Los equipos de salud -en todos los niveles- llevan varios años trabajando a máxima capacidad luchando contra la pandemia, siendo muy efectivos al priorizar y focalizar sus esfuerzos en la lucha contra el virus. Sin embargo, hoy vemos la contracara de esa batalla en otras patologías que fueron postergadas. Retrasos en atenciones primarias, disminución de diagnósticos, seguimiento y listas de espera para cirugías tensionan hoy un sistema de salud que no resiste más presión.

Hoy tenemos estadísticas tremendamente preocupantes. De acuerdo con el Ministerio de Salud, sólo las garantías GES postergadas alcanzaron un incremento de 691% en dos años. En 2021 el diagnóstico de cáncer se redujo en un 14%, proyectando sobre las siete mil muertes más entre 2022 y 2023 por este retardo, según la Fundación Chile sin Cáncer. Por último, un estudio sobre envejecimiento, enfermedades crónicas y factores de riesgo -del Observatorio del Envejecimiento-, mostró que la mortalidad causada por estas patologías había aumentado del 73% al 86% en los últimos 20 años.

Las autoridades han anunciado una serie de medidas para enfrentar esta nueva crisis; no obstante, ninguna de ellas será suficiente si no existe un cambio en el paradigma de cómo buscamos el bienestar de las personas. La prevención, y todas las medidas necesarias para evitar el desarrollo y el progreso de las enfermedades, debe prevalecer por sobre la asistencialidad en que hoy se concibe nuestro sistema.

Y aquí donde es clave aprovechar las capacidades no sólo del sector público sino también del privado. Hoy vemos operativos realizados por estos últimos, pero pocos han pensado en la utilidad que pueden representar, por ejemplo, las farmacias como centro de salud de primer contacto y al alcance de cualquier persona. Se estima que en Chile existen más de cinco mil de estos establecimientos y que el 43% de la población acude primero a una de éstas al presentar síntomas o molestias leves para conseguir la orientación de un químico farmacéutico o ayuda farmacológica.

Hoy necesitamos de un ecosistema de salud al servicio de los pacientes, en donde todos los actores participemos en beneficio de la prevención, enfocándonos en la educación -sobre hábitos más saludables- el acompañamiento de personas con factores de riesgo, y también en el uso de todas las capacidades de infraestructura y herramientas médico-farmacológicas para el tratamiento y seguimiento de éstos.

No olvidemos que las enfermedades, especialmente aquellas de curso crónico, generan un deterioro funcional de los pacientes y una carga emocional para los mismos, sus cuidadores y su entorno, asociado al costo económico elevadísimo para el presupuesto familiar y el sistema sanitario. En este escenario, evitar la muerte no puede ser el único objetivo de la prevención.

A semanas de la Navidad, muchos comercios se preparan para recibir una alta demanda de público presencial luego de los cambios en las medidas sanitarias post pandemia. Esta fecha es una de las más importantes para el comercio minorista, donde históricamente se  acumula el 13% de sus ventas anuales y supera en un 40% aproximado las ventas de un mes normal, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC). 

En ese contexto, la mayor preocupación de la CNC es la delincuencia, donde robos y hurtos han copado la agenda con una victimización de alrededor de un 60%. Es por esto que garantizar la seguridad en todo sentido es fundamental para comercios y consumidores en vías de construir una cultura de comunidades seguras.

Las empresas suelen contratar diferentes productos o servicios como guardias, sistemas de intrusión, control de accesos y GPS, entre otros, que generan una sensación de seguridad en la organización y en las personas. Pero la realidad de los hechos demuestra que la sumatoria de medidas de seguridad física no siempre da como resultado un efectivo sistema de protección, ya sea por sus vulnerabilidades o por sobredimensionar los riesgos existentes. En ese sentido, también es importante involucrar a los empleados en cuanto a la protección de los activos de la empresa.

Dentro de una compañía puede haber actividades y procesos puntuales que potencian las pérdidas patrimoniales. Por ejemplo, en bodegas o en el trayecto de los proveedores, que se pueden determinar a través de un análisis, por lo que estos antecedentes son fundamentales para tener una mirada aún más amplia orientada a la detección de la causa raíz de las problemáticas. Es importante evaluar todo el proceso, incluso aspectos del clima laboral entre los trabajadores.

La consultoría de ALTO Alliance se enfoca en el control de pérdidas patrimoniales, a través de estudios de procesos y evaluación de medidas de seguridad física y tecnológica. Con ello se logra obtener una visión integral de la problemática, lo que permite identificar riesgos internos y con eso adelantarse a eventos que podrían ocurrir en las instalaciones a raíz de ciertas vulnerabilidades existentes. Tras el estudio de consultoría de ALTO Alliance, se entregan recomendaciones de acciones concretas para  incrementar el nivel de control en los procesos y mejorar la seguridad.

Según la RAE, la anomalía es un cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible. En 2019, Chile estalló socialmente provocando una fractura política que tuvo como epílogo el plebiscito de salida del 4S-22, y para analizar sus resultados y consecuencias es necesario hacer un recuerdo de los hechos, acá me referiré a los de carácter jurídico que posibilitaron la salida institucional a la crisis y que configuran una anomalía institucional; la cual, vista en perspectiva, tal vez sea algo único e irrepetible en la historia de Chile.

Lo normal es que en los períodos ‘democráticos’ el sistema de partidos sea el que establece los acuerdos y salidas ante crisis. De hecho, este sistema, se autoconvoca en el parlamento para suscribir el 15-11-2019 el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

Es así como se promulga la Ley 21.200 que fijó un proceso constitucional con plebiscito de entrada, convención elegida en un 100%, aprobación de normas en quórum de dos tercios, y plebiscito de salida, cuyo resultado arrojó para la opción rechazo casi el 62% de los votos. Según el Art 142 de la CPR debería quedar vigente la actual constitución. Sin embargo, existió un compromiso, de la mayoría de los partidos, en encarar uno nuevo que permita, ahora sí, tener una nueva constitución. Ese hecho ocurrió el 12.12.2022 y se llama “Acuerdo por Chile”

Adicionalmente, la Ley 21.216 permitió hacer pactos electorales de independientes y garantizar igualdad de género. Al dejar que independientes pactaran en las mismas condiciones que los partidos, el resultado para estos últimos fue preocupante, no solo porque permitió la aparición de la lista del pueblo, independientes no neutrales y pueblo constituyente, por nombrar algunos grupos. Además, otra norma, la Ley 21.298, reservó escaños a representantes de los pueblos indígenas. Resultado final: ningún partido o alianza de ellos tuvo poder de veto de más de un tercio de los convencionales, inclinándose visiblemente a posiciones de nichos, las cuales no tenían cabida en el sistema de partidos. Por último, hay que indicar que la paridad permitió una composición de 78 hombres y 77 mujeres, única en el mundo.

El Acuerdo por Chile indica que los independientes no gozarán de igualdad ante los partidos, en consecuencia, deberán ir bajo ellos, la representación indígena, será atomizada y el carácter paritario es lo único que quedó como avance civilizatorio, todo ello bajo la premisa que sea de composición mixta, apelando a que sea integrada por una comisión experta de 24 personas elegidas por el legislativo y otro grupo de 50 personas elegidas de acuerdo con las circunscripciones senatoriales. Estas y otras partes del acuerdo producirán nuevas leyes para regular un nuevo proceso constitucional que debiese terminar en noviembre de 2023. Mientras tanto Chile sigue enganchado en el largo año de 2019.