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Gobierno: Querella contra Llaitul permite investigarlo por declaraciones pasadas, presentes y futuras

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El Ministerio del Interior respondió este miércoles a los cuestionamientos de parlamentarios y afirmó que la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que presentó el pasado 28 de julio contra el cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sí permite perseguirlo por sus dichos donde reconoció el robo de madera como medio para poder obtener recursos.

«La querella ya presentada por el Ministerio del Interior, habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE al señor Llaitull, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras», dijo la División Jurídica de la cartera liderada por la ministra Izkia Siches en un comunicado.

Específicamente, la oficina gubernamental sostuvo que «la página 4 del escrito presentado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública apuntó la acción señalando que: «…al deducir este Ministerio del Interior la facultad del artículo 26 de la LSE, entiende que al dirigirla ‘en contra de quienes resulten responsables’ y respecto de «todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público», el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación».

Así, la División Jurídica de Interior indicó que «resulta indudable que las declaraciones vertidas -que ahora se difunden- están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito».

«Pero, además, estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte», agregó.

«Sin perjuicio de lo anterior, la indagación de actos asociados a delitos comunes, sí fue contemplada de manera expresa en la querella, al indicarse, en su página 2 de manera expresa que «…durante el transcurso del periodo que media entre el 11 de marzo de 2022 a la fecha, el señor Llaitul ha realizado, a lo menos, tres declaraciones públicas (…) que podrían configurar delitos contemplados en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado («LSE»), así como participación en diversos delitos comunes, a modo de autoría en los términos del art. 15 numerales 1) o 2) del Código Penal, lo cual deberá determinarse en el curso de la presente investigación», concluyó la declaración.

Las declaraciones de Llaitul, que se viralizaron durante los últimos días, corresponden a una actividad realizada a comienzos de junio en la comuna de Peñalolén, antes de que el Ejecutivo decidiera perseverar en querellas contra el líder de la CAM.

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Aprobación del Presidente Boric cayó hasta un 35%, según Cadem

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La nueva edición de la Encuesta Plaza Pública-Cadem evidenció que la aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó a 35 por ciento, cuatro puntos menos desde la última medición cuando logró un 39 por ciento de respaldo. 

Según Cadem, un 59 por ciento desaprobó «la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno», independiente de la posición política de la persona encuestada, publicó La Tercera.

Durante septiembre, el promedio de aprobación al Mandatario acumuló un 37 por ciento, mismo mes en que alcanzó su abrobación más baja (33 por ciento), inmediatamente posterior al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Durante el noveno mes la desaprobación a Boric registró un premedio de 57 por ciento, una variación de un punto respecto a agosto, resultando su desempeño más bajo desde que asumió el 11 de marzo.

NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE ES RESPALDADO POR UN 71%

Un 71 por ciento de los encuestados está de acuerdo «con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva Constitución» y un 27 por ciento está en desacuerdo. 

Respecto a la forma en que se debiese definir dicho proceso, al 30 de septiembre un 51 por ciento está de acuerdo con «un plebiscito de entrada que defina si hay que reformar la constitución o hacer una nueva», un punto más que el anotado al día 23 del miismo mes.

En tanto, un 41 por ciento considera que se requiere «un gran acuerdo político para tener una nueva Convención Constituyente respetando el 80 por ciento del plebiscito de entrada original», dos puntos menos (43) que la cifra registrada el 23.

Respecto a si reformar la actual Constitución o que se construya una nueva propuesta, un 49 por ciento (+1 punto) piensa que «hay que reformar la actual Constitución en lo que sea necesario» y un 49 por ciento (-1 punto) cree que «hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva Constitución».

Finalmente, un 34 por ciento (-2 pts.) prefiere una Convención Constituyente como el mecanismo encargado de entregar una nueva Carta Magna al país y un 61 por ciento está de acuerdo con que sea «una Convención Constituyente mixta, 50 por ciento electa y 50 por ciento un comité de expertos nombrado por el Congreso».

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