definitiva llegaría una vez que concluya el informe de las autopsiasque debe realizar el Servicio Médico Legal sobre las causas del fallecimiento de ambos ancianos.

En tanto, el persecutor indicó además que encargó a la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle “ver cómo se ha producido el fallecimiento, el contexto y las redes familiares. Por la forma en que ocurre el hallazgo tendríamos que investigar una línea de un eventual abandono”, aclaró Jiménez.

Finalmente, el hijo de la pareja de ancianos que padece Síndrome de Down se mantiene internado en el Hospital de Ovalle, para chequear su salud tras el estado de shock en el que fue encontrado junto a sus progenitores, mientras que sus antecedentes fueron derivados al Tribunal de Familia.

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FNE autoriza la fusión Claro Chile-VTR

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Muchísimo revuelo causó la información que les comentamos varios meses atrás sobre la intención de Claro Chile y VTR de fusionarse, logrando así convertirse en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de nuestro país.

Sin embargo, ese fue solo el primer paso y faltaba el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) quien debía supervisar todo el proceso, poniendo especial énfasis en supuestos riesgos que podría traer esta asociación tanto económicamente como también posibles complicaciones hacia los usuarios.

Ese era el último paso y la FNE descartó cualquier inconveniente tanto en sus servicios móviles, donde Claro aportará la mayor base de clientes y tecnología, así como también en el apartado de servicios fijos, en donde VTR entregará su sólida base de clientes y también la mayor tecnología.

Junto con esto, la nueva compañía resultante de la fusión entre Claro Chile y VTR, resolvió uno de los conflictos visualizados por la entidad pública y que tenía relación con el posible riesgo de acaparamiento de espectro al sumar el otorgado a ambas compañías por separado, llegando a un acuerdo de devolución de 10MHz de la banda 3.5 y otros 10MHz en la banda AWS.

Sobre lo económico, a modo de resumen, la FNE aceptó la fusión tras considerar que será un catalizador para presionar la competitividad entre las compañías existentes contando las más consolidadas como Movistar y Entel, así como también con los nuevos actores, como Mundo, que viene pisando fuerte en el apartado de fibra óptica y desde hace poco entró de lleno al servicio de telefonía móvil.

Con esto, ahora ya podemos comenzar a hablar de una fusión aceptada y seguramente muy pronto conoceremos el nombre que adoptará esta nueva empresa, así como también sus logos y lo más importante, en qué se beneficiarán los clientes de ambas y si esa oferta será atractiva para que más usuarios opten por migrar sus servicios.

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Gobierno dio urgencia a proyecto que repone el voto obligatorio

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La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, anunció este miércoles que el Gobierno pidió al Congreso que discuta con «urgencia» el proyecto de reforma constitucional que repone el voto obligatorio en Chile, eliminado en 2012. 

«Ya ingresamos la urgencia para el proyecto de voto obligatorio. Nos parece que es una realidad y está con el sentido común de las personas el hecho de que la participación ciudadana, en el ámbito cívico de elección de autoridades, es una obligación. Tal como hay derechos ciudadanos, también hay deberes ciudadanos», señaló la secretaria de Estado en un punto de prensa.

Con la orden de «urgencia simple», el Senado tendrá un plazo de 15 días para decidir sobre la norma.

La iniciativa es discutida actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, presidida por Matías Walker (Democracia Cristiana), en su segundo trámite constitucional, luego de haber sido aprobada en general en el hemiciclo.

«Establecimos un plazo hasta el 13 de octubre para colocar indicaciones y eso nos va a permitir que tan pronto se incorporen esas indicaciones, que ya hemos presentado para establecer la obligatoriedad del voto en términos absolutos, sin excepciones, podamos votarlo en particular, con el objeto de despachar a la Cámara en tercer trámite constitucional», explicó Walker.

«Si hay algo que demostró el plebiscito del 4 de septiembre es que con el voto obligatorio tenemos más participación», añadió el senador.

Con la participación de 13 millones de votantes, de un padrón total de 15 millones, el referéndum constitucional de salida se transformó en un hito democrático impulsado por el regreso excepcional del sufragio obligatorio, habilitado únicamente para esa consulta, tras una década de voluntariedad caracterizada por altos niveles de abstención.

La urgencia anunciada por el Gobierno se da en medio, además, de los diálogos de los partidos con representación parlamentaria para continuar con el proceso constituyente, durante los cuales hubo consenso por reponer la obligatoriedad del voto a partir del próximo evento electoral, ya sea plebiscito de entrada o elección de constituyentes.

De hecho, Walker y la también senadora demócrata cristiana Ximena Rincón advirtieron que no estaban dispuestos a avanzar en las negociaciones si no se cumple aquel aspecto.

Ese sector de la falange no había sido el único que había puesto sobre la mesa el amarre de las tratativas a la obligatoriedad del sufragio: «La única definición clara y común que tenemos es el voto obligatorio. Todo lo demás se va a conversar porque claramente no todos compartimos las mismas visiones», declaró hoy la diputada independiente Gloria Naveillan (pro-Partido de la Gente).

«Lo que nosotros estamos proponiendo es que escuchemos, debatamos, conversemos y en algún minuto es muy probable que converjamos», manifestó la parlamentaria.

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Gobierno apoya destitución de parlamentarios que incurran en violencia y discriminación

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Horas después de los dichos transfóbicos del diputado Gonzalo de la Carrera hacia su colega Emilia Schneider (Comunes), la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, confirmó la disposición del Gobierno a ponerle urgencia a un proyecto de reforma constitucional que permite destituir a parlamentarios que agredan a sus pares.

«Nosotros acompañaremos la tramitación de este proyecto. Quisiéramos ponerle urgencia para que sea conocido, y con ello dejar muy en claro que como Gobierno no admitimos la discriminación, la violencia, y en definitiva, el maltrato«, recalcó la ministra.

Uriarte entregó estas declaraciones en compañía de la propia Schneider y después de reunirse con la diputada Danisa Astudillo (PS) para abordar dicha iniciativa.

«Creemos que esto no puede quedar solo en una multa o un mero llamado de atención o un punto de prensa, debe haber sanciones más graves, como la destitución del cargo», anticipó la socialista.

Por otra parte, la Comisión de Ética -que ya ha sancionado a De la Carrera en dos ocasiones por agresiones físicas contra sus colegas- se propone analizar de oficio esta situación, sin necesidad de un requerimiento de otro diputado.

Previamente, la afectada reflexionó que «las sanciones en la Comisión de Ética no están alcanzando para ponerle una raya a esos sectores de ultraderecha que lo que hacen es desquiciar el debate, ofender, insultar e incitar a la violencia».

Schneider llamó, por tal motivo, a generar una nueva Ley Antidiscriminación.

Después de que el ex republicano propinara un puñetazo al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, se presentó un proyecto de reforma constitucional con el mismo fin que el que hoy respalda el Ejecutivo.

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