Gobierno de Maduro advierte con expropiaciones para ganar «guerra del pan»
El gobierno venezolano amenazó este domingo con expropiaciones para ganar “la guerra del pan”, un complot que atribuye a los productores para inducir la escasez del producto y generar malestar hacia el presidente Nicolás Maduro.
“La van a pagar, yo se los juro. Los responsables de la guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política”, advirtió Maduro en su programa de televisión semanal.
El gobernante socialista y su vicepresidente, Tareck El Aissami, anunciaron que habrá detenciones y que las panaderías que incurran en ilícitos serán expropiadas y cedidas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen alimentos a precios subsidiados en zonas populares.
“Panadería que incumpla, será ocupada por el gobierno y la vamos a entregar a los CLAP para que la ponga a producir”, afirmó el vicepresidente.
Maduro enfatizó que, “a los especuladores que le esconden el pan al pueblo“, les debe caer “todo el peso de la ley”.
El gremio de panaderos asegura que la falta de harina de trigo impide cubrir la demanda, por lo que largas filas se ven a las puertas de las panaderías en las principales ciudades del país.
Es un síntoma de la escasez de alimentos y medicinas que azota a los venezolanos, combinada con una inflación que el FMI proyecta en 1.660% este año.
“Cuando hay harina, vendemos pan, pero despachan cada 15 o 20 días. Nos dan 20 sacos (de 50 kilos) y, en condiciones normales, usaríamos ocho diariamente”, declaró a Agence France-Presse Fran Suero, de 41 años, trabajador de una panadería del este de Caracas.
El pasado miércoles, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) alertó que la industria agroalimentaria venezolana opera a un tercio de su capacidad por falta de materia prima.
“Nuestra capacidad productiva cubrirá 33% de la demanda del país, apenas cuatro meses de consumo”, advirtió su presidente, Antonio Pestana.
El gobierno anunció, además de las fiscalizaciones, que abrió un centenar de establecimientos para vender pan en Caracas en el arranque de un programa que extenderá a otras ciudades.
La crisis económica de Venezuela se agravó en 2014 con la caída de los precios del petróleo, fuente de 96% de las divisas en este país dependiente de las importaciones.
AFP

PAÍS
Minsal anunció el fin de la homologación de vacunas para ingresar al país

El Ministerio de Salud anunció esta jornada que terminará con la homologación de vacunas contra el Covid-19 para los turistas que quieran ingresar al país.
La simplificación para el ingreso a Chile regirá desde el próximo 1 de septiembre, pudiendo llegar al territorio chileno con un certificado de vacunación entregado por el país donde se otorgó la dosis contra el coronavirus, además del respectivo documento de identidad.
Dicho certificado funcionará también como pase de movilidad, permitiendo el ingreso a hoteles, restaurantes, cines, etc.
La ministra Begoña Yarza explicó que, para entrar a Chile, «este certificado de vacunación es el que se va a presentar en la línea aérea para hacer todo el trámite del ingreso».
En tanto, las personas no vacunadas deberán presentar un PCR con resultado negativo, realizado en el lugar de origen 48 horas antes de llegar al país.
PAÍS
Contraloría: Ministro Jackson «no se ajustó a la necesaria prescindencia»

La Contraloría General de la República (CGR) estableció este viernes que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, «no se ajustó a la necesaria prescindencia» de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.
La resolución responde a un oficio ingresado la semana pasada por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Joanna Pérez y Eric Aedo, que reclamaron una presunta «vulneración a los principios de juridicidad y probidad» respecto a la responsabilidad que desplegaría el secretario de Estado al recibir las propuestas para modificar la nueva Carta Fundamental en caso de aprobarse en el referéndum.
En un informe de cuatro páginas firmado por el contralor, Jorge Bermúdez, el ente fiscalizador señaló que, «como puede advertirse, el legislador le entregó al Ministerio Segpres, entre otras, la función de asesorar en temas de relevancia política al presidente de la República y a sus ministros, y le asignó el rol de coordinador del gobierno con el Congreso Nacional y los partidos políticos, en temas legislativos y normativos. Por ello, se ajusta a las funciones propias de esa Cartera de Estado el que su ministro se reúna con los partidos y líderes políticos con el fin de analizar temas de relevancia nacional, y legislativos y normativos».
«En el caso en estudio, se tuvieron a la vista antecedentes consistentes en declaraciones a noticiarios y notas de prensa que hicieron de público conocimiento las expresiones vertidas el 2 de agosto de 2022 por el ministro Secretario General de la Presidencia. En ellas se aprecia que el Ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción Apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes, y que el objetivo es tener claridad de los elementos y los escenarios que enfrentará el Gobierno en conjunto con el Congreso a partir del 5 de septiembre«, indicó la CGR.
Sin embargo, el organismo «advierte que en forma previa a la realización del plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa Cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción Rechazo».
«De este modo, la manera y la oportunidad en que el ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo«, concluyó.
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