La Comisión Bicameral de senadores y diputados aprobó en general la propuesta de reglamento para el nuevo proceso constituyente, en lo que fue su primera sesión este viernes.

El organismo tiene como objetivo revisar el reglamento propuesto por las secretarías de ambas corporaciones, el que va a regular el funcionamiento de los órganos del nuevo proceso.

En este escrito se indicó que habrá cuatro comisiones repartidas tanto en el Consejo como en la Comisión Experta: la Comisión del Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos; y la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

El procedimiento establecido implica que la tramitación de la iniciativa debe hacerse primero en estas comisiones y luego pasan al Pleno. Las que no logran aprobarse volverían a la comisión.

También en este documento se regulan materias que pueden tener alguna indicación de los participantes, entre ellas que los consejeros deberían organizarse en bancada de siete integrantes, la abstención no existiría al votar y los mecanismos de participación ciudadana.

Pese a esto, el senador Matías Walker (Demócratas) destacó la importancia de tener el reglamento listo antes de que se inicie el nuevo proceso: «Cuando sean elegidos, los consejeros constitucionales no van a partir de cero en esta discusión. Uno de los graves problemas que tuvo el fallido proceso anterior es que los constituyentes estuvieron meses discutiendo el reglamento que los iba a regir», advirtió el parlamentario.

«Ahora, cuando se elijan los consejeros constitucionales el 7 de mayo y después asuman, las normas reglamentarias van a estar plenamente determinadas«, profundizó.

Aunque se aprobó en general la propuesta y por unanimidad, hay plazo hasta el domingo al mediodía para ingresar indicaciones.

La Comisión vuelve a sesionar el lunes desde las 15:00 horas en Valparaíso hasta el despacho para que la Cámara vote la propuesta de reglamento el martes y el Senado el miércoles.

El nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, Ricardo Díaz, realzó el trabajo que han hecho en los 18 meses desde la creación del cargo y aseguró que, contra el centralismo, han ido «cambiando las reglas del juego».

Desde el 14 de julio del 2021 los gobernadores, que por primera vez fueron electos democráticamente, ejecen como el órgano Ejecutivo de cada región del país. Desde entonces, conviven con los delegados presidenciales regionales, sucesores de los exintedentes y representantes directos del Gobierno Central de La Moneda, encargados de velar por el orden público y la seguridad, entre otras atribuciones.

Este año y medio de los gobernadores «ha significado un cambio en las reglas del juego«, relevó Díaz, autoridad regional de Antofagasta, en Lo Que Queda del Día.

«Teníamos la visión de todo se decidía desde Santiago, que incluso se tenían que ejecutar los proyectos que definían en la capital y si no se hacían los fondos regionales debían pasar al nivel central. Hemos ido sistemáticamente cambiando las reglas del juego, ya no se devuelven los fondos al nivel central, tenemos un presupuesto distinto a la de la Nación, que nos permite tomar nuestras decisiones sobre inversión, que benefician al territorio», expuso.

Criticó, en ese marco, la figura del representante del Gobierno Central: «Hay una cultura centralista que desconfía de que en las regiones se puedan tomar buenas decisiones, que podamos decidir en qué queremos invertir. Siempre existía esta figura del delegado, y algunos pretendían pasar a llevar a los que somos electos».

Destacó, ante ello, que La Moneda se ha comprometido para, «en mayo de este año, enviar un proyecto de ley para terminar con la figura de los delegados presenciales; y para el primer cuatrimestre, una ley de rentas regionales que permita distribuir mejor los recursos».

También llamó a que se les den mayores facultades a los gobernadores para trabajar en torno a la seguridad ciudadana.

«Ya hemos estado generando un trabajo en temas de prevención del delito, financiamos cámaras de seguridad, recuperación de equipos tanto para carabineros y la PDI, construcciones de retenes y comisarías. Debe existir un reconocimiento constitucional de que los gobiernos regionales también podemos tener esta labor preventiva. Permítannos que estos aportes se ejecuten de una manera mucho más rápida, y no tengamos que estar pidiendo tantos permisos (…) El Presidente tiene un discurso que habla de descentralización, pero los mandos medios ponen trabas», sostuvo.

CRIMEN ORGANIZADO Y DESCONTROL FRONTERIZO

El próximo lunes se desarrollará una sesión secreta en la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras la solicitud de la Polcía de Investigaciones, para abordar el presunto ingreso a Chile de los «maras», grupos criminales procedentes de El Salvador.

«No tenemos evidencia de que los ‘maras’ estén con presencia en la región«, puntualizó Díaz, pero -comentó- «sí hemos visto presencia de crimen organizado, bandas con alto nivel de ejecución y articulación que son capaces de generar acciones que dañan la confianza y la convivencia dentro de la región».

«Es un problema multicausal y faltan muchas más atribuciones, por ejemplo, en nuestras Fiscalías; más recursos para las policías. Uno no ve una articulación del Estado en general, uno ve más bien una intención desde el punto político más que de responder a la ciudadanía», reprochó.

Planteó, en ese sentido, que «hace falta una mirada distinta hacia la delincuencia, estamos entrando a un nivel distinto de acción para el que no estábamos preparados. Chile no estaba preparado (…) para lo que significó esta anomía en su momento en que no hubo control e ingresó quien quiso: tenemos que reconocer que el descontrol en las fronteras hizo que ingresaran muchos migrantes, pero también algunas bandas«.