Gobierno descartó implementar un campamento en Arica y reforzará control policial y militar en la frontera
Se acordó también implementar un sistema biométrico de enrolamiento, que el Ejecutivo entregue ayuda humanitaria y que no se realice un campamento en sector.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), confirmó este sábado que el Gobierno decidió ampliar los puntos de control policial y militar en la frontera chilena con Perú, esto en el marco de las crisis migratoria que afecta a varios extranjeros que se ven imposibilitados de dejar el país.
Según informó el parlamentario, tras una reunión con diversas autoridades se acordó, además del refuerzo en la frontera, la implementación de un sistema biométrico de enrolamiento que permita registrar a las personas que entran y salen del territorio.
Se descartó también la implementación de un campamento en la zona, aunque el Ejecutivo sí se comprometió a brindar asistencia humanitaria a los afectados.
«Va a existir una ampliación de los puntos de control policial y militar en la frontera chilena, en la parte chilena. Es decir, se refuerza la ya aprobada y por la que luchamos tanto Ley de Infraestructura Crítica, que permitió darle más facultades a las Fuerzas Armadas para estar en la frontera», destacó Mirosevic, quien aseguró que se trata de una medida que «redobla» estos puntos de control.
LABOR DEL REGISTRO CIVIL
En cuanto al enrolamiento a través de los sistemas biométricos, el líder de la Cámara Baja explicó que será el Registro Civil el que «va a tener que sacar fotografías y huellas dactilares a las personas que se encuentran aquí (en la frontera), porque de esa manera el Estado chileno sabrá quiénes son los que están entrando o en este caso saliendo del territorio nacional».
«Esta información luego es utilizada, por ejemplo, en los casos que hemos visto de inseguridad, porque se tiene certeza para perseguir penalmente y se sabe quién es la persona (que puede estar involucrada en algún delito)«, profundizó.
ASISTENCIA HUMANITARIA Y OPCIÓN DE UN CAMPAMENTO
El diputado señaló también que la asistencia humanitaria que requieren los migrantes, sobre todo para la gran cantidad de niños que hay entre los afectados, estará a cargo del Gobierno central y no dependerá de los recursos de Arica.
«Sabemos que (en Arica) son recursos escasos y esta tiene que ser una responsabilidad humanitaria nacional, por lo tanto el Gobierno se comprometió a enviar los recursos para poder ayudar, sobre todo a los menores que hoy lo necesitan«, destacó Mirosevic, que detalló que los cargos serán a la «Hacienda Nacional y no a los fondos regionales o municipales».
Finalmente, informó que tras la reunión con los representantes de Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, se acordó que «no es una buena idea la implementación de un campamento«, dado que -aseguró- las personas en la frontera «quiere volver a su país de origen».
DIPUTADOS RN PIDEN QUE FFAA PUEDAN REALIZAR EXPULSIONES
Por otra parte, diputados de Renovación Nacional (RN) oficiaron al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones para que se informe respecto de los contratos efectuados con aerolíneas para el traslado de ciudadanos venezolanos -con órdenes de expulsión- a su país de origen.
En la actualidad, estas expulsiones se pueden materializar a través de vuelos comerciales, con un máximo de dos personas por viajes acompañadas por funcionarios de la PDI. El último vuelo tuvo un costo cercano a los 190 millones de pesos.
En total son 60 explosiones que deben concretarse, por lo que los diputados RN piden información respecto a otros contratos y posibles conversaciones entre el Estado de Chile y el gobierno de Venezuela para usar aviones de las Fuerzas Armadas y así realizar estas expulsiones a un menor costo.
Desde este mismo partido, en tanto, la diputada Catalina del Real cuestionó la poca participación de Venezuela frente a esta crisis humanitaria y el «actuar negligente» del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
«El presidente Maduro no solo está violando los derechos humanos de su país, sino también -con esta actuación negligente- está violando los derechos humanos de sus compatriotas en el exterior«, puntualizó la parlamentaria, quien solicitó demandar al mandatario venezolano «ante la Corte Interamericana de DD.HH.».
